¿Hay vida después de la reforma energética?

A pocos meses de unas elecciones generales que llegan claramente condicionadas por la pérdida del poder territorial que el Partido Popular ha sufrido en los comicios municipales y autonómicos, bien se puede afirmar que el sector energético está en modo off. El afán regulatorio del actual Gobierno, que ha concentrado en apenas tres años un volumen de cambios legales sin precedentes, ha dejado una profunda resaca, que se suma a cierta languidez corporativa. En unos casos, las grandes empresas del sector creen haber hecho los deberes (la reestructuración y OPV de Endesa; la adquisición de Talisman por parte de Repsol y de la chilena CGE por Gas Natural Fenosa o la paz accionarial que creen haber logrado Iberdrola y la propia Repsol) y, en otros, como es el caso de las renovables, están cociendo su venganza en los tribunales.

 En el ámbito energético, el Gobierno de Mariano Rajoy ha modificado o aprobado casi un centenar de normas, incluidas la propia Ley Eléctrica y la Ley del Sector de Hidrocarburos de 1998, obras ambas del primer Ejecutivo de José María Aznar. A partir de ahí, el zafarrancho ha sido imparable y no se descarta que, una vez se cierren los pactos en ayuntamientos y comunidades autónomas, el Gobierno complete su legislatura con un último paquete de normas pendientes. Eso sí, a sabiendas de que a un próximo Gobierno de coalición, con o sin el Partido Popular, le resultará muy difícil deshacer sus ingentes y no menos polémicas reformas.

EL FIN DEL DÉFICIT

La llamada reforma eléctrica, que arrancó en julio de 2013 y cuya autoría se atribuye el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, se tradujo inicialmente en 14 normas de distinto rango, algunas de las cuales, aún no se han desarrollado (caso del decreto sobre autoconsumo, la retribución del transporte y la distribución, la de los sistemas extrapeninsuales y la conflictiva orden del carbón). Y,si bien su fin último era acabar con el déficit de tarifa (el desfase entre ingresos y costes), algo que se podría dar por cumplido este año a la vista de las liquidaciones de la CNMC(incluso se prevé un superávit en 2014), la cuestión merece un análisis más detallado.

De este se extraerían dos conclusiones:que frente a lo que prometió el Gobierno, el esfuerzo no se ha repartido equitativamente entre empresas, consumidores y Estado, sino que lo han asumido en mayor medida los consumidores y algunas empresas, y que el fin del déficit es aparente, pues esto solo llegará cuando el sistema eléctrico sea autosuficiente (que sus ingresos cubran sus costes) y su equilibrio no dependa de la buena voluntad de los Gobiernos de turno.

El déficit se ha paliado gracias a la batería de impuestos al propio sector energético (2.990 millones por tributos y 330 millones por ingresos de subastas de CO2) y que Hacienda trasvasa al sistema con una demora larga y sistemática. Este desfase lo financian ahora todas las empresas reguladas, grandes y pequeñas. También, gracias a la aportación presupuestaria de 900 millones para los sobrecostes extrapeninsulares, una obligación que, en pleno año electoral, Cristóbal Montoro ha respetado.

En definitiva, el Gobierno ha optado por una solución política para controlar el déficit tarifario, que tiene a partir de ahora a su favor un aumento de la demanda, y con él, mayores ingresos.

CAMBIA EL MERCADO

Uno de los cambios más importantes abordados por el Gobierno ha sido la fijación del precio eléctrico por horas al que tendrán derecho los pequeños consumidores con una potencia contratada inferior a 10 kW y que no hayan pasado al mercado libre. Esto es, que mantengan contratos de suministro con una comercializadora de referencia. Aunque este sistema regulado se aprobó el año pasado a raíz de la crisis de las subastas Cesur, no se hará realidad hasta el próximo otoño (falta su regulación técnica) para los pequeños usuarios que tengan contador inteligente con telegestión (ya se encuentran en esta situación unos 11 millones de puntos de suministro).

El mercado liberalizado sigue avanzando de la mano de las grandes eléctricas que lanzan ofertas (casi nunca rebajas) de pagos mensuales fijos con los que paliar los vaivenes del mercado eléctrico.

En un difícil año electoral, el Gobierno ha tenido a su favor el efecto de la caída del crudo sobre los precios de la electricidad, así como una recuperación cada vez más evidente de la demanda de la mano del sector industrial (un 2,7% en abril).

