La larga crisis de la construcción pone a Aerco contra las cuerdas

La crisis económica ha pasado como una apisonadora sobre las constructoras regionales de obra civil. Más de una treintena de ellas llegaron a estar agrupadas en la patronal Aerco, uno de los tres grandes colectivos del sector junto a Seopan y Anci. Decían sumar una facturación de 6.000 millones en 2007. Hoy apenas quedan cuatro socios y la estructura ha sido reducida a la mínima expresión.

La imposibilidad de hacer frente a las cuotas ha hecho que la asociación abandone la CNC, foro de foros para la construcción y los sectores afines. Con ello, Aerco ha perdido representación en la CEOE, Cepyme o en la Federación de la Industria Europea de la Construcción (FIEC), entre otras instituciones. Pero el colectivo se resiste a desaparecer.

Surgida en 1996 de la iniciativa de siete constructoras, Aerco ha tenido un papel protagonista durante los años de explosión de la obra pública, así como en los primeros tiempos de la crisis. El despacho de presidente ha sido ocupado por ex ministros como Jesús Sancho Rof y Javier Sáenz Cosculluela. Sonados fueron los choque entre este último y quien fue presidente de las grandes constructoras de Seopan, David Taguas, ante la insistencia de los pequeños de reclamar más voz en la CEOE o pedir la fragmentación de los contratos de obra civil para que llegaran a las firmas más modestas.

Entre las cuatro compañías que se mantienen en Aerco figuran la vallisoletana Construcciones Llorente (Collosa), la pacense Gevora, la madrileña Abaldo y la zaragozana Ceinsa. La presidencia recae en estos momentos sobre la primera de ellas, con Alejandro Llorente al frente, y José María Izard se mantiene como gerente. Representantes de las otras tres constructoras ocupan la vicepresidencia, el puesto de tesorero y el de vocal.

Economía de guerra

Atrás quedan los ecos de debates mantenidos durante horas por decenas de directivos en la sala de juntas de la sede de Aerco, en la calle Raimundo Fernández Villaverde de Madrid, frente a Fomento. La recuperación económica, la esperanza de que muchos proyectos paralizados se revitalicen y la fuerte necesidad de conservación de las infraestructuras ya creadas son tablas a las que se agarran estas empresas medianas.

“Seguimos con la dinámica de siempre, buscando la interlocución con la Administración y representando a nuestros socios. Buscamos superar la crisis y queremos mantenernos independientes”, comenta Izard. La web corporativa de esta patronal explica que “las empresas integradas en Aerco generan, en conjunto, una cifra de negocio superior a los 500 millones y dan empleo a más de 1.000 personas”. También defiende que este tipo de compañías, frente a gigantes como Dragados, FCC, Ferrovial Agromán, OHL o Sacyr, “dan gran estabilidad al sector y constituyen la base del desarrollo de la actividad constructora en sus respectivas Comunidades Autónomas”.

Durante años han funcionado como subcontratas de las grandes o han ido integradas con ellas en sus consorcios cuando se trataba de hacer grandes tramos de AVE o de carreteras. La eterna reivindicación siempre fue un mayor peso en la contratación directa con Fomento. En 2008 las empresas de Aerco llegaron a copar el 11,4% de los contratos licitados por el Ministerio, frente a cuotas superiores de Anci, colectivo que agrupa aún a 25 constructoras medianas, y de Seopan. Durante años se habló de una posible integración de patronales, especialmente entre las medianas, y en estos momentos Anci tiene abiertas sus puertas a posibles incorporaciones. Las últimas en cruzar el puente de Aerco a esta última asociación presidida por Jaime Lamo de Espinosa fueron las levantinas Cyes –que también ha terminado saliendo de Anci– y Torrescámara.

La sequía está siendo implacable. La cartera de inversión plurianual de Fomento es menos de la mitad de lo que llegó a ser, según calculan los expertos, pasándose de cifras cercanas a los 63.000 millones en 2009 a menos de 23.500 millones de 2014. En cuanto a licitación, Fomento ha pasado de los 12.400 millones en concursos de 2008 a cifras inferiores a los 3.000 millones, a lo que se suma la debacle de la licitación de las comunidades Autónomas, que cae un 90% desde los 14.225 millones de 2006.