Atenas y la teoría de los juegos

Muchos recordarán Rebelde sin causa, aquella película de Nicholas Ray protagonizada por James Dean; sobre todo aquella escena en la que dos jóvenes compiten en una frenética carrera de coches en los que los frenos han sido inutilizados. El ganador será el último en saltar del vehículo en marcha en dirección a un acantilado. Pues bien, estaba ayer leyendo las últimas noticias sobre la situación de Grecia, cuando me vino a la cabeza esa imagen en la que, por cierto, uno de los dos conductores muere y los dos automóviles acaban en el abismo.

Mientras la situación del país heleno empeora día a día y se evidencian carencias en la gobernanza de la Unión Europea, nuestros líderes parecen estar embarcados en una partida de póquer de resultados imprevisibles. No hace falta ser un experto economista en estas cuestiones para darse cuenta de que la llamada troika y los dirigentes griegos –sobre todo estos últimos– están aplicando la teoría de los juegos a sus tomas de decisión, es decir, pensando en cómo actuará el contrario a la hora de negociar y no en qué es lo que realmente corresponde hacer ahora.

Cinco años después del primer rescate a Grecia, la eurozona vuelve a situarse en un terreno ignoto, plagado de incógnitas y en el que se atisban daños colaterales. Pero, aunque el futuro a este respecto esté lleno de incertidumbres, es evidente que si existiera alguna manera de despejarlas, esta debería pasar indefectiblemente por un análisis de los dos posibles escenarios que se pueden plantear a corto plazo –salvo que los juegos malabares de los gestores nos sorprendan–: que Grecia salga del euro o que no lo haga.

Como no podía ser de otra forma, ambas posibilidades tienen pros y contras. En el primero de los casos, el impago de la deuda por parte de Grecia introduciría una variable negativa en las fuerzas que vienen a alentar la necesaria recuperación económica del conjunto de la Unión. Por otra parte, obligaría a establecer planes de contingencia urgentes para evitar el contagio y la subida de las primas de riesgo de otros países europeos, aunque el Banco Central pueda comprar bonos de quienes se vean afectados. En cuanto a los efectos directos sobre la economía griega, serían adversos en tanto que los depositantes del país perderían gran parte de sus ahorros y se produciría un aumento de fuga de capitales –a lo que habría que sumar el encarecimiento de las importaciones y la pérdida de fondos europeos–, si bien podría verse favorecida por la devaluación de la moneda y el aumento de las exportaciones.

Pero no hay que olvidar que el PIB de Grecia solo supone un 1% del de la UE, por lo que la incidencia que su salida del euro tendría en los mercados podría ser neutralizada en un breve plazo. Además, los países centrales podrían emplearlo como ejemplo para otros que pretendan incumplir los pactos en el seno de la Unión.

Antes de continuar, deberíamos quizá preguntarnos cómo hemos llegado a esta situación de desconcierto. Posiblemente, ello haya sido debido a algunos importantes errores cometidos tanto por Atenas como por Bruselas. Cuando en 2010 Papandreu anunció a las autoridades comunitarias que la contabilidad oficial contenía importantes errores, se extendió el pánico entre los bancos acreedores, disparándose los tipos de interés para refinanciar la deuda. La Unión Europea era consciente de que Grecia no podía pagar lo que debía, pero decidió comprar deuda a los bancos para frenar su debacle e impuso un programa de austeridad al país que provocó una contracción de su economía.

El problema estuvo quizá en que los gestores de esta crisis han confundido falta de liquidez con problemas de insolvencia, y todo indica que el país heleno se encuentra dentro de esta segunda categoría. Desde 2010 hasta la fecha se han producido dos abultados rescates –con importantes quitas– que han situado la deuda en el 175% de su PIB. Y todo apunta a que con el actual modelo griego su devolución es imposible. Quizá haya llegado el momento de reconocer que hoy por hoy la deuda resulta impagable; y es evidente que esto no se soluciona únicamente con una subida de impuestos, sino que es necesario efectuar mayores recortes del gasto público, como en los que, por cierto, están inmersos otros países, como España o Portugal. Habría que preguntarse también si la economía griega tiene capacidad para sostener sus niveles actuales de gasto social, a los que, además, tendríamos que añadir los de defensa y empleo público. Mantener esos niveles en la actual situación del país solo será posible con la ayuda de sus socios, pero, ¿estarán estos dispuestos a hacerlo?

Frente a diferentes planteamientos en este sentido –desde quienes piensan que Grecia debería ser expulsada de la UE sin paliativos hasta otras propuestas recientes como la del ex director gerente del FMI, Strauss-Kahn, consistente en una reducción nominal masiva de la deuda y en la ampliación de plazos de devolución del resto, a cambio de que Atenas no pida más dinero–, todos los analistas parecen coincidir en dos aspectos. El primero es que Grecia –tanto si sigue en el euro, como si no– deberá afrontar reformas que apoyen el crecimiento, ajustando el gasto del sector público y controlando el fraude, ya que resulta imposible mantener elevados niveles de bienestar si no se generan excedentes, a no ser que estos te los proporcionen otros, algo que a estas alturas sus socios no parecen estar dispuestos. El segundo es la necesaria mejora de la gobernanza de la UE, porque es a todas luces anormal –o, por lo menos, muy poco serio– que decisiones de calado se tomen en jornadas maratonianas nocturnas.

No es momento de carreras irracionales ni de juegos de estrategia cortoplacistas ni de soflamas, sino de gestionar con mayúsculas, desde la responsabilidad, con transparencia y sin precipitarse, porque lo que se haga, sea lo que sea, puede marcar el futuro de nuestros conciudadanos griegos y de los de toda la Unión. No lo olvidemos, no estamos hablando de teoría política o económica, sino de personas. Esperemos que los gobernantes de ambos lados de la mesa de negociación no lo olviden.

Valentín Pich Rosell es presidente del Consejo General de Economistas