La sociedad hace cambiar la agenda de los banqueros

Se terciaba hablar de Grecia, de su futuro y de la influencia de su decisión final en Europa en general y de España, como país periférico, en particular. Desde que la prima de riesgo se normalizó y dejó de abrir todos los informativos nadie de mi entorno más cercano (entiéndase amigos y familiares) no me había vuelto a preguntar por la posible influencia de Grecia en la economía española, hasta los últimos días.

Pero no, no voy a hablar de Grecia y de su teórico efecto dominó en la economía española. La influencia de los resultados electorales de las elecciones municipales y autonómicas de hace justo un mes, con sus posteriores pactos políticos han influido de forma tan directa y real en la agenda del Gobierno de Rajoy y en la de los principales banqueros de este país, que bien se merece (creo) una reflexión. Y un claro ejemplo de ello ha sido el último curso de la UIMP, organizado por la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE), donde una de las principales preguntas realizadas a los ilustres ponentes (ministros, banqueros, empresarios, sindicalistas, políticos y supervisores), fue esa, las consecuencias en el panorama económico, y sobre todo financiero del triunfo de Podemos en las últimas elecciones.

De un abanico de posibles consecuencias, una destacó sobre todas, que Bankia pueda mantener su condición de banco nacionalizado más allá de 2017, fecha tope fijada por el actual Gobierno para su vuelta a banco privado. La idea de crear un banco público es aceptada por una parte de la sociedad española. Podemos, sindicatos y algún que otro socialista apoya esta idea. Los banqueros, el PP y una parte del PSOE, con sus matices, son contrarios a esta posibilidad. Lo mismo que el actual equipo gestor de Bankia, con José Ignacio Goirigolzarri a la cabeza.

Goirigolzarri no solo considera insostenible en el tiempo un banco público, sino que dejó la puerta abierta a abandonar la presidencia de Bankia si pasaba a ser un banco público.

Aunque el debate está servido, la verdad es que gran parte de los razonamientos aportados pasaban por comparar un banco público, o con el ICO o con las cajas de ahorros, que todos sabemos como han terminado, como el rosario de la aurora.

En España no hace tanto, dos décadas, ya existió una banca pública especializada. Su último presidente fue Francisco González, elegido por el Gobierno de Aznar como número uno de Argentaria, grupo más tarde fusionado con BBV, y que dio origen a BBVA. Hasta su fusión, Argentaria competía por su nicho de mercado contra las cajas de ahorros, la banca privada tradicional y las rurales. BBVA, de hecho, mantuvo durante años una de las principales carteras hipotecarias del país heredada del Banco Hipotecario, incluido en Argentaria.

El debate sobre la conveniencia o no de crear un banco público está influenciado por la política de desahucios llevada a cabo por los bancos en los años de la, esperemos, enterrada crisis financiera. Y es aquí donde la sociedad está tomando un insólito protagonismo, que ha hecho modificar las agendas de los banqueros.

Por primera vez que recuerde, una de las medidas más singulares que ha adoptado un alcalde, en este caso la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, nada más ocupar el cargo, ha sido la de reunirse directamente con los presidentes de los grandes bancos: José Ignacio Goirigolzarri (Bankia), Ana Botín (Santander) y Francisco González (BBVA). El objetivo es parar los desahucios y llegar a acuerdos para resolver los problemas de exclusión financiera de la población más debilitada por la crisis. Algún banquero ironizaba la semana pasada: “La sociedad y los jueces nos están cambiando el paso. Ambos se han convertido también en reguladores”.

Y mientras se resuelve el debate de banca pública sí, o banca pública no, el subgobernador del Banco de España, Fernando Restoy, reclamó el viernes a los bancos una nueva vuelta de tuerca en la concentración bancaria. Pidió nuevas fusiones, alentadas por los “ultra bajos” tipos de interés que presionan a la baja los márgenes. Es la primera vez que Restoy reclama públicamente nuevas uniones bancarias, más cuando en el último lustro se ha pasado de 56 entidades financieras a 14, lo que para algunos puede suponer incluso un oligopolio. La destinataria de este mensaje, según todos los expertos y agencias de calificación, es la banca mediana.

A la espera de que se fragüen esas fusiones, el Gobierno ha anunciado que quiere sacar a Bolsa al nacionalizado BMN, banco presidido por el veterano Carlos Egea, y en el que Luis de Guindos, ministro de Economía, fue consejero. Unicaja, Ibercaja, Abanca, o la rural Cajamar también tienen proyectos para cotizar, pero más tarde. Si BMN se adelanta ¿podría ser el embrión de una gran fusión con un banco ya en el parqué? ¿Y por qué no?, o ¿podría evitar su absorción? Jugadas más raras se han visto en el tablero de las fusiones.

Por cierto, ¿qué le preocupa tanto a la CNMC sobre el sector financiero? Ya sabemos, como anunció el viernes pasado, que analiza la comisión de dos euros que cobra CaixaBank en sus cajeros a los no clientes, y que solo aplica a los españoles. Pero hay algo que le preocupa más, bastante más a la CNMC sobre las prácticas bancarias. ¿Qué será?