Soria prevé que la factura eléctrica media baje un 7,5% esta legislatura

El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, ha asegurado este jueves que la factura eléctrica de un consumidor doméstico medio se abaratará alrededor de un 7,5% esta legislatura. Durante su comparecencia ante la Comisión de Industria del Senado, Soria ha añadido que este ahorro previsto para el conjunto de la legislatura contrasta con el encarecimiento de alrededor del 70% acumulado entre 2004 y 2011. “La reforma eléctrica llevada a cabo por el Gobierno ha evitado no solo que la factura continuara disparándose sino que incluso los precios han descendido en 2013 y 2014”, ha subrayado.

También ha recordado que el nuevo modelo de tarifa eléctrica o PVPC “ha sido mejor que cualquier otra oferta” en 2014, ya que los consumidores acogidos a esta tarifa han logrado un recibo en torno a “un 9% o un 10%” más barato que en las otras dos modalidades (mercado libre o precio fijo anual).

Soria ha señalado asimismo que con esta normativa “se ha encauzado el problema del déficit eléctrico”, el desfase entre ingresos y gastos del sistema, en el marco de una ley “que garantiza la estabilidad financiera”. En este sentido, ha asegurado que, a falta de la liquidación definitiva, 2014 cerrará “un pequeño superávit o un pequeño déficit”, es decir, “en equilibrio”, mientras que “en 2015 habrá superávit en el sistema”.

Con respecto al nuevo sistema de pago a las energías renovables, el ministro ha defendido el mecanismo de “retribución razonable”, al tiempo que ha apuntado que los productores se están beneficiando del abaratamiento de la deuda pública, ya que su propia retribución está referenciada a esta.

Por otra parte, Soria ha señalado que “se está trabajando en la regulación” para el mecanismo de interrumpibilidad -pagos a las industrias por estar dispuestas a desconectarse del sistema eléctrico- de 2015, que “se va a basar en los mismos principios competitivos” que la de 2015, ya que ha supuesto ahorros.

En materia de hidrocarburos, Soria ha valorado las medidas puestas en marcha por el Gobierno para fomentar la competencia en la distribución de carburantes y ha insistido en que gracias a ello “los precios se han reducido más en España que en la eurozona” con el desplome del crudo.

Así, el papel del Gobierno consistirá en “velar por la traslación de la cotización” del crudo al precio de venta de manera “lo más rápida posible” y, “en caso de desajuste, tomar medidas para incrementar la competencia en el sector”.

Ha afirmado también que la normativa de la actividad de autoconsumo eléctrico “está en elaboración” y será aprobada “antes de que finalice el mes de julio”. Durante su comparecencia ante la Comisión de Industria del Senado, Soria ha defendido que el Gobierno es partidario "de que cualquier consumidor que desee instalarse” equipos de generación “pueda hacerlo“. Sin embargo, ha precisado que aquellos que instalen equipos conectados a la red para abastecerse cuando no tengan recursos tendrán que pagar un peaje. “No se trata de un impuesto al sol”, ha afirmado, sino “sentido común” porque de no abonar este peaje, el autoconsumidor “estaría siendo financiado por el resto de consumidores”.

Respecto al almacén Castor, Soria aseguró que la solución adoptada por el Gobierno ha sido “equilibrada”, con la extinción de la concesión de explotación del almacén subterráneo, la hibernación de las instalaciones y su asignación a Enagás, quien se encargará de las labores de mantenimiento y de realizar los estudios necesarios para adoptar una decisión definitiva que determine su futuro.

Asimismo, indicó que la renuncia y el pago a Escal de la indemnización de 1.350 millones de euros no implica la extinción de la responsabilidad que está y sus accionistas debieran, en su caso, afrontar por su gestión del proyecto y que sería exigida, si procede, una vez se dispongan de todos los elementos de juicio necesarios.

Además, subrayó que la solución financiera adoptada supone “una notable reducción de costes para el sistema gasista y par el consumidor por los menores costes financieros, el aumento del periodo de amortización y la drástica disminución de costes de operación y mantenimiento”.

Sobre el sector del carbón, recordó el marco legislativo comunitario que rige sobre este sector y señaló que el pasado mes de diciembre finalizó la vigencia del real decreto que regula las restricciones y que diciembre de 2018, es la fecha límite para dar las ayudas al carbón y en enero de 2019 tiene que funcionar exclusivamente aquella minería que sea competitiva. Así, aseguró que “el objetivo final” es que exista a partir de 2018 un sector de la minería energética en España “competitivo y que pueda seguir operando sin ayudas públicas”, como establece la Unión Europea.

A este respecto, se refirió a la reciente reunión de la Comisión de Seguimiento del Marco de Actuación para la minería del carbón y las comarcas mineras, en la que se analizó la propuesta de un nuevo incentivo a la inversión para la mejora medioambiental en desnitrificación de instalaciones de producción de electricidad a partir de carbón autóctono, “lo que constituye un incentivo a su consumo”.

Por su parte, el portavoz socialista de Industria y Energía en el Senado, Jesús Alique, reprochó al ministro el “inútil intento” del Ejecutivo por acabar con el déficit de tarifa y señaló que el “déficit Soria” ha acumulado casi 11.000 millones de euros más de déficit desde el inicio de la legislatura.

El senador socialista, que lamentó que el PP “no haya hecho otra cosa que defender los intereses de los oligopolios energéticos” frente al interés general de los ciudadanos, destacó que el PSOE propone una tarifa social para acabar con la pobreza energética y criticó que mientras cuatro millones de españoles se declaran incapaces de mantener una temperatura adecuada en su vivienda, el Ejecutivo del PP “siempre mira hacia otro lado”.