El BCE quiere ser consejero de los bancos, aunque sea por un día
Hace unos días un destacado banquero español comentaba en petit comité que si había algo que se encontraba en la lista de las cosas que menos le preocupaban, una de ellas sería la investigación iniciada por la Comisión Europea (CE) sobre los activos fiscales diferidos (DTA, por sus siglas en inglés). “Si me viese en la obligación de incluir en algún documento o informe como posible riesgo el hecho de que los créditos fiscales dejasen de computar como capital de máxima calidad, lo calificaría como remoto. Posiblemente estaría situado como el último”.
Su opinión coincide con la expresada públicamente por todos los consejeros delegados de la gran banca española, y eso que estarían en juego más de 40.000 millones de euros en capital en las entidades nacionales. La CE investiga si estos activos convertidos en créditos fiscales tras contar con el aval del Estado podrían suponer ayudas públicas ilegales. Las entidades consideran que si remotamente Bruselas calificase algún día de ilegales estos avales, esto sucedería el próximo lustro, periodo al que habría que añadir los años en los que se tardaría en resolver jurídicamente la denuncia que interpondrían el Estado y el sector.
“Antes de que se pudiese resolver este hipotético juicio, las normas de capital habrán cambiado y los DTA serán ya historia”, explica este destacado banquero. Al sector le preocupa mucho más la interminable regulación a la que deben hacer frente en los próximos ejercicios, gran parte de ella encaminada a reformar más su capital. Gestionar un negocio operando con tipos de interés casi al 0%, y lograr a la vez mejorar la aún baja rentabilidad de esta actividad es otro de los quebraderos de cabeza que tiene ahora el sector.
Pero hay más, y eso al margen de los riesgos geopolíticos, sobre los que no pueden hacer nada y que afectan a todas las actividades de una forma o de otra.
Una de las preocupaciones o, por lo menos, mayores inquietudes es la “inevitable transformación” de la banca derivada de las nuevas necesidades y preferencias de los clientes, muy ligadas a la adopción masiva de las nuevas tecnologías, decía la semana pasada Ángel Cano en unas jornadas del sector.
A la denominada banca en la sombra, protagonizada por los grandes fondos de inversión, que desarrollan su actividad financiera fuera del control de las instituciones reguladoras y de los supervisores tanto nacionales como internacionales, hay que añadir a otros nuevos competidores, las firmas tecnológicas como Apple, PayPal, Google, Facebook, Amazon, Bitcoin, Wonga, Kantox y Arboribus. Todo un abanico de empresas cuyos ingresos dependen cada vez más de su negocio financiero.
La presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Elvira Rodríguez, ya calificó la semana pasada a esta banca en la sombra –más conocida por su denominación en inglés, shadow banking– como una “amenaza potencial” para la estabilidad financiera a largo plazo.
Otro reto de la banca, en este caso, europea, es superar los celos y recelos de los directores e inspectores de los bancos centrales nacionales y los del Banco Central Europeo (BCE). “La supervisión está siendo muy complicada. Torre de Babel”, señalaba otro destacado banquero.
Este mismo ejecutivo explicaba que entre la lista de preguntas en las que más inciden los inspectores del BCE (conocidos con el apodo de josetes, cuyo origen está en las siglas JST, correspondientes a su denominación en el BCE, joint supervisory team) está la del papel del gobierno corporativo y la de los roles de sus miembros.
El consejero ejecutivo de BBVA y exconsejero del BCE, José Manuel González Páramo, ya advirtió hace unas semanas que la buena gobernanza en las entidades financieras garantiza la supervivencia de las mismas más que los niveles de capital. “Elevados niveles de capital no aseguran un correcto perfil de riesgo de las instituciones, de modo que el capital es una condición necesaria, pero no suficiente, para asegurar una correcta gestión y control de riesgos”.
La importancia que da el BCE a la gobernanza de las entidades financieras es tal que existe un serio debate entre el supervisor y el sector para buscar fórmulas que mejoren el diálogo entre ambas partes. Y parece que cada vez gana más puntos la posibilidad de que inspectores del BCE participen de forma eventual en algunos consejos de administración significativos de los bancos, aunque para ello habría que establecer un marco claro en esta relación asegurando una comunicación efectiva.
Hasta ahora, cuando el supervisor tenía que comunicar alguna advertencia particular a una entidad lo hacía a través de actas que debían leerse en los consejos. Ahora podría hacerlo de viva voz. ¿Por qué no?