Beneficios que incentiven el trabajo
El Banco de España publicó ayer una exhaustiva e interesante radiografía de los principales factores que determinan que una persona en edad de trabajar decida o no buscar activamente un empleo: el nivel educativo, la tasa de fertilidad, el salario mínimo, el sistema de pensiones y las prestaciones por desempleo. En el caso de los factores relacionados con la percepción de subsidios y rentas, la conclusión de la entidad es que estas deberían ser diseñadas de forma que incentiven la búsqueda de trabajo en lugar de hacer más ventajoso permanecer inactivo. Así ocurre, según el informe, con el actual salario mínimo interprofesional, cuya cuantía dificulta la empleabilidad de los aspirantes más jóvenes y menos cualificados y puede, por tanto, desanimarles en la búsqueda de empleo al considerar que pocas empresas van a contratarles por ese salario. Según el organismo que dirige Luis María Linde, las pensiones medias de jubilación en nuestro país desincentivan a los varones españoles, aunque no a las mujeres y a los extranjeros. Lo mismo ocurre en el caso del cobro de la prestación por desempleo: son los hombres de nacionalidad española los afectados negativamente por este factor a la hora de decidir buscar un trabajo. En el caso de circunstancias como el nivel educativo, la conclusión es más obvia: cuanto más alto es el nivel de estudios más incentivos existen para querer formar parte de la formación activa, puesto que hay más posibilidades objetivas de hallar un empleo.
La influencia de los beneficios sociales y de la cuantía del salario mínimo interprofesional en la actitud proactiva o inactiva hacia el trabajo es un viejo debate y una cuestión tratada de forma muy diferente en la cultura anglosajona y la europea. La protección social que garantiza el sistema de prestaciones públicas en la mayor parte de las legislaciones europeas constituye una conquista del Estado del bienestar y un ejercicio de valiosa solidaridad sostenido por todos los contribuyentes. Sin embargo, existe siempre el riesgo de que esa red de protección pública ejerza el efecto contrario al que pretende y convierta casi en estructural una situación que debe ser temporal. La petición del Banco de España de que se revise el diseño de las prestaciones sociales y la cuantía del salario mínimo para que no ejerzan este efecto negativo resulta especialmente pertinente ahora, cuando España necesita no solo crear empleo, sino también aumentar su población activa y disminuir el número de ciudadanos que perciben prestaciones públicas. Como saben los desempleados que han encontrado finalmente un empleo, no existe mejor seguro social que un puesto de trabajo. Precisamente por ello, es urgente revisar el diseño de unos beneficios cuyo objetivo es proteger a las personas en riesgo de exclusión y pobreza, no perpetuar su situación.