Industria suaviza la norma tras fracasar la asignación del cupo eólico canario

El real decreto ley sobre el régimen fiscal de Canarias que el Gobierno aprobó en plenas navidades, incluye una disposición por la que se suavizan las condiciones para el registro del llamado cupo eólico canario: 450 MW cuyo plazo de inscripción terminaba el pasado mes de noviembre y que resultó todo un fracaso al haberse interesarse en el proceso tan solo 15 MW, un 3,33% de lo ofertado.

Según indicaba ayer la Asociación Empresarial Eólica (AEE) en una nota, “el Ministerio de Industria ha entendido que las condiciones planteadas para la instalación de los nuevos megavatios no eran idóneas y ha decidido alargar los plazos de registro e instalación”. Así, fija el 31 de diciembre de 2015 como fecha de inscripción en el registro, frente al 31 de diciembre de 2014. Además, amplía dos años (hasta diciembre de 2018) para que los aerogeneradores estén instalados y en funcionamiento. En la AEE recuerdan que la media para la puesta en marcha de un parque es de siete años, mayor aún en el caso de Canarias.

El 5 de agosto entró en vigor la orden por la que se establecía el régimen retributivo para la producción eólica y fotovoltaica en los sistemas extrapeninsulares, que se determinarán mediante un proceso de subasta. La orden eximía de esta obligación a las nuevas instalaciones eólicas en Canarias, por lo que podrían percibir una retribución a la inversión de manera directa sin pasar por una subasta. Al valor de la inversión se le añadirá un incentivo por reducción de costes de generación.

Pese a la citada excepcionalidad, en noviembre sólo 15 MW se mostraron dispuestos para el registro, ninguno de ellos procedente de los concursos canarios que se pretendía priorizar. La intención de Industria es que la nueva capacidad procediese de los megavatios adjudicados en los concursos autonómicos convocados en su día, que no habían llegado a registrarse. En total, 600 MW, entre nueva capacidad, repotenciaciones y proyectos experimentales.

Con ese apoyo, el ministerio que dirige José Manuel Soria, pretende acelerar la instalación de energía eólica en Canarias para reducir los extracostes de la generación convencional, que ascienden a 1.800 millones anuales en todos los sistemas no peninsulares, la mitad de los cuales lo pagan los usuarios en la factura de la luz y la otra mitad, el Estado.

Tanto para la AEE, como para la Asociación Eólica Canaria (Aeolican), la cuestión no es solo de plazos, sino de que la reforma eléctrica “ha frenado las inversiones como consecuencia de la inseguridad jurídica del nuevo marco regulatorio anterior (..) que permite cambiar las condiciones retributivas cada seis años”.

Además, la prebenda canaria supone una discriminación para los parques ya instalados en las islas que han visto reducir o desaparecer (en el caso de los anteriores a 2004)los incentivos en los mismos términos que los de la península. En Canarias hay instalados 165 MW eólicos, de los que el 72% funcionan con anterioridad a 2004. En este sentido, la AEE propone que todos ellos perciban también un incentivo a la reducción de costes de generación durante su vida útil, para evitar la discriminación.

La AEE calcula que la instalación de los 450 MW previstos supondrán una inversión de unos 630 millones; la creación de unos 3.500 empleos en los años de construcción de los parques y entre 1.000 y 1.400 puestos de trabajo fijos en las islas.