La conservación de carreteras urge un 35% más de aportación pública
En las carreteras españolas empezamos a ver baches”, lamentó días atrás Jacobo Martos, presidente de la Asociación de Conservación y Explotación de Carreteras (Acex). Fue en una reunión de puertas abiertas en el Colegio de Ingenieros de Caminos de Madrid. Y la opinión unánime en el sector de la construcción es que el estado de salud de la extensa red española se ha deteriorado seriamente a golpe de restricción presupuestaria. El debate promete reabrirse con los millones de desplazamientos de esta Semana Santa y los que se avecinan en verano.
Fomento dedicó a esta labor 818 millones en 2014 y ha incluido una partida de 856 millones en los presupuestos de 2015. En ambos casos las cifras representan la mitad de la inversión que el Gobierno destina a carreteras y algo menos del 10% del total de la programación de Fomento (7.306 millones en 2014 y 8.094 millones en 2015), enfocada al desarrollo del AVE.
Acex se queja de que el ministerio incluye en la partida de conservación la importante suma, de cerca de 300 millones anuales, que dedica a pagar a las concesionarias de la rehabilitación y mantenimiento de las autovías de primera generación. Estas son las carreteras de alta capacidad –libres de peaje– construidas a principios de los ochenta, desdoblándose carreteras ya existentes. En muchos casos, los trazados de la A-1, A-2, A-3 y A-4, que salen de Madrid hacia Burgos, Zaragoza, Valencia y Sevilla, precisaban una reconstrucción y fueron concesionados por 19 años a partir de un plan de 2006. Se actuó sobre algo más de 2.000 kilómetros de autovías y los costes de obra que soportaron empresas como OHL, ACS, Acciona, Ferrovial, Sacyr, Isolux, FCC y todo un ramillete de constructoras medianas (Azvi, Aldea, Sarrión, Sando y Ortiz, entre ellas) superaron los 5.000 millones.
Las empresas de conservación, muchas de ellas filiales de los grupos de construcción, consideran que la factura de las autovías de primera generación se debe en un tercio a gastos de construcción y en otro tercio a la financiación de obras, con lo que demandan la citada exclusión del presupuesto que Fomento emplea en conservación. Este hecho, en el caso de que se mantuvieran los más de 800 millones de presupuesto actual, incrementaría la partida dirigida a tener en estado de revista las carreteras aproximadamente en un 35%. El ministerio disiente de esta interpretación a la vista de que el contrato concesional de las autovías de primera generación incluye la conservación durante 19 años.
Los trabajos de conservación de carreteras van desde el acondicionamiento del firme, limpieza y poda en las cunetas, hasta la retirada de nieve y el mantenimiento del alumbrado y señales. Acex lleva desde el inicio de la crisis pidiendo un esfuerzo inversor del 2,5% sobre el valor patrimonial de la red de carreteras (el Banco Mundial recomienda un 2%). Según sus cálculos, la del Estado supera ligeramente los 80.000 millones y el valor de las carreteras de comunidades autónomas y diputaciones supera los 115.000 millones. Con estas cifras, solo Fomento debería más que doblar su inversión anual en conservación, hasta los 2.000 millones por ejercicio.
La puesta a punto cuesta más de 6.000 millones
El Gobierno presume de una de las mejores redes de infraestructuras del mundo y ha trasladado a lo largo de la crisis que el esfuerzo de conservación de las carreteras era adecuado para mantener la seguridad. Sin embargo, quienes se dedican al cuidado de la red hablan de un déficit mareante de recursos económicos. En el arranque de 2010, Acex calculaba que se habían dejado de invertir 8.600 millones desde 2005, en función de las recomendaciones del Banco Mundial sobre inversión en el mantenimiento de infraestructuras. Una cifra que se ha duplicado en los cinco años siguientes, hasta llegar a 2015.
Se cumple justo un año desde que la Asociación Española de la Carretera (AEC) lanzó un crítico informe en el que aseguraba que “la comodidad y seguridad vial estaba en riesgo por falta de conservación”. Desde el punto de vista de esta entidad, que reúne asociaciones empresariales, compañías, colectivos profesionales e incluso a representantes de la Administración, “las carreteras se enfrentan a un deterioro sin precedentes, la peor situación desde 1985”. Dar la vuelta a la situación, según sus estimaciones, requería la inversión de 6.200 millones.
“Cada euro no invertido a tiempo en refuerzo de firmes se transforma en cinco euros en tres años y en 25 euros en el quinto”, recordaba la AEC. El citado informe señalaba que la reposición y refuerzo de firmes precisaba con urgencia 1.900 millones en la red de carreteras del Estado y casi 4.000 millones en la autonómica.
También destacaba como necesaria la reposición de 330.000 señales; repintar las marcas viales de 52.000 kilómetros y revisar buena parte de la iluminación (el 82% de las luminarias registran rangos inadecuados de iluminancia, dice la AEC).
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