Andorra es el origen o destino del 22% del efectivo incautado en aduanas
España aprueba el examen antiblanqueo, aunque el GAFI avisa de que el Sepblac necesita más medios
La Guardía Civil y los Servicios de Vigilancia Aduanera incautaron 57,8 millones de euros entre 2011 y 2013 de personas que pretendían entrar o salir de España con dinero en efectivo sin declarar. El 21,6% del importe decomisado tenía como origen o destino Andorra. La legislación obliga a notificar las salidas y entradas de efectivo del país cuando superan los 10.000 euros.
La caída de la Banca Privada de Andorra (BPA) tras la acusación de blanqueo de capitales realizada por las autoridades estadounidenses ha reforzado el estigma sobre el pequeño país de los Pirineos. Andorra figuraba en la lista de paraísos fiscales de España desde su creación en 1991 y salió de ella en 2010, cuando ambos países firmaron un tratado de intercambio de información tributaria.
Si bien el blanqueo de capitales y los delitos fiscales pueden cometerse desde un ordenador, la frontera física entre España y Andorra sigue siendo un punto crítico de entrada y salida de capitales. Según los datos recabados por Cinco Días del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) –el organismo mundial que supervisa y desarrolla políticas contra el blanqueo de capitales– y el Ministerio de Economía, la Guardia Civil y los servicios de Vigilancia Aduanera decomisaron 57,8 millones de euros en dinero en efectivo al detectar a personas que entraban o salían del país por vía en los controles fronterizos en carretera y aeropuertos. De este importe, 12,5 millones se incautaron en la frontera con Andorra. Así, se detectaron a 263 viajeros que intentaron entrar al país vecino con 7,2 millones de euros entre 2011 y 2013. Y se intervinieron 5,3 millones que hacían el camino contrario, de Andorra a España. Fuentes de la Guardia Civil del puesto fronterizo de Lérida señalan que, el año pasado, la totalidad de dinero incautado se detectó en ciudadanos que entraban a España y no decomisó efectivo de salida. Ello sugiere que los contribuyentes españoles ya no confían en Andorra para sacar su dinero negro por carretera y, aquellos que lo hicieron en el pasado –cuando el secreto bancario andorrano era sagrado–, están optando por repatriar el dinero evadido.
La Guardia Civil informó de que, en 2014, decomisaron 1,5 millones de dinero que llevaban ciudadanos que entraban en España. El 70% eran españoles, seguidos por franceses y andorranos. La Guardia Civil destaca que los rusos ocuparon la cuarta posición del ranking.
Andorra dejó de ser un paraíso fiscal para España en 2010
La legislación ampara los movimientos de capitales y un ciudadano puede viajar con tanto dinero en efectivo como quiera. Aunque, si supera los 10.000 euros debe presentar la declaración S1. Por ejemplo, en el año 2013, salieron de España 235 millones en efectivo de forma legal y entraron 227 millones. Cuando la autoridad detecta a una persona con más de 10.000 euros sin declarar, le decomisa todo el dinero y le deja con 1.000 euros. Y las sanciones pueden llegar hasta el 200% dependiendo de si hubo ocultación y otras variables.
El GAFI emitió un informe en diciembre en que señaló que la “mayoría de los movimientos no declarados de efectivo con destino u origen en Andorra están relacionados con delitos fiscales”. El organismo internacional en ese documento realiza una evaluación de las medidas que tiene España para prevenir y luchar contra el blanqueo de capitales. La nota es positiva en prácticamente todos los aspectos analizados y se publicó antes de que estallase el escándalo de Banco Madrid. El GAFI realiza un conjunto de recomendaciones generales y determina el grado de cumplimiento. El organismo señala que España cumple en todas las variables. El Servicio Ejecutivo de Prevención para el Blanqueo de Capitales (Sepblac), dependiente del Ministerio de Economía, es el principal organismo en este ámbito y ejerce labores de control sobre los llamados sujetos obligados. Estos son las entidades financieras, abogados, asesores fiscales o notarios, entre otros, que tienen la obligación de mantener sistemas de prevención para detectar si alguno de sus clientes intenta utilizar los servicios para blanquear dinero. Cuando ello ocurre, deben emitir un aviso al Sepblac. El GAFI indica que es preciso elevar la plantilla y los recursos del Sepblac, que actualmente cuenta con una plantilla de 85 personas, alerta de que, por ejemplo, en la división de supervisión trabajan sólo 15 profesionales e indica que los medios del Sepblac pueden resulta insuficientes para ejercer un control efectivo.
En el caso de las entidades financieras, esa labor se realiza compartidamente con el Banco de España. Sin embargo, el Sepblac actúa en solitario en la supervisión de 2.891 notarios, 1.079 registradores, 2.603 auditores, 4.227 agentes de la propiedad o 400 abogados que desarrollan actividades susceptibles de utilizarse para blanquear dinero.
De hecho, el GAFI critica que precisamente los abogados son un colectivo que no aplica adecuadamente las medidas de prevención del blanqueo. También pide que se eleve más allá de los cinco años actuales la inhabilitación para profesionales que han sido condenados por blanqueo. El organismo internacional también alerta de que las sanciones penales pueden no ser disuasorias y lamenta que la justicia suela optar por el “grado inferior” en penas de cárcel. Aunque reconoce que eso está cambiando en los últimos años y pide más celeridad en los tribunales.