¿Qué ocurre si no se llega a ningún acuerdo?

Después de las numerosas incertidumbres que plantea el nuevo mapa político tanto en algunos municipios, como en la gran mayoría de las comunidades autónomas que celebraron elecciones ayer y visto el bloqueo que sufre la Junta de Andalucía, la pregunta es obvia: ¿Qué ocurre si no hay acuerdo?

En el caso municipal, la ley electoral es taxativa y garantiza que el 13 de junio, salvo reclamaciones, habrá alcaldes en los 8.122 ayuntamientos que han sido renovados, bien porque la fuerza más votada ha logrado la mayoría absoluta, o bien porque se ha conseguido un pacto entre distintas formaciones.

Distinto es el panorama en las comunidades autónomas, donde los resultados obligan a negociar para encontrar mayorías de gobierno y, si no, habrá que repetir la votación, excepto en Castilla-La Mancha, donde gobernaría la lista más votada si no se logra el consenso en dos meses.

La Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg) establece que las corporaciones locales se deben constituir en sesión pública el vigésimo día posterior a la celebración de las elecciones (el 13 de junio en esta ocasión), salvo que se hubiese presentado algún recurso contencioso-electoral contra la proclamación de los concejales electos y en cuyo supuesto se constituyen a los 40 días de los comicios (el próximo 3 de julio).

Si ninguno de los ediles obtiene la mayoría absoluta de los votos del resto de concejales en junio, la ley impide sucesivas votaciones, así como esperar a otro día para hacerlas, ni siquiera, como ocurre en el caso de las comunidades, que se llegue a la situación de tener que repetir las elecciones.

Lo que ocurre en los ayuntamientos es que, si nadie logra la mayoría absoluta, es proclamado automáticamente alcalde quien encabeza la lista que haya obtenido mayor número de votos en las elecciones. Si los partidos respetan lo que dijeron durante la campaña, el PSOE no pactará en ningún caso ni con el PP ni con EH-Bildu, y el PP no lo hará con Podemos. Así, los futuros Gobiernos de Aragón, Baleares, Navarra y Comunidad Valenciana requerirán del sí de más de dos partidos.