¿Una Europa social?
La asunción y aplicación de una política social en Europa continúa siendo un tema pendiente. En los últimos años –los de la crisis–, esta laguna en la construcción europea se ha hecho más evidente.
Hay que advertir de que la Unión Europea, como tal, nunca se ha sentido inquieta por la necesidad de establecer una política social común. La integración europea se ha desarrollado alrededor de los mercados. El Tratado de Roma (1957) pone como objetivo la creación de un mercado común, y su desarrollo, a través del Acta Única, nos lleva a la creación de un mercado único. Durante el siglo XX, ha correspondido a las naciones europeas, cada una por su cuenta, el establecimiento y desarrollo de sistemas sociales más o menos protectores en función de la ideología de los Gobiernos o de la presión que recibían desde los sindicatos representantes de la clase trabajadora. Contrariamente a lo que muchos piensan, la Unión Europea no ha sido el artífice del reconocimiento de los derechos laborales de los que se han aprovechado los trabajadores europeos. La lógica de la Europa de los mercados ha abierto la vía al dumping social y fiscal en el interior mismo de la Unión. Instalando la competencia de todos contra todos para atraer las inversiones de capital y reducir los costes del trabajo. Es decir, políticas que por su naturaleza provocan el desmoronamiento de los sistemas sociales.
Con la crisis que arrasa a Europa desde hace cinco años, las políticas de austeridad económica han degradado más todavía la protección social de los trabajadores. Esta situación está siendo particularmente grave en los países del sur de Europa (España, Grecia y Portugal), donde el número de parados y la insuficiencia de las ayudas públicas han volcado a una buena parte de la población a vivir en términos de pobreza.
Las políticas de austeridad, promocionadas especialmente por los países centrales de Europa, nacen de la experiencia alemana de principios del presente siglo que, como reacción a la crisis financiera abierta por los costes de la unificación alemana, obligó al canciller Gerhard Schröder a reformar el mercado de trabajo aumentando la dualidad del mismo. Contrariamente a una idea generalizada, el Derecho laboral alemán es poco protector para los asalariados ya que no llega al 50% de los mismos los que están protegidos por convenios colectivos (el 95% en Francia). Las reformas de Schröder consistieron esencialmente en crear empleos mal remunerados, los famosos mini-jobs a 450 euros al mes. La coalición que gobierna actualmente en Alemania está tratando de corregir esta situación al comprobar las tremendas desigualdades que esta política ha creado entre los ciudadanos, llevando a muchos a vivir en situación de pobreza. Sería bueno que los mandatarios alemanes percibieran que estas políticas de austeridad también han causado estragos en muchos países europeos y ya es hora de dar marcha atrás, reconocer los errores y redirigir la política económica con acciones que apoyen el crecimiento.
Sin embargo, la posibilidad de avanzar hacia una política social europea queda muy lejos de ser alcanzada. Hacer una Europa social integrando los sistemas sociales de los distintos Estados miembros es una quimera, una utopía en las actuales circunstancias por las que pasa Europa. Es poco probable que los ciudadanos accedan a ello. Es muy difícil pensar que los trabajadores de los países más ricos de Europa permitan que una parte de sus impuestos sociales sirvan para pagar las pensiones o las ayudas al desempleo de los trabajadores de los países menos ricos.
De momento, nos deberíamos conformar, como señalan algunos analistas, con la posibilidad de que el funcionamiento económico de Europa deje de ser antisocial. Se debe trabajar para evitar aquellos factores que incitan a los Estados a rebajar sus niveles de protección social y que debilitan sus ingresos fiscales. El objetivo primario –y hoy prioritario– de la Europa social ha de ser la lucha contra la evasión fiscal (hoy tan presente en nuestras vidas) y la optimización de las políticas fiscales mejorando su cualidad redistributiva.
En estos días, en que celebraremos el 65 aniversario de la Declaración Schuman, que supuso el lanzamiento del proceso de integración europea, que, no lo olvidemos, nos ha dado los mejores momentos de paz y prosperidad de la historia Europa, hemos de continuar siendo exigentes con nuestros gobernantes y reclamar que se avance hacia una Europa social.
Agustín Ulied es profesor de ESADE Business and Law School. Miembro del Team Europa