Los peritos culpan al antiguo consejo de Bankia de no medir el riesgo
La defensa de Bankia aprovechó la tercera sesión de preguntas de las partes a los autores del informe pericial, que denuncia un presunto maquillaje de sus cuentas antes de la debacle de la entidad, para señalar que estos resultados contaron en todo momento con el visto bueno del Banco de España.
Los peritos, inspectores de esta institución que actúan ahora bajo las órdenes del juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, defendieron que el responsable de controlar las cuentas es el consejo de la entidad, no el Banco de España, cuya obligación principal es velar por la solvencia. La culpa, por tanto, recaería en el mal hacer del consejo cuya labor denota “una pésima calidad del seguimiento del riesgo de crédito de BFA, o incluso su carencia,” como revela el hecho de que en su análisis encontraran 58 acreditados de la entidad, por valor de 1.366 millones de euros, que aparecían sin balance.
Ante las preguntas del abogado de Bankia, Luis Jordana, de por qué no tuvieron en cuenta las provisiones genéricas de la entidad a la hora de analizar los ajustes que requieren, los peritos argumentaron que estaban ya utilizadas y que, de hecho, les hubiese chocado que una entidad que pidió 22.500 millones de ayudas públicas no las hubiera agotado antes. La defensa continuó entonces cuestionando sus afirmaciones sobre el posible fraude cometido en la salida a Bolsa de la entidad.
Lazard justifica el pago a Rato de 6 millones
El banco de inversión Lazard ha justificado ante el juez Fernando Andreu el pago de 6,1 millones de euros que realizó a Rodrigo Rato en 2011, cuando ya era presidente de Bankia, y ha explicado que fue resultado de un contrato de derechos sobre acciones que el expresidente de la entidad había adquirido tres años atrás.Rato recibió un total de 8 millones entre sueldo fijo, bonus y acciones durante los más de dos años que trabajó como director general de Lazard, antes de incorporarse a Bankia. Las explicaciones llegan después de que la Fiscalía Anticorrupción le preguntara por sorpresa a Rato en su interrogatorio como imputado por las tarjetas opacas de la entidad por esa transferencia de 6,1 millones recibida el año del debut bursátil de Bankia. Rato lo justificó en el canje de unos derechos sobre acciones adquiridas en 2008, versión que ahora confirma Lazard.
El análisis sobre la fidelidad de los datos publicados por Bankia en el folleto de salida a Bolsa es clave para valorar una posible sentencia que obligue a indemnizar a los accionistas de la firma por sus cuantiosas pérdidas. “El perjuicio directo causado a los inversores se cifra en 3.092 millones de euros, el importe de los fondos captados en la salida a Bolsa”, detallaban los inspectores del Banco de España en su informe pericial.
Bajo la presidencia de Rodrigo Rato, Bankia salió a Bolsa el 19 de julio de 2011 en lo que institucionalmente se manejó como una cuestión de Estado para garantizar la viabilidad del sistema financiero español. Plan que se demostró fallido en mayo del año siguiente cuando la precaria situación de la entidad obligó a relevar a su cúpula y reformular las cuentas de la entidad, revelando un agujero que terminó provocando la petición de un rescate para el sector. Bankia comenzó a cotizar a un precio de 3,75 euros. Un descuento sobre el valor contable del 74% que, según los peritos, “volvió inviable a BFA, al romper el grupo fiscal y dañar la recuperabilidad de sus cuantiosos activos fiscales”, dejándola en quiebra técnica, como revelaron los peritos Antonio Busquets y Víctor Sánchez.
Los peritos insistieron ayer en su valoración de que la fijación de dicho precio “no fue un modelo de concurrencia, pues se realizó en base a las ofertas de 29 grupos económicos, algunos incluso con relaciones de dependencia respecto al grupo BFA”, matriz del banco. Un panorama bajo sospecha en el que los dos expertos detectaron “compras inexplicables” de acciones “realizadas por acreditados con riesgos refinanciados y retrasos generalizados en el pago de sus cuotas”. Una situación que hace pensar que adquirieron el valor a cambio de refinanciar sus deudas, sospecha que se acentúa por el hecho de que se produjeran “ventas inmediatas a la salida a Bolsa, que ponen en duda el interés real de algunos inversores”. En su comparecencia del lunes, los peritos criticaron que Bankia no les haya facilitado el NIF de todos los compradores a fin de poder dilucidar su interés real en la operación.
El presunto fiasco, en todo caso, jugó según los peritos “en perjuicio de sus accionistas y acreedores, principalmente los tenedores de obligaciones subordinadas y participaciones preferentes”, a los que se compensó con acciones por los instrumentos híbridos que habían comprado, “así como el propio FROB”, es decir, a las arcas públicas. Fuentes presenciales aseveran que los peritos no admitieron ningún error en esta valoración, pese a que fue cuestionada por la defensa de Bankia y Rato, entre otros, en una sesión que se alargó durante seis horas.
De ser tomadas por buenas las conclusiones de los peritos, que es lo que se dilucida esta semana en la Audiencia Nacional, ganarían peso las denuncias de los miles de accionistas que han perdido su dinero. A partir de ahí, desde Bankia aseguran que el grupo tiene “músculo suficiente” para hacer frente a la devolución del dinero, puesto que BFA cuenta con un exceso de capital de 5.500 millones. Fuentes cercanas al FROB admiten, sin embargo, que el organismo público contempla la posibilidad de asumir buena parte del impacto al poseer el 100% del capital de BFA.
¿Prestó su ayuda la entidad?
La polémicaEl grado de colaboración de Bankia con la investigación pericial ha sido objeto de controversia estos días ante la acusación de los inspectores de que la entidad no les proporcionó toda la información requerida. Aunque el juez recordó que, como acusada, Bankia no tiene obligación de colaborar en una causa que podría condenarla, la entidad asevera que ha proporcionado toda la ayuda posible.
Las peticionesLa petición de datos, un documento de 33 páginas de las que la mitad corresponden a las cuestiones planteadas por los peritos y el resto a la diligencias correspondientes del juez, se llevó a cabo el 6 de marzo de 2014.
El plazoBankia asevera que creó entonces un equipo específico para dar respuesta a todas las cuestiones, lo que hizo dos meses después, cuando facilitó más de 1.000 archivos electrónicos. Desde la entidad sostienen que los peritos podrían haber repreguntado si no estaban conformes con el dossier recibido pero estos alegan que la tardanza de la entidad ante el primer requerimiento podía haber demorado la investigación.
Los créditosEl punto de mayor fricción es la ingente información requerida sobre los 13.244 millones de euros en créditos a constructoras reclasificados como subestándar por el equipo de José Ignacio Goirigolzarri, con un impacto de 1.859 millones en las cuentas de la entidad, que según los peritos debieron calificarse íntegramente como morosos. Los inspectores defienden que no pudieron analizar préstamo a préstamo porque Bankia no les dio los expedientes individuales. La entidad, que asevera que les remitió un Excel con 3.454.757 campos solo sobre este tema, explica que las reclasificaciones se hacen por carteras completas, como en ese caso por la mala situación del sector constructor, y que no hay motivaciones individuales.