La UE lucha para salvar el tratado de libre comercio con EE UU

En 2014, EE UU exportó bienes por valor de 1,5 billones de euros e importó por valor de 2,1 billones de euros. De esta manera, se consolidó como el segundo mayor vendedor y comprador del mundo, tan solo por detrás de China. Un análisis más detallado sobre el destino y el origen del comercio de bienes de EE UU muestra que los países de la Unión Europea tienen un papel testimonial con respecto a otras áreas. Las ventas de EE UU a países de la UE28 fueron de 257.000 millones de euros, un 17% del total, mientras que las compras estadounidenses a Europa llegaron a 386.000 millones, un 18% del total. Si el análisis se realiza teniendo en cuenta los 30 países que más venden y más compran a EE UU, el resultado es más desolador. Entre los compradores, tan solo aparecen siete europeos entre los treinta primeros, y entre los vendedores, también hay siete. En ninguna de las clasificaciones figura España.

Los que sí están son los países asiáticos y americanos. China, México, Canadá y Japón son los cuatro grandes socios comerciales de EE UU y absorben más de la mitad de sus compras y de sus ventas. Ese retraso europeo es lo que ha llevado a la Unión Europea a iniciar las negociaciones con EE UU para firmar un Tratado Transatlántico de Comercio e Inversión (TTIP, en inglés) e impulsar unas relaciones económicas que tienen todavía un margen de recorrido muy largo. El objetivo, si los plazos se cumplen, es que el Tratado esté aprobado en 2017. Un calendario sujeto a numerosos imprevistos ante las reticencias de algunos socios europeos (Alemania y Francia) y de muchas organizaciones sociales, que han expresado especialmente en las redes sociales su rechazo a un acuerdo que, en su opinión, rebajará derechos sociales y laborales, restará soberanía a los estados a favor de las multinacionales y permitirá, entre otras cosas, la entrada de carne hormonada o alimentos transgénicos.

Apoyos

Entre los mayores socios de la UE, Italia y Reino Unido son los principales valedores del Tratado. España se ha unido recientemente a este grupo. El Ejecutivo ya está realizando una intensa campaña de defensa de las bondades del Tratado. El secretario de Estado de Comercio, Jaime García-Legaz, tiene una comparecencia exclusiva el próximo 11 de junio para defenderlo. El Ejecutivo considera que se trata de un asunto capital porque servirá para impulsar los intercambios comerciales con EE UU y que sectores tan importantes para las exportaciones, como la automoción o alimentación, se verán muy beneficiados.

Parlamento europeo, a favor

La comisaria europea de Comercio, Cecilia Malmström, también ha logrado ganarse el apoyo del Parlamento Europeo, cuyo visto bueno definitivo será imprescindible para la entrada en vigor del Tratado. La semana pasada, la comisión de Comercio del Parlamento aprobó un proyecto de resolución que respalda las negociaciones. Bruselas espera que el pleno del Parlamento respalde ese texto la semana que viene y envíe así una clara señal a favor del Tratado a los países donde cunden las reticencias, como Francia o Alemania. El primero teme que el Tratado ponga en peligro su sector agrario y el segundo no está de acuerdo con algunas cuestiones referidas a la soberanía de los estados. En Alemania, además, se produce una fuerte contradicción dentro de la coalición del Gobierno: el partido de Merkel lo defiende sin fisuras y los socialistas del SPD lo rechazan.

Puntos clave

La principal polémica que ha generado el Tratado de Libre Comercio es la posibilidad de que las multinacionales pudieran revocar leyes estatales. El ejemplo más frecuente que se utiliza entre las delegaciones que están negociando es la reclamación de una compañía norteamericana de tabaco que, ante la imposición de Australia de que realice un etiquetado genérico de su producto, demanda al Estado al considerar que se le está expropiando la marca y presenta un recurso.

Protección de las inversiones: el mecanismo original, rechazado por las organizaciones sociales al considerar que suponía una pérdida de soberanía de los Estados, ha sufrido dos correcciones, que son las que han permitido el apoyo del grupo socialista europeo para refrendar el proyecto de resolución del Parlamento Europeo a favor del Tratado.