Precisamente, los grandes consumidores se las han visto este año con un nuevo sistema de adjudicación de la llamada interrumpibilidad, el servicio de modulación o interrupción del suministro eléctrico que ofrecen las plantas industriales, a cambio de una rebaja de su factura energética. Tras una primera experiencia a finales del año pasado, en la que participaron 150 instalaciones de un centenar de empresas, el Gobierno prepara para este verano, que será de aplicación en 2016. En 2015, a través de este mecanismo, se incentivó a las empresas de 550 millones de euros en forma de pagos por capacidad. Un dinero que sufragan todos los consumidores al ser incluido en el coste de la energía de la factura eléctrica.

SUBASTAS VERDES

Además de las fuertes subidas del término fijo de los peajes y de la carga de la fiscalidad energética (amén del incremento del IVA eléctrico al 21%), el Gobierno ha contenido el déficit, entre otros, con un fuerte recorte de los incentivos a las renovables. Y lo ha hecho a través de un mecanismo retributivo basado en parámetros de inversión que ha sustituido a las antiguas primas. Así, mientras en 2013 estas ascendían a 9.300 millones, en 2014, la retribución específica fue de 6.550 millones. Al ser contabilizada toda la vida regulatoria de las plantas a la hora de ser calculada la retribución, los parques eólicos anteriores a 2004 se han quedado sin incentivo.

Eólicas y fotovoltaicas mantienen centenares de pleitos en el Tribunal Supremo contra los recortes de la nueva normativa mientras los inversores internacionales del sector (una docena) han optado por los arbitrajes internacionales. Una espada de Damocles que los responsables de Industria saben que no les tocará resolver.

Entre tanto, Industria ha sorprendido con el anuncio de una subasta de 700 MW renovables (500 MW eólicos y 200 MW de biomasa), con la que pone punto y final a la moratoria que aprobó en 2012 y que da paso al sistema de subastas que servirán en el futuro para otorgar nueva potencia (al mejor postor). Las empresas ven bien las pujas, siempre que se elimine las revisiones periódicas de su retribución.

Precisamente, dadas las nuevas exigencias de la Comisión Europea sobre ayudas de Estado, esta ha abierto un procedimiento para determinar si el nuevo sistema de incentivos a las renovables es una ayuda compatible, a raíz de una notificación del Gobierno. Aprovechando esta circunstancia y la decisión de Bruselas de ampliar la posible investigación a las antiguas primas, el Abogado del Estado ha solicitado al Supremo que suspenda los procesos judiciales en tanto se resuelven los procedimientos. Suspensión que se considera improbable.

NEGRO CARBÓN

Precisamente, la política cada vez más estricta contra ese tipo de ayudas (o en favor de una homogeneidad de los incentivos que discrecionalmente otorgan los países)está complicando una solución a la minería del carbón. El temor de que Bruselas desautorice un nuevo plan de incentivos a la quema de mineral autóctono que sustituya al que caducó a finales del año pasado, ha sido la explicación del Ministerio de Industria a una demora que ha provocado un grave conflicto en las filas del Partido Popular. Tras la pérdida contra pronóstico de la mayoría absoluta en Castilla y León, su presidente en funcione, Juan Vicente Herrera ha responsabilizado públicamente de este resultado al ministro de Industria, José Manuel Soria, y su “insensibilidad” ante la minería.

Sea como fuere, el viernes llegó por fin a la Sala de Competencia de la CNMC la tercera versión del borrador de orden ministerial que establece un incentivo a las eléctricas de 90.000 euros MW para las plantas térmicas que aborden las inversiones medioambientales (de desnitrificación) que exige la UE si quieren ampliar su vida útil y a cambio de que firmen contratos de compra de carbón a largo plazo. Los actuales responsables de Industria son conscientes de que el desenlace final llegará cuando ellos ya no estén en el ministerio, pues la respuesta de la CE se podría demorar más de un año.

A TODO GAS

Frente a la reforma eléctrica, la del gas ha resultado mucho menos cruenta. En vigor desde el 5 de julio de 2014, el objetivo de la misma era evitar déficits futuros y la recuperación del que se había generado hasta el año pasado, más de 800 millones de euros. Se han establecido periodos regulatorios de seis años y se incentivará el desarrollo de la red gasística en nuevos municipios.

Una de las normas de la reforma eléctrica que el ministerio ha decidido finalmente no desarrollar es la de la hibernación de las centrales de ciclo combinado (tampoco, por cierto, la del nuevo bono social). Al ralentí por el hundimiento de la demanda, algunas plantas de gas han optado por su propia hibernación.

Iberdrola, Endesa y Eon España, han solicitado el cierre alguno de sus ciclos combinados y la primera ha logrado autorización para la clausura del grupo 3 de Castellón. Aunque la eléctrica no recibirán los pagos por capacidad que le hubiera permitido la hibernación reglada, con el cierre se ahorrará el coste de estar disponible, así como el de los contratos de gas. Además, la situación es reversible durante cuatro años.