Hospitales en Valencia, en juego un negocio anual de 615 millones

El conocido como modelo Alzira de gestión hospitalaria puede morir en el lugar en el que nació. Tras las elecciones autonómicas y el previsible giro a la izquierda en el próximo gobierno de la Generalitat Valenciana, está en juego el negocio de empresas como Sanitas, Ribera Salud, DKV, Banc Sabadell y de la estadounidense Centene Corporation. En el aire están al menos 615 millones de ingresos anuales que desembolsa la Comunitat Valenciana para la gestión de cinco hospitales y sus respectivas áreas de atención primaria.

El modelo nació en 1997, en una apuesta del Gobierno regional de Eduardo Zaplana (PP) para gestionar de forma privada el Hospital de La Ribera en Alzira (Valencia). La encargada de llevarlo a cabo fue la empresa Ribera Salud, creada ex profeso por las desaparecidas cajas CAM y Bancaixa, que se repartieron al 50% el capital. Desde el primer momento, fue un caballo de batalla de la izquierda en la oposición en Las Corts, ya que entendían que se perjudica la calidad del servicio. Sin embargo, los sucesivos gobiernos del PP impulsaron el modelo. La Administración paga alrededor de 684 euros por cada uno de los más de 900.000 ciudadanos atendidos por este sistema, según Ribera Salud, una cifra que asciende hasta los 712 euros según la versión del PSOE. Multiplicado por el número de pacientes, los ingresos superan los 615 millones, aunque la Generalitat nunca ha ofrecido la cuantía total que desembolsa a estas empresas.

En la actualidad, cinco hospitales se rigen con este modelo. Tres corresponden a Ribera Salud (Alzira, Torrevieja y Vinalopó), uno a DKV (compartido con Ribera Salud) y uno a Sanitas (Manises). En este sistema, el paciente acude a su hospital o médico de cabecera como si fuera público, pero el personal y la gestión depende de estas compañías.

La intención de los partidos que pueden gobernar en la Comunidad es revertir esos contratos, pero con diferentes grados de intensidad. Cancelar esas cinco concesiones tendría un coste que actualmente supera los 400 millones de euros, según un informe que maneja el sindicato UGT. En su programa electoral, el PSPV-PSOE habla de “recuperar el control público de las concesiones administrativas de forma progresiva, bien por finalización de contrato, por controles rigurosos o por incumplimientos de contrato”. En el caso de Compromís proponen revisar las concesiones sanitarias y estudiar “las vías adecuadas que, sin coste añadido para la hacienda pública, permitan su reversión completa”. Por su parte, Podemos sigue la estela de recuperar “gradualmente los servicios privatizados, revisando los contratos”. La clave está en el elevado coste de la indemnización que Valencia debería pagar a las empresas, por eso, los grupos se posicionan primero por hacer una auditoría y control exhaustivo de la gestión, por si hay incumplimientos que permitan la rescisión automática, y después ir dejando vencer los contratos.

El primer hospital donde vence la concesión es el de Alzira, en 2018, por lo que se entiende que es el primero que podría pasar al sector público.

Actualmente Ribera Salud está controlada por Sabadell, que se quedó con la parte de la CAM, y Centene, que compró hace un año el 50% a Bankia (heredera, a su vez, de Bancaixa). La compañía facturó el pasado año 315 millones con un ebitda de 29 millones. Por su parte, Sanitas asegura que de su hospital de Manises provinieron 138 millones en ingresos capitativos (en 2014) y, además, que no contemplan el escenario de una reversión de la concesión.