Repensar la universalidad del Estado de bienestar

Un contexto de crisis económica como el actual, con elevados déficits públicos y un incremento del gasto social en prestaciones por desempleo o jubilación es un caldo de cultivo ideal para el debate sobre la viabilidad del Estado del bienestar y sus posibles reformas. El primer número de la nueva etapa de la revista 3conomí4, editada por el Consejo General de Economistas y que ya se publicó entre 1989 y 1992, aborda esta cuestión con la participación de diversos expertos. Durante la presentación ayer de la publicación, el catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Pompeu Fabra Guillem López Casanovas abogó por repensar la universalidad actual del Estado del bienestar, donde la mayoría de servicios como la sanidad o la educación se prestan sin priorizar según las necesidades o rentas de los usuarios.

Los datos actuales reflejan que España, dentro del contexto europeo, presenta un gasto social significativamente inferior al promedio. Medido en términos de PIB, España gasta menos que la mayoría de socios europeos en sanidad, educación y, a pesar del elevado desempleo, también en protección social. Sin embargo, Casanovas desdeñó estos cálculos –que consideró más propios de los trabajos de politólogos– y abogó por recurrir al concepto de renta disponible. En su opinión, el bienestar implica tener un buen nivel de renta y ocupación, en lugar de presentar un determinado gasto social en términos de PIB que puede variar por la caída de la actividad o el incremento de las prestaciones en un contexto de crisis económica.

Casanovas propone reformar el Estado del bienestar por el lado del gasto público. Argumentó las limitaciones y problemas de abordar la redistribución a través de los ingresos. Señaló que los sistemas fiscales cada vez son menos progresivos por la dificultad de gravar las rentas de capital en un mundo cada vez más globalizado. En este sentido, Ignacio Zubiri, catedrático de Hacienda Pública, señaló que efectivamente el IRPF es un tributo muy progresivo, sin embargo, lamentó en un artículo de la revista que “el problema es que, por el fraude y otras causas, los que más declaran no coinciden con los que más tienen”. Por otra parte, otra limitación a la redistribución por el lado de los ingresos la constituyen los tributos proporcionales como el IVA, que ganan terreno frente a los impuestos directos. Entre otros motivos, Casanovas señala que elevar los tipos indirectos resulta menos costoso en términos políticos. “Las políticas de gasto deberían ganar la redistribución que se pierde por el lado de los ingresos”, defendió.

Y es en este contexto en el que el catedrático de Economía Aplicada apostó por “repensar la universalidad del Estado del bienestar y ser más selectivo con el gasto social”. En su opinión, se debería priorizar en función de las necesidades de los usuarios y, además, se podrían fijar peajes para evitar el mal uso de los servicios públicos. En el ámbito sanitario, puso como ejemplo el hecho de acudir directamente a urgencias con dolencias propias de la atención primaria. En este punto, sí que se podrían establecerse ciertos copagos, cuya recaudación sería nula si la utilización del servicio fuera la correcta. Casanovas advirtió que la universalidad del Estado del bienestar muchas veces resulta regresiva porque son las clases acomodadas quienes más utilizan ciertos servicios. Como ejemplo de ello, citó la universidad, donde la mayoría de estudiantes son, a su vez, hijos de universitarios.

La posibilidad de fijar copagos o umbrales a partir de los cuales debe pagarse un servicio en función de la renta resulta más complejo, reconoció el experto. Uno de los principales problemas es el fraude y la picaresca. Un contribuyente adinerado y que sea capaz de ocultar sus ganancias y patrimonio podría acceder a bienes públicos exclusivos para rentas bajas. Por ello, Casanovas abogó por limitar la universalidad del Estado del bienestar a partir de las necesidades objetivas de los ciudadanos.