Linde pide incentivos fiscales para las pensiones privadas y subir el IVA

El Banco de España publicó ayer su informe anual correspondiente a 2014 en el que destaca que el ejercicio anterior marcó un cambio de tendencia. La economía registró el primer crecimiento significativo desde el inicio de la crisis y la creación de empleo se intensificó en la parte final del año. El informe de la institución gobernada por Luis María Linde reconoce que la mejora económica se debe, en parte, a factores externos como el abaratamiento del crudo, la depreciación del euro o las medidas expansivas del BCE. Sin embargo, también indica que las reformas estructurales aprobadas por el Gobierno han dado resultado y pide continuar con cambios en el ámbito laboral o fiscal para apuntalar la recuperación.

Estas son las recomendaciones del Banco de España:

Subir el IVA, los impuestos especiales y la fiscalidad medioambiental

El supervisor celebra la reducción del déficit público de los últimos años, aunque destaca que la consolidación fiscal que exige Bruselas es exigente y requiere de medidas adicionales. El conjunto de la Administración Pública cerró el año pasado con un déficit de 60.000 millones, cifra que debe reducirse a la mitad en los dos próximos años. El Banco de España se une al Fondo Monetario Internacional (FMI) y propone "aumentar el peso relativo de la imposición indirecta". El informe apuesta por "ampliar las bases del IVA", lo que significa que recomienda que bienes y servicios que hoy están exentos o tributan a los tipos reducidos del 4% y el 10% pasen al 21%. Y, también como el FMI, defiende subir los impuestos especiales, que son aquellos que gravan alcohol, tabaco o hidrocarburos, y sacar más partido a los tributos medioambientales. En el ámbito tributario, el supervisor señala que debe "racionalizarse la gama de deducciones, bonificaciones y reducciones que erosionan la capacidad recaudatoria de los impuestos".

Abaratamiento del despido y menor peso de la negociación colectivaEl Banco de España defiende que “el mercado laboral debe continuar su proceso de transformación”. Para ello da fundamentalmente tres recetas. La primera de ellas afecta a la contratación y el despido. Así, consideran que los avances en la reducción de la dualidad del mercado de trabajo entre trabajadores temporales e indefinidos “están siendo menos visibles". Por ello, para atajar esta dualidad propone hacer más atractivo el contrato indefinido. ¿Cómo? Pues abaratando el despido de los contratos fijos y, quizás, incrementando la indemnización de los temporales; así como facilitando las extinciones de los trabajadores indefinidos. Si bien para hacer esta propuesta utiliza una fórmula algo alambicada al sugerir: “reducir la magnitud de la brecha que separa las condiciones de terminación de las distintas modalidades de contratación”. Esta sugerencia contiene, en definitiva, las tesis principales de quienes defienden el contrato único.

La segunda de estas recomendaciones sacude la propia estructura de la negociación colectiva, al proponer que “se revise el principio de eficacia general automática de los convenios sectoriales”. Esto significa que dichos convenios --que son por los que se rigen nueve de cada diez asalariados-- dejen de ser de cumplimiento obligatorio y general para todos trabajadores del citado sector y que solo sean exigibles en las empresas que se adhieran al acuerdo sectorial en cuestión. En opinión de este organismo, esto ayudaría a adecuar las condiciones laborales y, sobre todo, salariales a la realidad de cada empresa.

Finalmente, el organismo que dirige Linde, critica el “elevado peso” de las bonificaciones a la contratación dentro del conjunto de políticas activas para incentivar el empleo, cuyo impacto en la creación de puestos de trabajo es además, “incierto”. Ante esto propone evaluar y reordenar todos estos incentivos, de forma que se liberen recursos para modernizar las oficinas de empleo y destinar más dinero a “diseñar eficientemente itinerarios individualizados de inserción” para los parados.

Incentivar fiscalmente las pensiones privadas

La institución gobernada por Luis María Linde señala que la reforma del sistema de pensiones aprobado en 2013 "contribuirá de forma decisiva a suavizar el crecimiento del gasto público" ante el inexorable proceso de envejecimiento de la población española. Sin embargo, Linde defiende que "es necesario y urgente fomentar mecanismos de seguro y ahorro que ayuden a complementar el sistema público de reparto". El Banco de España apuesta por incentivar fiscalmente los planes de pensiones privados. Actualmente, la legislación ya contempla una reducción en el IRPF para los contribuyentes que realizan a aportaciones a un seguro para la vejez privado.

Medidas correctivas contra las autonomías que incumplan el déficitEl Gobierno aprobó la Ley de Estabilidad Presupuestaria en 2012 para asegurar que el saneamiento de las cuentas públicas. Sin embargo, como ha denunciado la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), parte de esta normativa no se cumple. En el mismo sentido, el Banco de España exige que el Ministerio de Hacienda aplique las medidas correctivas contra las comunidades que de forma recurrente incumplen el objetivo de déficit público. La legislación contempla desde sanciones hasta la intervención de una comunidad autónoma. El año pasado, solo cuatro regiones (Galicia, Canarias, País Vasco y Navarra) cumplieron el objetivo de estabilidad. El resto rebasó el límite del 1% y todos los analistas coinciden en que resulta improbable -casi utópico- que este año las comunidades logren rebajar su déficit al 0,7% que exige Hacienda. 

Auditoría del gasto público

El Banco de España celebra que el Programa de Estabilidad que el Gobierno remitió en abril a Bruselas contemple una reducción del gasto público. La Administración en su conjunto gastó el año pasado el equivalente al 43,6% PIB y el objetivo es reducir paulatinamente esta cifra hasta el 38,4% en 2015. Esta rebaja se producirá por la mejora de la economía que conlleva menor gasto en desempleo o en intereses de la deuda y, también, por los ahorros derivados de la reforma de la Administración Pública. Sin embargo, el Banco de España alerta que es preciso "asegurar la eficacia de los planes de racionalización instaurados". También defiende revisar la partidas de gasto para "priorizar aquellas que tienen mayor impacto sobre el crecimiento".