Industria incentivará la electricidad con carbón a cambio de inversiones
Se devolverán las inversiones medioambientales por compra de mineral Fuertes presiones del Gobierno de Castilla y León Las partes critican que Industria no ofrezca datos
Hoy es un día clave para lograr una solución que permita la quema de carbón nacional en las centrales térmicas, después de que el pasado 1 de enero caducaran los mecanismos legales que obligaban a las eléctricas a comprar determinados volúmenes de mineral autóctono a cambio de un precio regulado. Ayer, el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, mantuvo una reunión con los responsables de regulación de las grandes eléctricas y está previsto que hoy haga lo propio en la Comisión de Seguimiento del Plan del Carbón 2013-2018 con los sindicatos mineros y la patronal del sector, Carbunión.
Por el momento, el ministerio ha elaborado un borrador de orden ministerial en el que establece un programa de incentivos, los denominados pagos por capacidad, por inversiones medioambientales a cambio de la compra de carbón nacional a largo plazo. Se trataría de restituir el 100% de las inversiones (esencialmente las de desnitrificación o reducción de emisiones de óxido nitrógeno a las que obliga la normativa europea a las centrales que quieran seguir en funcionamiento más allá de su vida útil) siempre que estas quemen carbón autóctono. Los pagos se desembolsarían en función del combustible adquirido.
El problema –critican las partes– es que el borrador no especifica ni las cantidades, ni el precio por tonelada, ni a qué centrales afectaría, ni las inversiones ni cómo se establecerán los compromisos. Fuentes empresariales consideran que el borrador es el resultado de las fuertes presiones que el Gobierno ha recibido del Ejecutivo de Castilla y León, que quiere evitar un levantamiento de las comarcas mineras en vísperas de las elecciones autonómicas y municipales.
En una reunión que el pasado jueves mantuvieron en el Congreso diputados y senadores de León con Alberto Nadal, aquellos lograron arrancar al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a través de una llamada telefónica que le hizo el presidente de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, la promesa de impulsar “de inmediato y de forma inequívoca” el mecanismo para incentivar la compra de carbón autóctono.
Según fuentes de los participantes de la reunión fue un encuentro “tenso”, con golpes en la mesa, en la que se exigió al ministerio una solución rápida y concreta, que no se alargue en el tiempo. Herrera ha pedido que, en tanto entre en vigor el mecanismo, se condicionen las ayudas por parte de las eléctricas a la compra de carbón también durante todo este año.
El ministerio viene prometiendo desde principios de año un nuevo sistema de protección para reemplazar al anterior, en el que la ayuda se traducía en una subvención al kilovatio producido. Una ayuda de Estado autorizada en su día que no podía volver a aplicarse. De hecho, en el Gobierno atribuyen la tardanza a la meticulosidad con que se han estudiado las posibles soluciones, para evitar problemas con Bruselas.
El problema, según las mineras, es que no todas las eléctricas han comunicado aún su intención respecto a la desnitrificación de sus centrales. Las que inviertan en este proceso seguirán funcionando más allá de su vida útil, las que no, se verán obligadas a cerrar antes.
Plan para una decena de plantas
Las centrales de carbón tienen dos años de plazo para cumplir con la directiva 2010/75 de emisiones industriales (DEI), la cual establece, entre otros, unos límites máximos de emisiones de óxido de nitrógeno y les obliga a optar entre una reducción de horas de funcionamiento (1.500 al año), lo que las abocaría finalmente al cierre al no poder cubrir sus costes fijos, o acometer inversiones para la desnitrificación de su proceso productivo y poder ampliar así su vida útil.
EDP España fue la primera eléctrica que dio un paso al frente al anunciar en noviembre un plan de inversiones para construir sendas plantas desnitrificadoras en sus centrales térmicas de Aboño –en su grupo 2– y de Soto de Ribera –grupo 3– con las que reducirá las emisiones de óxido nitroso en un 80%, muy por encima de lo que establece la norma europea. La primera entrará en funcionamiento en noviembre de 2016 y la segunda, en abril de 2017, convirtiéndose en las primeras centrales de carbón nacional en abordar la adaptación. Con una inversión de 100 millones de euros, el proyecto permitirá a Aboño 2 y Soto 3 funcionar, al menos, hasta diciembre de 2035, 10 años por encima de su vida útil. Las centrales que opten por no adaptarse se pueden acoger al Plan Nacional Transitorio (PNT) para el cierre programado, mediante la reducción de horas de funcionamiento por debajo del 35%.
A falta de datos, en el sector calculan que las centrales que invertirán en este proceso medioambiental y que recuperarían su inversión en pagos por capacidad serían una decena de grupos. Entre ellos, los Teruel, Compostilla, Narcea, La Robla, Puente Nuevo y los citados de Aboño y Soto de la Rivera. No se incluyen las de carbón de importación.
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