La primera es que los tribunales de arbitraje deberán estar compuestos por personas libres de conflictos de interés y con cualificación jurídica en sus países. Con este cambio, la comisaria Malmström trata de evitar que las mismas personas actúen como juez en un arbitraje y como abogado, en otro. O que tras mediar en un conflicto acaben posteriormente en el consejo de administración o a sueldo de la empresa sobre la que han tomado una decisión. La segunda novedad es la posibilidad de establecer un Tribunal de apelación permanente, formado por siete miembros, con capacidad de confirmar o revocar el resultado del arbitraje.

Productos agrícolas. Otro punto que ha desatado las críticas es la entrada de carne hormonada o de transgénicos de EE UU a países donde no están autorizados. Desde el Ejecutivo español rechazan ambas críticas y apuntan a que no se permitirá la entrada de carne hormonada y que los alimentos modificados genéticamente deberán estar etiquetados. “No vamos a comprometer nuestro sistema de regulación de los organismos modificados genéticamente. La UE mantendrá su libertad regulatoria”. Aunque el objetivo inicial de las conversaciones partía de la supresión de todos los aranceles aduaneros, las dos partes ya tienen encima de la mesa una extensa lista de “productos agrícolas e industriales calificados como sensibles”, que quedarían o bien excluidos de la liberalización o sujetos a periodos transitorios más largos. Además, la Comisión Europea aprobará en las próximas semanas un proyecto legislativo sobre comercialización de productos transgénicos que permitirá a cualquier socio europeo vetar su entrada aunque estén autorizados en el resto del continente. El poderoso mercado agrícola francés está detrás de ambas pretensiones.

Estándares. Otra cuestión que es objeto de un intenso debate dentro de las delegaciones es la creación de un estandard único de fabricación para ahorrar costes y evitar tener varías líneas de producción en función de a qué país se venden los productos. “Lo que se quiere evitar es que los medicamentos no tengan que ser aprobados por la Agencia del Medicamento de la UE y de EE UU o que los coches tengan que ser fabricados en dos líneas: una, con los estándares estadounidenses y otra con los europeos”, apuntan fuentes del Gobierno español. Un buen ejemplo es la planta de Ford en Almussafes (Valencia), con dos líneas de producción para exportar los coches a Europa o a EE UU. El ahorro de una homologación única es evidente.

Plazos

Las negociaciones sobre los aspectos más conflictivos comenzarán después el verano. Y Bruselas espera que a finales de 2015 quede claro la viabilidad del Tratado y el alcance que puede tener. En EEUU, el Senado votó la pasada semana a favor por 48 votos frente a 14 en contra. A partir de ahora, será el turno del Congreso, en el que algunos representantes, tanto demócratas como republicanos, no están de acuerdo. Si logran sacarlo adelante se le darán plenos poderes (el fast track) a la Administración del presidente Barak Obama para que pueda negociar libremente con Bruselas sin necesidad de que se vuelva a votar en ninguna cámara. Las elecciones presidenciales serán en noviembre de 2016 y el objetivo, según la delegación europea, es cerrar las negociaciones antes de esos comicios, con el objetivo de que pudiera entrar en vigor en 2017.

Derechos laborales

Desde muchos colectivos sociales se ha insistido en la idea de la fuerte desregulación del mercado laboral estadounidense (sin salario mínimo o sin derecho a la huelga) y su posible traslación al mercado europeo. Además, se recalca que solo han refrendado dos (los contrarios a la esclavitud o al trabajo esclavo) de los ocho convenios de la Organización Internacional del Trabajo. No lo han hecho todavía en lo referente a negociación colectiva y al derecho de organización y asociación. Desde el Ejecutivo español se rechazan esas especulaciones y se confirma que los trabajadores no verán rebajadas sus condiciones ni sus derechos.

Contratos públicos

Es una de las principales reivindicaciones de la UE: que el cerrado mercado de contratación pública en Estados Unidos se abra a la competencia. “La discriminación para nuestros suministradores debe desaparecer. Este punto va a requerir mucha negociación, queremos que se nos trate en todo contrato público con igualdad, siempre que haya fondos federales y alcanzar un mismo trato en los contratos de cada Estado”. Peticiones que van a chocar contra el proteccionismo estadounidense, que prioriza la compra de productos y bienes locales con cláusulas como el Buy American.

Acuerdo con el Pacífico

Desde Bruselas se quiere acelerar la negociación para evitar que haya mucha distancia temporal entre el acuerdo de libre comercio de EE UU con el Pacífico y con la UE. “Cuanto antes se apruebe, antes nos podremos beneficiar de las rebajas arancelarias y del mejor acceso al mercado de servicios y de contratación pública”.