Ayuntamientos, el eslabón saneado del sector público

España es uno de los países de la UE que tiene más ayuntamientos y, según datos del INE, 8.122 municipios celebrarán el próximo 24 de mayo elecciones. Más del 80% de las ciudades y pueblos cuentan con menos de 5.000 habitantes, lo que genera el debate sobre una posible falta de eficiencia por el pequeño tamaño de los ayuntamientos. La discusión se ha intensificado durante la crisis económica en la UE, donde los ingresos públicos han caído en picado y el déficit se ha disparado. En Grecia, por ejemplo, se ha pasado de 1.034 entidades locales a 325. También, se han producido fusiones de organismos locales, según recoge un reciente estudio del Colegio General de Economistas, en Luxemburgo, Irlanda o Dinamarca.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, defendió en la oposición seguir la receta de Grecia y fusionar ayuntamientos. “Creo que hay demasiados municipios”, señaló en mayo de 2010. Sin embargo, ya en el Gobierno, descartó aprobar fusiones municipales de forma unilateral. Las medidas en este sentido se limitaron a facilitar e incentivar por ley la unión de ayuntamientos. El Ejecutivo ofreció aumentos en la financiación y subvenciones, aunque tuvo un éxito nulo. Desde 1981, solo se ha registrado una fusión. Se trata de las localidades coruñesas de Oza y Cesuras, una unión que los tribunales han puesto en duda.

Los profesores Luis Caramés y María Cadaval, reconocen que el tamaño reducido de los municipios es un problema, aunque señalan que los costes de negociación y la oposición popular desaconsejan en muchas ocasiones imponer la fusión de ayuntamientos. Entienden que es mejor fijar incentivos y fomentar la cooperación para que los municipios alcancen acuerdos sin perder su identidad. Señalan que no tiene ningún sentido que dos pueblos separados por pocos kilómetros cuenten cada uno con un camión de recogida de basura que apenas se utiliza un par de días a la semana. Sería más lógico que ambos ayuntamientos cooperasen, lo que supondría un ahorro. Sin embargo, el sentido común no siempre se impone en los ayuntamientos.

Aun así, la realidad es que la Administración local puede presumir de tener sus cuentas saneadas, algo que no ocurre en la Administración central, en las comunidades autónomas o en la Seguridad Social. Los últimos datos publicados por el Ministerio de Hacienda reflejan que los municipios cerraron el ejercicio 2014 con superávit por tercer año consecutivo. Lograron un saldo positivo de 5.616 millones, un 0,5% del PIB. En cambio, la Administración central presentó un desfase de 37.000 millones; la Seguridad Social, de 11.200 millones y, las comunidades, de 17.540 millones. Los municipios fueron la única administración que ingresó más de lo que gastó.

Ello ofrece argumentos a los alcaldes para defender que los municipios no suponen un problema. De hecho, la idea de fusionar ayuntamientos ha sido aparcada por el Gobierno y no figura en la agenda de los partidos políticos, con la excepción de Ciudadanos. “Nuestro objetivo es la fusión de los ayuntamientos con menos de 5.000 habitantes, aunque no en todos los casos. Tendremos en cuenta las diferentes realidades demográficas, culturales, geográficas y sociales (en cualquier caso, en aquellos ayuntamientos que no se fusionen y no alcancen los 5.000 habitantes se llevará a cabo una importante reducción de concejales, secretarios, y el sueldo de alcalde y concejales se fijará mediante una tabla salarial que se establecerá conforme al presupuesto de cada municipio), señala en su programa la formación de Albert Rivera. Solo el 12,7% de los municipios españoles cuenta con más de 5.000 habitantes. Es decir, llevar a cabo la propuesta de Ciudadanos supondría una auténtica, aunque improbable, revolución del mapa municipal.

Ciudadanos también defiende eliminar las diputaciones provinciales, que considera “de dudosa utilidad y que además han sido un nido de corrupción sin control democrático”. Sin embargo, la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración reforzó el papel de las diputaciones, cuyas competencias se ampliaron al otorgarles también funciones como la prestación de servicios de recaudación tributaria, administración electrónica o contratación centralizada en los municipios con población inferior a 20.000 habitantes. En esa misma norma, el Gobierno también limitó el sueldo de los alcaldes y concejales. Se establecieron tablas retributivas en función de la población. Los miembros de las corporaciones locales de más de 500.000 habitantes no pueden ganar más que un secretario de Estado, cuyo sueldo se mueve en torno a los 70.000 euros. El salario máximo se reduce a medida que el tamaño del municipio es menor.

El secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, defendió la semana pasada en el Senado que medidas como la ley de racionalización aprobada por el Gobierno central han contribuido al saneamiento de los municipios. Señaló que el 95% de las entidades locales se encuentra en situación de superávit. Además, aseguró que las corporaciones locales pagan a sus proveedores a una media de 19 días. La principal fuente de financiación de los ayuntamientos son las transferencias que reciben de la Administración central y de las comunidades. El tributo propio más relevante es el IBI, el único impuesto cuya recaudación no ha caído nunca en la historia. Se trata de una figura contracíclica que abonan los propietarios de bienes inmuebles y que aporta más de 10.000 millones anuales. De hecho, hoy el IBI ocupa la cuarta posición por recaudación solo por detrás del IRPF, el IVA y el impuesto sobre sociedades. La estabilidad del IBI ha salvado las cuentas de muchos ayuntamientos. En cualquier caso, algo más de 300 municipios se encuentran en quiebra técnica y requieren de la ayuda de la Administración central para sobrevivir en su día a día.