¿Quién decidió en Hacienda la gestión de la ‘lista Falciani’?

¿Hubo un trato de favor hacia los contribuyentes españoles que aparecían en la lista Falciani? La Organización de Inspectores de Hacienda y el Sindicato de Técnicos de Hacienda así lo denunció en su momento y hoy lo mantiene. Los que tenían responsabilidad en Hacienda en 2010, cuando el Gobierno recibió los datos prefieren guardar silencio y rechazan hablar públicamente de la gestión. Aunque exdirectivos de Hacienda contactados por CincoDías niegan que existiera ningún “contubernio” para proteger a contribuyentes adinerados. Aseguran que la estrategia a seguir con la lista Falciani puede ser criticada, pero que no se decidió ni en el despacho de la ministra de Hacienda, Elena Salgado, ni en la mesa del secretario de Estado del ramo, Carlos Ocaña. Indican que la responsabilidad recayó en los departamentos correspondientes de la Agencia Tributaria, principalmente el de Inspección y Gestión. Defienden que el criterio a seguir fue técnico y nunca político.

El hecho objetivo es que en el mes de mayo de 2010, la Agencia Tributaria recibió una lista con nombres de contribuyentes españoles que tenían cuentas numeradas y en su mayoría no declaradas en la filial suiza del banco HSBC. La información fue remitida por las autoridades francesas, que la obtuvo de Hervé Falciani, el informático y exempleado de la entidad financiera que sustrajo una lista con miles de clientes de todo el mundo. Tras recibir la lista, se produjo un proceso de depuración de datos. Hacienda señaló que la información era voluminosa, compleja y, en algunos casos, incompleta.

La primera medida que adoptó la Agencia Tributaria fue remitir en junio de 2010 una carta a 659 contribuyentes que aparecían en la lista Falciani. En el requerimiento, que este periódico publicó pocos días después de enviarse, Hacienda informaba a los destinatarios que tenía conocimiento de la existencia de cuentas en el HSBC e instaba a regularizar la situación. Aclaraba que la carta suspendía la prescripción y suponía “el inicio de un procedimiento de gestión tributaria”. Tras conocerse el contenido del requerimiento, las críticas se multiplicaron. Inspectores de Hacienda y técnicos denunciaron que la Agencia Tributaria estaba poniendo una alfombra roja a los defraudadores al renunciar a abrir una inspección fiscal. La notificación de Hacienda implicaba que si los contribuyentes regularizaban su situación y presentaban una declaración complementaria, quedaban automáticamente exonerados de responsabilidades penales y posibles penas de cárcel. La llamada excusa absolutoria derivó, por ejemplo, en el sobreseimiento de la denuncia por delito fiscal contra el expresidente del Banco de Santander, Emilio Botín, fallecido en septiembre del año pasado.

¿Por qué no se abrió una inspección fiscal en un primer momento ante la existencia de pruebas que indicaban fraudes millonarios? ¿Por qué no se sentó directamente en el banquillo a los presuntos evasores? Fuentes con responsabilidad en aquel momento indican que la estrategia se adoptó teniendo en cuenta que el origen de la información era ilícito –procedía de un robo–, y los datos resultaban confusos, eran de baja calidad y por sí solos tenían una dudosa validez probatoria ante un juez. Un exdirectivo, que prefiere no ser identificado, indica que la información de la lista hubiera servido de base para armar un expediente, sin embargo, para ello se precisaba la colaboración de Suiza, un país que defendía con uñas, al menos en ese momento, su opacidad. Argumenta que los responsables de gestionar la lista Falciani en el marco de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), fueron los mismos que solicitaron la información a Francia y defiende que no tiene sentido reclamar unos datos para ofrecer posteriormente tratos de favor.

En cambio, para la Organización de Inspectores, la gravedad de los casos requería de la apertura de una inspección, en lugar de fijar un procedimiento singular que se podía interpretar como una “amnistía fiscal encubierta”. Entienden que faltó voluntad política del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero para llegar hasta el final. El Sindicato de Técnicos de Hacienda, (Gestha) fue un paso más allá y presentó una querella que, en un primer momento fue archivada, y que la Audiencia Provincial de Madrid, como avanzó El País, reabrió el pasado miércoles. El juzgado ordena investigar la actuación de Carlos Cervantes, exjefe del Departamento de Inspección, y María Dolores Bustamante, exdirectora de Gestión Tributaria. Una comunicación firmada por ambos el 26 de junio de 2010 fijaba los pasos a seguir de los delegados especiales de la Agencia Tributaria. En ella, se señalaba que las posibles sanciones contra los contribuyentes que hubieran regularizado debían circunscribirse a las “rentas procedentes de las cuentas en el banco HSBC”. Los funcionarios de la Agencia Tributaria entendieron que se renunciaba a sancionar por el capital total y se limitaba a los intereses –no especialmente elevados– que generaban esos depósitos. En el mismo auto se indica que no cabe emprender acciones contra el que fuera en aquel momento director de la Agencia Tributaria, Juan Manuel López Carbajo.

Las posiciones enfrentadas que había en junio de 2010 se mantienen hoy cuando la publicación de los nombres de la lista Falciani por parte del Consorcio Internacional de Periodistas ha devuelto el tema a la agenda pública. Y las sombras sobre este proceso parece que están muy lejos de desaparecer.