Batalla por el control del poderoso Tribunal de la UE
La falta de personal, la avalancha de casos, las estrecheces presupuestarais y hasta el ego de los jueces amenaza con paralizar el Tribunal de Justicia europeo
Pero tal vez el mayor peligro que acecha a esa institución sea la lucha por su control, que enfrenta a los socios de la UE y ha derivado en un choque en el seno de la propia institución entre la máxima Corte y el llamado Tribunal General o de primera Instancia.
La batalla contrasta con el desinterés que generaba hace unos años el Tribunal, instalado desde 1952 en Luxemburgo. Ahora se ha convertido en uno de los organismos más influyentes de la UE, capaz casi de codearse con el poderoso BCE
Sentencia a sentencia, el Tribunal europeo ha forzado, por ejemplo, reformas tan importantes como la de la Ley Hipotecaria en España en plena crisis de desahucios, mientras la Comisión Europea llevaba meses y meses sopesando si iniciar un expediente (decisión que todavía no ha tomado). La jurisprudencia de Luxemburgo tampoco ha esperado a que haya legislación europea para adentrarse en un terreno tan pantanoso como el derecho al olvido en Internet.
España, entre los países con un segundo juez a partir de este año
Y del veredicto final de Tribunal de penden también la mayoría de los casos de competencia o ayudas de Estado, desde los zanjados como Microsoft a los pendientes como las ayudas a los astilleros o los que previsiblemente llegarán como el de Google.
El Tribunal, sin embargo, puede morir de éxito. En primera instancia, el número anual de casos se ha doblado desde los 398 del año 2000 a los 912 de 2014 y los casos pendientes de resolución han pasado en el mismo período de 787 a 1.423.
La reestructuración y ampliación del Tribunal General parece imprescindible pero lleva cuatro años estancada por la falta de acuerdo entre los socios europeos sobre la nueva configuración de unTribunal en el que todas las capitales quieren sentar a sus magistrados.
Bruselas confía en desbloquear esta semana las negociaciones con una reunión entre las instituciones implicadas (Comisión, Consejo y Parlamento), aunque el expediente resulta tan explosivo que ni siquiera es seguro que el encuentro llegue a celebrarse.
Sobre la mesa, a la espera de un acuerdo definitivo, una propuesta para reorganizar la Corte entre 2015 y 2017, con la supresión del Tribunal especializado en la función pública y la ampliación del de primera instancia.
Según la propuesta, España figura entre los 12 países que designará un segundo juez para el Tribunal General a partir de este mismo año. Un año después, los siete jueces de la Función Pública pasarían al General. Y por último, en 2019, otros nueve países designarían a sus magistrados, con lo que en primera instancia se contaría definitivamente con 56 jueces o dos por país, el doble que en la actualidad.
Fuentes europeas aseguran que ya se ha cursado una petición a España, como al resto de los países que participarán en la primera fase, para que inicie el proceso de selección del magistrado que en otoño podría incorporarse al Tribunal General. Las mismas fuentes reconocen, sin embargo, que no se puede descartar que las negociaciones descarrilen de nuevo como ya ha ocurrido varias veces desde 2011.
Algunos países cuestionan el impacto financiero de la reforma, aunque el Tribunal asegura que la factura en términos netos sólo ascenderá a 14 millones de euros, a sumar a los 355 millones de euros de su presupuesto actual.
Luxemburgo compara esas cifras con los miles de millones de euros bloqueados por los juicios pendientes sobre ayudas de estado (que tardan en resolverse una media de 32,5 meses). O con el creciente número de demandas por la lentitud en la resolución de los casos de competencia (45,8 de media). En la actualidad, los daños y perjuicios reclamados a la UE por las empresas ya ascienden a 26,8 millones de euros, casi el doble que la factura de los nuevos magistrados.
Pero al margen del coste, una parte del Tribunal tampoco comparte la fórmula elegida de doblar el número de jueces en primera instancia y preferiría la creación de salas especializadas (para propiedad intelectual, competencia, etc.). Algunas fuentes atribuyen esa resistencia al prurito profesional de los magistrados, que prefieren seguir siendo un selecto y reducido cuerpo judicial (hasta 2014, sólo 220 personas habían vestido la toga en Luxemburgo, según los datos recogidos por Hugo Brady, del Center for European Reform).
La Comisión Europea rescata al canal de televisión euronews
La Comisión Europea ni pestañeó cuando Grecia cerró el canal público de televisión como consecuencia de la crisis económica. Pero Bruselas no ha dudado en rescatar a su canal preferido, Euronews, aunque sea a costa del contribuyente europeo.
En 2015, la Comisión se convertirá en el principal financiador de un canal que atraviesa serias dificultades y que parecía a punto de caer en manos de un inversor egipcio. Bruselas se ha cruzado con una aportación de 26 millones de euros, por encima de los 20 millones de euros que Euronews espera obtener de ingresos en publicidad.
El canal nació en 1993, fruto de una alianza de televisiones públicas europeas (France Télévisions y Rai, sobre todo) y con vocación de captar una audiencia paneuroepa para una información con la UE como eje principal.
El proyecto no ha prosperado tan bien como se esperaba y más de una vez ha estado a punto de naufragar. La aportación de sus accionistas ha caído desde 2008 y este año, según la Comisión, sólo aportarán 2,5 millones de euros, menos del 3,4% de su facturación.
Aunque el canal tiene tasas de audiencia muy baja, Bruselas considera imprescindible “mantener su imparcialidad y independencia editorial”, así como “una perspectiva europea en las noticias que difunde”, según señaló el comisario europeo del área digital, Gunther Oettinger, en la reunión de la Comisión donde comunicó el rescate de Euronews el pasado 18 de marzo.
La Comisión reconoce el escaso público de Euronews dentro de la UE, pero lo considera un canal adecuado para los países vecinos, donde al parecer es mucho más popular (además de en ocho idiomas europeas, emite en árabe, farsi, ruso, turco y ucraniano).
En las actas de la reunión de la Comisión, sin embargo, no se explica por qué la entrada de capital egipcio ponía en peligro la independencia de Euronews. Ni tampoco se menciona la justificación desde el punto de vista de la competencia para aprobar una inyección que, con otro pagador y otro receptor, tal vez hubiera levantado sospechas de ayuda de Estado. En este caso, de ayuda supraestatal.