Industria rompe la moratoria con una subasta de eólica y biomasa

Para enorme sorpresa de las renovables, la CNMC remitió ayer por la tarde a las compañías del sector una propuesta de real decreto por el que se establece “una convocatoria para otorgar el régimen retributivo específico [o incentivo basado en parámetros de inversión que sustituyó al antiguo sistema de primas a mediados de 2013] a nuevas instalaciones de biomasa en la península y de instalaciones eólicas para todo el territorio nacional. Concretamente, una potencia de 500 MW de eólica y 200 MW de biomasa.

Además del citado real decreto, el regulador remitió también la propuesta de orden ministerial que regulará el citado real decreto, sobre los que empresas, consumidores y comunidades autónomas deberán dar su opinión en el consejo consultivo de la electricidad de la CNMC.

La medida, adoptada unilateralmente por el ministerio sin consulta alguna con las asociaciones, supondría de facto el fin de la moratoria a las energías verdes que fue una de las primeras decisiones que adoptó el Gobierno de Mariano Rajoy tras su llegada al poder. Concretamente, en enero de 2012, Industria suspendió sine die el pago de primas a cualquier instalación futura que no estuviera inscrita en el registro de renovables.

Esta norma fue superada con la posterior reforma energética del Ejecutivo, más concretamente con la nueva Ley Eléctrica aprobada en diciembre de 2013, que establecía que “el otorgamiento del régimen retributivo específico y el valor de la inversión inicial se determinará mediante el procedimiento de concurrencia competitiva”, esto es, a través de subastas.

En la que ahora se convoca se subastará “el porcentaje de reducción del valor inicial de la instalación tipo de referencia, con el que se obtendrá el valor estándar de la inversión inicial de dicha instalación”. Según calculan fuentes del sector, el capex resultante (por debajo del cual se pujará) es muy reducido (1.100.000 euros/MW) y se sitúa por debajo de los que actualmente marcan la retribución.

Todo ello, hace pensar a las empresas que lo que el ministerio busca “es legitimar su polémico sistema de estándares”, que ha supuesto un importante recorte de la retribución de las plantas.

A la convocatoria se podrán presentar “nuevas instalaciones” de biomasa (de los grupos b.6 y b.9) en la península y las del grupo b.2.1 de eólica, ya sean nuevas o modificadas (esto es, las repotenciaciones). Según la propuesta de real decreto, se considera una instalación nueva la que no haya sido inscrita con carácter definitivo en el registro de instalaciones eléctricas. En el caso de las modificadas, podrán participar siempre “que la modificación suponga al menos la sustitución de los aerogeneradores por otros nuevos y sin uso precio y que la modificación haya sido también inscrita”.

Quedan excluidas de las subastas, la eólica o biomasa que haya recibido anteriormente primas o cualquier incentivo económico. También las que sean propiedad de empresas o grupos empresariales que tengan una potencia superior al 40% de los sistemas extrapeninsulares (lo que afectaría a Endesa en Canarias y Baleares).

Según la memoria económica de la propuesta normativa, “el sobrecoste máximo estimado” de los nuevos megavatios eólicos sería de 21 millones de euros anuales, una vez que entren en funcionamiento, y de 130 millones en el caso de la biomasa.

La convocatoria de la subasta, que será supervisada por la CNMC (a través de dos representantes), se hará mediante resolución del secretario de Estado de Energía y se publicará en el BOE.