La ingeniería privada recrudece su enfrentamiento con Ineco y Tragsa
El colectivo que reúne a las mayores ingenierías del país, Tecniberia, ha vuelto a mostrar su malestar al Gobierno por el volumen de trabajo encomendado sin concurso a las firmas públicas Ineco y Tragsa, a la vez que estima falta de transparencia en los ministerios de Fomento y Medio Ambiente. Según ha podido saber CincoDías, la patronal remitió una carta a finales de 2014 a la vicepresidente Soraya Sáenz de Santamaría y a las titulares de ambos ministerios, Ana Pastor e Isabel García Tejerina, alertando del uso abusivo de la encomienda de gestión, por la que la Administración puede adjudicar trabajos sin que medie concurso. También reclama la publicación de este tipo de adjudicaciones con sus importes tanto en el Boletín Oficial del Estado como en el portal de transparencia habilitado por el Gobierno el pasado mes de diciembre.
La queja ha tenido respuesta, también por correspondencia, “en tono cordial”, citan las fuentes consultadas, “pero con un contenido insatisfactorio”. Las empresas privadas siguen sin conocer el volumen de negocio que el Gobierno deriva hacia sus compañías de ingeniería.
El choque entre sector público y privado viene de antiguo, pero ha aumentado en intensidad ante la sequía de contratos públicos derivada del drástico recorte en la obra pública.
Se da la circunstancia de que tanto Ineco como Tragsa forman parte de la propia Tecniberia, donde habrían llegado a manifestar un profundo malestar ante las indagaciones de la directiva que encabezan el presidente Juan Ignacio Lema, ratificado en la asamblea general extraordinaria celebrada el pasado día 9, y el director general Ángel Zarabozo.
Entre las mayores referencias privadas que integran esta asociación figuran nombres como el de Acciona Ingeniería, Aecom Inocsa, Eptisa, Getinsa, las ingenierías de Iberdrola y Gas Natural, Initec, Intecsa (del grupo ACS), Prointec, Sener o Técnicas Reunidas, entre otras.
Frente de asociaciones
Las quejas de Tecniberia coinciden con las de patronales regionales de ingenieros de Andalucía, Aragón, Cataluña, País Vasco o Madrid, donde se pone de manifiesto que una vez que Ineco y Tragsa reciben directamente los contratos suelen subcontratar una parte a empresas privadas.
Desde la Administración se argumenta que las encomiendas de gestión responden a la urgencia de los proyectos, situaciones de emergencia o confidencialidad, y que buena parte del trabajo de Ineco y Tragsa acaba, efectivamente, en manos del sector privado. El límite de subcontratación para Tragsa es del 50% del presupuesto de cada trabajo.
Tragsa y Tragsatec son medios propios instrumentales y servicios técnicos de la Administración General del Estado y de las comunidades autónomas, obligadas a realizar los trabajos que le son encomendados. Su principal accionista en la SEPI, con el 51% del capital, mientras el Fondo Español de Garantía Agraria cuenta con el 38,9%. Ineco, por su parte, es una entidad público empresarial controlada por compañías del grupo Fomento.
Derrama en la patronal para pagar a Competencia
Tras meses de aplazamientos, Tecniberia se ha visto forzada a responder a la sanción impuesta por el regulador de Competencia por incurrir en la conducta prohibida de recomendación colectiva de precios. La resolución es de junio de 2013 y la sanción alcanzó los 200.000 euros, más otro tanto al Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. Pero la caja de la patronal no está para pagar multas y tampoco pudo presentar aval sustitutorio ante la negativa de los bancos a prestarlo, al no tener Tecniberia posibilidad de presentar garantías.
El asunto de la urgencia de pago fue tratado en la asamblea extraordinaria celebrada la semana pasada, en la que se aprobó una derrama. De este modo, las ingenierías más pequeñas sufragarán la multa con 500 euros cada una, mientras las de mayor tamaño pueden llegar a cifras cercanas a los 7.000. Lo recaudado irá íntegramente a cubrir la deuda con la CNMC.
Con la sanción recurrida, el colectivo recibió un requerimiento de Competencia el pasado mes de septiembre exigiendo el pago de los 200.000 euros o la presentación del citado aval. El periodo voluntario finalizó un mes después, solicitándose por parte de Tecniberia el fraccionamiento y aplazamiento en cinco años.
Rebasado el periodo de pago, la multa se ha incrementado un 10% y la delegación de Economía y Hacienda de Madrid ha denegado tanto el fraccionamiento como el aplazamiento. De este modo, las ingenierías deben abonar obligatoriamente la cuantía de la multa.
Tecniberia reúne un centenar de ingenierías que emplean a 25.000 personas y sumaron 4.000 millones de facturación en 2014, con más de 2.500 millones en el exterior.
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