Así queda el IRPF por comunidades

La rebaja adicional del IRPF que aprobó el Gobierno de Mariano Rajoy el pasado viernes afecta exclusivamente a la parte estatal del impuesto, que está cedido en un 50% a las autonomías. Las comunidades tienen competencia para modificar los tramos y tipos impositivos. En los últimos años, todas las comunidades han hecho uso de su capacidad normativa hasta el punto de que, hoy, la estructura del IRPF es distinta en cada territorio. Si bien la rebaja del IRPF beneficia a todos los contribuyentes, las diferencias territoriales en el tributo más importante por recaudación persisten.

Así, con idéntico sueldo bruto, un trabajador pagará más o menos por IRPF en función de la comunidad en la que resida. Los tipos impositivos que asume un contribuyente es el resultado de sumar el tipo estatal y del autonómico. En el último Consejo de Ministros se aprobó una reducción de entre medio y un punto en los gravámenes estatales del IRPF de 2015. Así, el tipo mínimo pasó del 10% al 9,5%. A esta cifra, debe sumarse el gravamen autonómico. Por ejemplo, Asturias, Murcia, Castilla y León y Aragón tiene un tipo mínimo del 10% y, por lo tanto, el gravamen que se aplica en el primer tramo es del 19,5%. El tipo mínimo más elevado se encuentra en Andalucía y Cataluña, donde alcanza el 21,5% (9,5 estatal y 12% autonómico). De hecho, ambas comunidades –junto a Galicia– son las únicas que no reformaron el IRPF después de que el Gobierno aprobara una rebaja del impuesto en la reforma fiscal que entró en vigor en enero.

Este simulador refleja cuánto pagará por IRPF en función de la comunidad de residencia:

Hace cinco años, las diferencias autonómicas en el IRPF se concentraban en los tramos más elevados del impuesto, donde las comunidades realizaron un uso más intensivo de su capacidad normativa. Actualmente, ello ya no es así y la asimetría se registra también para los sueldos bajos. Por ejemplo, un trabajador que gana el salario medio –22.698 euros según el INE– pagará en Andalucía, Madrid y Galicia 3.148,1 euros por el IRPF de 2015. En Madrid, en cambio, la cuota a pagar es 225 euros inferior y se sitúa en 2.922,7 euros. Es decir, un trabajador medio tributa un 7,7% más en Cataluña que en Madrid. Para un salario de 15.500 euros –el más habitual según el INE–, la diferencia entre abonar el impuesto en Madrid o en Cataluña alcanza el 13,2% y asciende a 173 euros.

Las diferencias se producen en todos los niveles salariales. Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia y Extremadura son las comunidades que mantienen una estructura del IRPF más elevada. Andalucía y Cataluña, además de no reformar el tributo en el marco de la reforma fiscal, mantienen también los tipos más elevados para las rentas altas. El Gobierno de Susana Díaz ya ha anunciado que pretender rebajar el impuesto sobre la renta.

Extremadura, por su parte, es un caso particular y tiene, con diferencia, el IRPF más complejo. El tramo autonómico cuenta con nueve escalones, cuando la mayoría de comunidades mantiene, como el Estado, cinco. El Gobierno extremeño aseguró que el impuesto ganaba en progresividad. En cualquier caso, para ciertos niveles salariales, Extremadura es la región con un IRPF más alto. Un contribuyente sin hijos con un sueldo de 40.000 euros abonará a Hacienda 8.107 euros en Extremadura frente a los 7.980 euros en Andalucía o los 7.807 euros en Canarias.

¿Y dónde se paga menos por IRPF? Madrid es la comunidad que tiene el impuesto más bajo. Con la rebaja adoptada por el Gobierno, su tipo mínimo se encuentra en el 19%, el mismo nivel que Baleares, Cantabria, Canarias o Castilla-La Mancha. Sin embargo, el anterior Ejecutivo de Ignacio González aprobó reducciones adicionales en el resto de tramos, lo que permite que la comunidad sea, para todos los niveles salariales, donde se pagan menos impuestos.

La presidenta actual, Cristina Cifuentes, ha asegurado que tiene intención de rebajar todavía más el IRPF. Castilla-La Mancha, Cantabria y Castilla y León son las otras comunidades donde la cuota a pagar se encuentra por debajo de la media, con independencia del sueldo bruto. Prácticamente todas las comunidades aprobaron, en mayor o menor medida, rebajas fiscales en el IRPF el año anterior que han entrado en vigor este ejercicio. Y ello se produjo en un contexto de incumplimiento generalizado del objetivo de déficit autonómico. Solo cuatro comunidades no rebasaron el objetivo de estabilidad del 1%.

En cualquier caso, las modificaciones tributarias en el IRPF de 2015 todavía no se han reflejado en el bolsillo de los contribuyentes. Para evitar complejidades, la normativa autonómica no tiene efectos sobre las retenciones y se aplica cuando se presenta la declaración de la renta, algo que para el ejercicio en curso sucederá en junio del próximo año.

Así, las empresas calculan el tipo de retención que aparece en la nómina de sus empleados como si las comunidades no hubieran legislado. Por ello, dos trabajadores con una situación familiar igual y con idéntico salario bruto ganarán lo mismo cada mes con independencia de su comunidad de residencia.

Será en junio del próximo año, cuando aparecerán las diferencias derivadas de los distintos tipos autonómicos. En comunidades autónomas como Madrid, cuyos tipos impositivos se sitúan por debajo de la tarifa que se utiliza para calcular la retención, las posibilidades de que la declaración salga a devolver es mayor. En cambio, en Cataluña, es más probable que el resultado sea a pagar. Por ejemplo, teniendo en cuenta la rebaja aprobada el viernes, un contribuyente que gana 30.000 euros brutos aplica un tipo de retención del 16,81% y, al cabo del año, adelantará por IRPF a través de su nómina 5.043 euros con independencia del lugar de residencia. En la declaración anual, sin embargo, la cuota a pagar con los tipos impositivos vigentes en Madrid ascenderá a 4.829 euros y, por lo tanto, este contribuyente tendrá derecho a una devolución de 214 euros. En cambio, el resultado en Cataluña o Andalucía alcanzará los 5.102,9 euros, una cifra superior a la retención abonada a lo largo del ejercicio. En este caso, el contribuyente deberá pagar unos 60 euros. En la realidad, habrá más resultados a devolver en la medida en que muchos contribuyentes se aplican beneficios fiscales que reducen la factura tributaria como la deducción por vivienda o la reducción por aportaciones a planes de pensiones.