El autoconsumo eléctrico para el usuario

De acuerdo con Eurostat, el coste de la electricidad para las familias españolas se ha incrementado en un 70% desde 2007. Esta subida en las facturas eléctricas ha hecho que crezca el interés por el autoconsumo, principalmente mediante la instalación de paneles fotovoltaicos en los tejados. Los consumidores lo ven como una forma de protegerse ante futuros incrementos en el precio de la electricidad, al tiempo que ponen su granito de arena para el desarrollo de las energías renovables. Desde esta perspectiva, parece incomprensible que el Gobierno haya elaborado un proyecto de Real Decreto que, lejos de favorecer el desarrollo del autoconsumo, le pone obstáculos.

Para entender el impacto del autoconsumo es útil recordar cómo hemos llegado a tener las cuartas tarifas más altas de toda Europa cuando en 2007 eran inferiores a la media europea.

La respuesta no se encuentra en el coste de generación ni en el de las redes (que apenas han variado o se han reducido), sino en las subvenciones a las energías renovables a partir del año 2008, principalmente a los generadores fotovoltaicos y termosolares, a quienes se llegó a pagar hasta 10 veces el precio del mercado eléctrico mayorista.

El Gobierno podría haber optado por financiar estas subvenciones a través de los Presupuestos Generales del Estado; sin embargo, decidió cargar su coste en la tarifa eléctrica. A medida que fueron entrando generadores renovables, las tarifas se tuvieron que incrementar y el resultado fue el conocido incremento del 70% en las facturas de los consumidores domésticos.

Con independencia de los motivos del Gobierno para dar subvenciones tan elevadas a las energías renovables en ese momento, no se puede ignorar que esa decisión ha tenido consecuencias negativas para los consumidores, quienes tendrán que seguir pagando esas subvenciones en sus facturas durante muchos años, posiblemente décadas. Y si el Gobierno permite un desarrollo ineficiente del autoconsumo, el resultado será el mismo.

Resulta improbable que los consumidores que opten por el autoconsumo reduzcan su potencia contratada, ya que necesitan seguir conectados a la red eléctrica para asegurar la continuidad de su suministro. Sin embargo, sí que reducirán su consumo de electricidad y con ello, se beneficiarán de reducciones en sus facturas.

En la actualidad, el cargo por energía en las facturas de los consumidores domésticos se encuentra en el entorno de 13 céntimos de euro por kWh. Sin embargo, el precio de la electricidad en el mercado mayorista es de solamente seis céntimos. ¿Qué ocurre con los siete céntimos de diferencia?

Esa diferencia de siete céntimos no se corresponde con un coste de suministro, sino que se trata de una especie de impuesto que recauda la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia. La recaudación se destina a financiar costes ajenos al suministro (subvenciones a energías renovables y otras políticas industriales) que suponen más de 10.000 millones de euros al año, equivalentes a 40 euros en cada factura, todos los meses.

Así, cuando un consumidor decide autoconsumir, lo que hace es dejar de contribuir a la financiación de esos costes. Y lo que ese consumidor deja de pagar debe repercutirse en el resto de consumidores. Es por ello que el desarrollo del autoconsumo conlleva un incremento en el precio de la electricidad.

Se crea así un círculo vicioso insostenible: cuantos más consumidores opten por el autoconsumo, más se tendrá que incrementar la tarifa eléctrica, incentivando con ello a más consumidores a optar por el autoconsumo, etcétera. Tras la burbuja inmobiliaria y la de las energías renovables corremos el riesgo de fomentar la burbuja del autoconsumo.

El proyecto de Real Decreto plantea que autoconsumidores paguen unos cargos tales que sigan contribuyendo en igual medida a la financiación de los mencionados costes ajenos al suministro eléctrico. Si entonces, en igualdad de condiciones, no se desarrolla el autoconsumo, eso simplemente significará que el autoconsumo no es competitivo y conlleva un sobrecoste para el conjunto de consumidores.

El autoconsumo permite desarrollar las energías renovables. Pero la instalación de pequeños paneles fotovoltaicos en los tejados no es la forma más eficiente de apoyar estas energías.

Por ello, mientras las tarifas eléctricas incluyan costes ajenos al suministro, no se puede defender el autoconsumo y, al mismo tiempo, expresar indignación por el incremento en las tarifas eléctricas. Mayor autoconsumo implica mayores tarifas para los pequeños consumidores eléctricos y más pobreza energética.

Si la tarifa eléctrica no estuviera contaminada por los costes de subvenciones y de otras políticas, no sería necesario que el Gobierno impusiera estos cargos al autoconsumo. De hecho, el Gobierno podría limpiar la tarifa eléctrica, pasando los costes ajenos al suministro a los Presupuestos Generales del Estado. Así, no sería necesario poner cargos al autoconsumo para ponerlo en igualdad de condiciones con el suministro que viene por la red.

El hecho de que actualmente el cargo por energía de las tarifas eléctricas esté distorsionado al alza porque incluye costes ajenos al suministro hace que el autoconsumo sea atractivo para los consumidores.

El autoconsumo beneficiará a los fabricantes de equipos y a los consumidores con recursos económicos que puedan permitirse comprar los equipos necesarios, dejando así de tener que financiar los costes de subvenciones y de políticas que el Gobierno carga sobre las tarifas eléctricas. Sin embargo, perjudica a los pequeños consumidores que no tengan recursos económicos, ya que sus tarifas se incrementarán a medida que se les repercutan los costes que dejan de pagar los consumidores que opten por el autoconsumo.

Por ello, sería deseable que, a pesar de la proximidad de las elecciones generales, el Gobierno llegue a culminar la aprobación del Real Decreto de autoconsumo, aunque sea impopular. Al fin y al cabo, su finalidad es evitar que se tomen decisiones ineficientes y proteger a los pequeños consumidores con menos recursos económicos, evitando que aumente el número de consumidores en situación de pobreza energética.

Oscar Arnedillo Blanco es director de NERA Economic Consulting. Jorge Sanz Oliva es director asociado de NERA Economic Consulting.