Las pensiones y el IVA de la luz separan a Grecia de la troika

Grecia solicitó ayer permiso al Fondo Monetario Internacional para retrasar hasta el 30 de junio los cuatro pagos previstos durante este mes, que suman unos 1.500 millones de euros. Atenas debía abonar hoy la primera entrega, de 300 millones de euros, pero el estancamiento en las negociaciones con la zona euro ha llevado al gobierno de Alexis Tsipras a solicitar al Fondo una moratoria.

El gobierno griego anunció anoche que no podría cumpir los compromisos exigidos por los acreedores. Las divergencias entre las dos partes no parecen enormes en cuanto a las cifras. La zona euro reclama un nuevo recorte de pensiones de 3.000 millones de euros en 18 meses y un incremento del IVA en servicios y bienes tan sensibles como electricidad y medicamentos. Atenas descarta recortes de pensiones inmediatos y propone mantener el IVA máximo en el 23% pero rebajar del 13% al 11% el de bienes y servicios como agua, alimentos, electricidad.

“Este Gobierno no aceptará nuevas medias extremas, el pueblo griego ya ha sufrido demasiado durante los últimos cinco años”, advirtió Tsipras a sus acreedores poco antes de que se hiciera pública la moratoria.

Tsipras tenía previsto regresar hoy a Bruselas para reunirse de nuevo con Juncker y con el presidente del Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem, pero la precipitación de los acontecimientos podría retrasar la cita hasta mañana sábado o, incluso, hasta la semana que viene. Hoy ha convocado una sesión en el Parlamento para informar sobre las negociaciones; además de a los acreedores, Tsipras necesita el apoyo de su partido para sacar adelante un acuerdo. Hoy el viceministro de Seguridad Social, representante del ala dura, apuntaba la opción de unas elecciones anticipadas si no hay movimiento en las negociaciones.

Pago al FMI

Atenas ya había advertido el martes que no pagaría al FMI si no lograba un acuerdo esta semana sobre la liberación de nuevos fondos. Y el fondo había indicado su disposición a acceder a esa petición, permitida por el organismo desde finales de los años 70, aunque no estaba pensada inicialmente para problemas de liquidez sino para facilitar la tramitación administrativa de los pagos. El último país que utilizó esa posibilidad, y al parecer el único, fue Zambia a mediados de los años 1980, según el FMI.

Pero la solicitud de Grecia redobla la presión sobre las negociaciones con el Eurogrupo (ministros de Economía de la zona euro), que suman ahora dos espadas de Damocles a final de mes. El 30 de junio expirará el rescate y el plazo para abonar los pagos al FMI, suficientemente abultados como para que Atenas no pueda afrontarlos si la zona euro no libera nuevos préstamos.

 La reunión de emergencia celebrada anteanoche en Bruselas entre el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, y el primer ministro griego, Alexis Tsipras, evitó un desenlace irreversible. Pero Grecia ha optado por una moratoria en el pago que solo aplaza, sin desactivarla, la posibilidad de un impago al Fondo.

En otras palabras, el acuerdo es aún imprescinbible para evitar un impago que desencadene una crisis impredecible en la eurozona. Además, la agenda de los líderes europeos se complica a partir del domingo con una cumbre del G-7 en Baviera, presidida por Alemania.

Merkel pretendía llegar a esa cita con un principio de acuerdo sobre Grecia y en una minicumbre celebrada el lunes en Berlín con el presidente francés y las presidencias de la troika (CE, BCE y FMI) lanzó un ultimátum a Atenas para que aceptase nuevos recortes de pensiones y subidas de impuestos a cambio de otro tramo del rescate.

Pero el ultimátum se transformó en un bumerán de imprevisibles consecuencias que, de momento, solo ha servido para Atenas endurezca su retórica y se atrinchere en su posición. Merkel tuvo que reconocer ayer que “el acuerdo está todavía bastante lejos”, un diagnóstico compartido también por la presidencia del Eurogrupo.

“La opinión recurrente es que nos estamos acercando a un acuerdo, pero nadie se atreve a descartar que todo acabe en un lamentable accidente”, señalaban ayer con indisimulada inquietud algunas fuentes comunitarias.

Divergencias de fondo

Más allá de los detalles sobre el IVA y las pensiones, las cifras camuflan discrepancias políticas mucho más insalvables en cuanto al tipo de ajustes a aplicar y, sobre todo, en cuanto al desenlace final de una crisis interminable.

Grecia considera que las medidas exigidas por la zona euro, aunque suavizadas, condenan al país a una nueva recesión. Atenas reclama un giro mínimamente expansivo para recuperar la inversión, el consumo y el empleo, y se niega a supeditar sus políticas de manera indefinida a la vigilancia de la troika. A largo plazo, Grecia pide una reestructuración de su deuda de 320.000 millones, inevitable para la mayoría de los economistas pero intragable para los gobiernos de la zona euro, que copan, directamente o indirectamente, el 80% del total.