Desde Sevilla, la UE lucha contra la contaminación
Unas 50.000 instalaciones industriales de Europa requieren autorización de su actividad una vez comprobado que aplican las mejores técnicas sostenibles (MTS, o best available techniques, BAT o BREF) –legislación europea–, que tienen como objetivo prevenir, reducir y, en la medida de lo posible, eliminar la contaminación procedente de la industria y de la agroindustria.
La Oficina Europea de Prevención y Control Integrados de la Contaminación (IPPC), integrada en el Instituto de Prospectiva Tecnológica de Sevilla (IPTS) del Centro Común de Investigación de la Comisión Europea, se ocupa desde 1996 de procurar el acuerdo entre los 28 Estados que integran la UE, los sectores industriales y las ONG medioambientales para elaborar los documentos de referencia sobre las mejores técnicas. De momento hay 35 ya aprobados, aunque sometidos a continua revisión y actualización.
El “proceso de Sevilla”. Así es como se conoce a este conjunto de acciones y mecanismos que en dicha ciudad se llevan a cabo para “construir consenso”. “Una tarea tan extenuante como apasionante”, reconoce Serge Roudier, jefe de la Oficina Europea IPPC, plenamente consciente de la trascendencia de los trabajos que coordina junto a una veintena de expertos. “Hablamos de un proceso único en Europa, y quizá en el mundo, que consiste en un arbitraje complejo que, partiendo de una masa inmensa de información, acaba definiendo los estándares europeos para preservar tanto el medioambiente como la actividad industrial. Siempre con una base técnica-económica, que no política, puesto que se trata de proteger, e incluso mejorar, los niveles de sostenibilidad”.
Las normas técnicas que exige la Directiva europea sobre Emisiones Industriales (DEI) de 2010 se fundamentan en la evidencia, la demostración, la verificación y el espíritu crítico. “Lo que no es posible, aquí no interesa. En nuestro trabajo no importa quién dice qué, ni si el que propone es un país grande o pequeño. Solo consideramos el valor real”, subraya Roudier.
35 documentos (BREF) ha aprobado la Comisión Europea con el consenso de los 28 Estados, la industria y las ONG.
Sin embargo, reconoce que no es fácil y que a menudo grupos de presión insisten en los costes que estas medidas suponen en determinados sectores a los operadores y los riesgos laborales que implica llevarlas a término. “Tenemos que ser muy conscientes de las repercusiones, lo que implica mucho debate y mucha reflexión, de ahí que cada proceso dure unos tres años. Es un asunto sumamente delicado, que la Comisión encargó al Joint Research Center, JRC, ¿dónde se combinan mejor excelencia científica, transparencia y neutralidad?”, concluye el experto.
El JRC es el organismo que aglutina los siete centros de investigación de la CE, entre ellos el IPTS, y que ofrece asesoramiento científico y técnico a legisladores y políticos de la UE.
Seúl replica el ejemplo sevillano
La eficiencia del “proceso de Sevilla” siempre ha sido reconocida en el extranjero, “pues evita que cada Estado europeo tenga que hacer un ejercicio de consenso similar de forma aislada”, explica Serge Roudier, su coordinador.
China, Rusia e India vienen mostrando su interés por conocer el método de trabajo. Pero ha sido Corea del Sur el país que ha dado el primer paso para poner en marcha una oficina similar.
En los últimos cuatro años, el Bureau ha presentado las conclusiones de siete sectores agroindustriales para su adopción formal por el Comité de Estados Miembros. Trabaja en la revisión y preparación de documentos sobre: cría porcina y avícola intensiva, grandes volúmenes de productos químicos orgánicos, tratamiento de residuos, grandes instalaciones de combustión, producción de alimentos o piensos animales y vegetales, incineración de desechos, conservación de madera y productos derivados con sustancias químicas, así como tratamiento de superficies con solventes orgánicos que contaminen menos.