Urge modernizar los servicios públicos de empleo

Recientemente la Comisión Europea ha suspendido a España en materia de empleo: “El elevado desempleo de larga duración (61% del total) y la segmentación del mercado de trabajo siguen frenando el aumento de la productividad y afectan negativamente a las condiciones de trabajo”. Además, reprocha los “escasos avances” en la aceleración de la modernización de los servicios públicos de empleo (SPE) y en la corrección de las disparidades regionales. Y pide que mejoren las oficinas de empleo.

La CE considera que la capacidad del SPE es fundamental para garantizar la eficacia y la orientación adecuada de las políticas activas del mercado de trabajo (PAMT) y de las políticas de activación, con inclusión de una rehabilitación profesional eficaz que permita a los trabajadores incorporarse a los sectores en los que se está creando más empleo.

En este contexto, las elecciones autonómicas y municipales han confirmado la preocupación por el empleo por parte de la mayoría de las opciones políticas. Pero para los futuros Gobiernos autonómicos, de quienes dependen las oficinas de empleo, la herencia que van a recibir en términos de empleo es muy pesada y difícil de gestionar.

Así, en lo que llevamos de legislatura, se han destruido más de medio millón de empleos y el paro ha aumentado en 157.000 personas, lo que ha incrementado la tasa de paro en 1,22 puntos porcentuales, hasta alcanzar el 23,78%.

En este sentido, los SPE aglutinan todas las acciones que tratan de mejorar el funcionamiento del mercado de trabajo, con objetivos que pueden ser múltiples: crear o mantener el empleo, disminuir el nivel de desempleo, adaptar la mano de obra a las necesidades de la economía, luchar contra la exclusión de aquellos determinados colectivos que tienen serias dificultades de inserción en el empleo, así como pagar las prestaciones por desempleo. Mientras que en el caso de las agencias privadas sus objetivos son menores y más limitados.

El mercado de trabajo no es un mercado como los demás, pero no por ello deja de tener sus ineficiencias y, por lo tanto, necesita de un trabajo de intermediación para adecuar oferta y demanda. Pero ello, tiene sus costes (dinero, tiempo) y que pueden reducirse con una intermediación eficiente, tanto en términos económicos como sociales. Los SPE no pueden limitarse a contar el número de parados que pierden su puesto de trabajo, sino a remediar las injusticias e ineficiencias del mercado de trabajo.

Los SPE no son los responsables de la creación de puestos de trabajo, sin embargo, pueden contribuir a que el efecto del desempleo dure el menor tiempo posible. Pero para ello es necesaria una reforma en profundidad que los modernice, ya que su forma de organización influye en el éxito de la aplicación de las PAMT.

Todo plan de modernización de los SPE debe tener como objetivo estratégico mejorar la atención a los usuarios y la calidad de los servicios, garantizando la coordinación entre las PAMT y protección por desempleo, y elevando la tasa de intermediación en el mercado laboral de los SPE.

Pero para todo ello se hace necesario una mayor dotación de recursos humanos y económicos. Así, cada trabajador de los servicios públicos de empleo en España atiende de media a 269 demandantes de empleo, lo que supone la segunda mayor carga de trabajo de Europa, según datos de la OCDE. Por su parte, la dotación económica en las PAMT en España (0,13% del PIB) es la mitad que en la UE (0,23% del PIB), ya que se ha recortado (entre 2012 y 2013) un 41%.

Como parte de su proceso de modernización, los SPE se deben centrar en reinsertar en el mercado de trabajo tanto a los inactivos como a las personas con especiales dificultades. Esto se podría conseguir mediante unas políticas activas que aúnen la empleabilidad de las personas (por ejemplo, la formación profesional) y su adaptabilidad (como el asesoramiento profesional) con las necesidades del mercado de trabajo, lo que ayudaría a un mejor ajuste entre las personas desempleadas y los puestos de trabajo disponibles. Esto incluye acciones destinadas a mejorar los servicios de asesoramiento tanto para los desempleados como para las empresas, ya sean online u offline, y con nuevas soluciones desarrolladas mediante la administración electrónica.

Implantar las PAMT significa también mejorar los flujos de información de la oferta y demanda como, así mismo, los perfiles profesionales y personalizar los servicios, con el fin de asegurar la intervención precoz y prevención del desempleo de larga duración.

Por ello, es fundamental e imprescindible disponer de Observatorios Ocupacionales que reúnan a los diversos actores del mercado de trabajo, y a los proveedores de educación y formación, con el fin de obtener datos del mercado laboral sobre necesidades actuales o futuras de cualificaciones. También es recomendable que puedan realizar evaluaciones fiables sobre la eficacia, eficiencia, calidad e impacto de las PAMT, es decir, medir los resultados de tales medidas en el mercado laboral.

Una de las cuestiones que debe plantearse es si se considera suficiente o todavía insuficiente la penetración de los SPE en el mercado de trabajo, en el número de colocaciones que se llevan a cabo y si la colocación sigue llevándose a cabo preferentemente por otras vías: relaciones personales, políticas, familiares, contactos, redes relacionales, anuncios de prensa, internet, etcétera. Se trata de reforzar el papel de los SPE, no de despreciar otras vías de acceso al empleo.

En resumen, la creación de empleo se debe complementar con las PAMT, que son un elemento esencial de la acción de los poderes públicos sobre el entorno económico, al mismo nivel que las políticas monetaria y presupuestaria. La reducción de la tasa de desempleo, en ocasiones, supera el marco de la política de empleo y alcanza la categoría de objetivo básico de la política económica. En este sentido, la contribución de los interlocutores sociales es de vital importancia. Debemos aspirar a construir una sociedad cohesionada en la que se capacite a las personas para prever y gestionar el cambio participando activamente en la sociedad y la economía.

Vicente Castelló Roselló es profesor de la Universidad Jaume I y miembro del Instituto Interuniversitario de Desarrollo Local