El Gobierno quiere vender el 50% de Cesce antes de julio de 2015
El Gobierno está decidido a desprenderse en los próximos meses de su participación en Cesce, una compañía especializada en la venta de seguros contra el riesgo de impago, y en la que el Estado controla el 50,25% del accionariado (el resto está en manos de Santander, 21,07%; BBVA, 16,3%, y otros bancos). El hecho de que ahora comience un año electoral no ha desanimado a Economía, que prevé completar la operación antes de julio.
Una empresa clave para la exportación
La Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (Cesce) fue creada por el Estado en 1970 con la finalidad de gestionar el seguro de crédito a la exportación y facilitar la financiación de la expansión internacional de las empresas españolas. A lo largo de sus más de 40 años de historia, la firma ha ampliando su catálogo hasta convertirse en una compañía de gestión integral del crédito comercial.
Las empresas españolas que quieren apostar por las exportaciones cuentan con una herramienta muy importante en los seguros de crédito y caución, puesto que les proporciona un sostén en su salto al exterior.
En la actualidad, Cesce es el cuarto mayor grupo europeo del ramo de crédito y caución, y cuenta con dos líneas de negocio diferenciadas. Por una parte, el seguro por cuenta propia, a través del cual cubre el riesgo de crédito empresarial, así como otras garantías para incumplimientos de contratos. Y, por otra parte, gestiona la cobertura por cuenta del Estado español de los riesgos comerciales, políticos y extraordinarios, como puede ser una nacionalización o una restricción a la repatriación de fondos, impuesta por un Gobierno extranjero.
Esta última línea de negocio supuso el año pasado el 14% del total de primas devengadas, ascendiendo a 73 millones de euros, frente a los 150 millones facturados en 2011.
Las perspectivas de este mercado son favorables, en la medida en que continúe la apuesta por la internacionalización de las compañías españolas.
El proceso de privatización de Cesce se inició en 2012, cuando Mariano Rajoy anunció que planeaba desprenderse de esta histórica participación. Desde entonces, esta operación ha requerido para llevarse a cabo de varias reformas legislativas, que ahora llegan a su fin. El último paso lo dio el Gobierno hace 10 días, cuando aprobó un real decreto que desarrolla la nueva ley para la cobertura de los riesgos de internacionalización.
Con el nuevo marco legal, el cuaderno de venta de Cesce podrá deslindar con claridad sus dos actividades principales: la puramente privada, a través de la comercialización de seguros de crédito para empresas; y la que tiene una vertiente pública, que es la asunción de riesgos políticos por cuenta del Estado (como la nacionalización de empresas). Cuando se privatice, Cesce tendrá la exclusiva como agente gestor de esta cuenta, que representa entre el 10% y el 20% del volumen de negocio de la compañía, durante un plazo de ocho años.
Una vez diseñado adecuado el marco legislativo para poder completar la operación, tan solo falta un último paso para poner en marcha la subasta: aprobar el convenio gestor entre el Estado y la aseguradora. Este acuerdo fijará la retribución que cobrará la firma cuando realice operaciones por cuenta del Estado y su mayor o menor cuantía determinará el precio final que se pague por la compañía. La valoración final de la compañía rondará los 300 millones de euros, según fuentes del mercado, con lo que el Estado podría ingresar más de 150 millones.
Candidatos para comprar no faltan. La agencia de calificación crediticia Axesor (muy interesada en una de las filiales de Cesce, Informa, con la que compite en el suministro de información sobre sociedades), las aseguradoras AIG y Mutua Madrileña, los fondos de capital riesgo Cerberus, Apollo y Elliot Management, e incluso el gigante chino Fosun (que ha comprado hace poco la aseguradora lusa Fidelidade), estaría interesados en participar en el proceso.
A falta de conocer los detalles del último real decreto, dos grandes aseguradoras españolas podrían quedado al margen de la carrera:Mapfre y Catalana Occidente. La nueva normativa contempla como conflicto de intereses que quien se convierta en agente gestor (a través de Cesce) no podrá administrar las coberturas de riesgo de crédito de otros Estados. En el caso de Mapfre, la compañía presidida por Antonio Huertas está asociada con Euler Hermes, que gestiona riesgos de Alemania, y Catalana controla Atradius, que gestiona riesgos de Holanda. Desde estas firmas aseguran que esperan a conocer el tenor literal del real decreto para decidir si se presentan.
Quién es quién en el seguro de crédito
Cesce ocupó el año pasado la segunda posición del mercado español del seguro de crédito, con un volumen de primas devengadas de 154 millones de euros, un 22% de la cuota de mercado. A mucha distancia queda el líder, Crédito y Caución, propiedad del grupo Catalana Occidente (299 millones de euros, un 46,34% del total).
Los otros grandes jugadores de este negocio en España son Solunion (una joint venture de Mapfre y la alemana Euler Hermes), con 108 millones de euros y una cuota del 16,73%; Atradius (también de Catalana Occidente), con 15,2 millones de euros (un 2,35%) y AIG Europa, con 3,9 millones de euros (0,6%).
Cuando se conoció que el Gobierno se planteaba salir del accionariado de Cesce, muchos analistas señalaron a Catalana Occidente como el candidato ideal para comprar. Sin embargo, desde la compañía se han desmarcado en diferentes ocasiones de esta operación, alegando que ya tienen una cuota muy importante del mercado mundial del seguro de crédito, a través de Atradius (que tiene presencia en más de 50 países). Además, la vinculación de esta filial con el Estado holandés podría desalentar aún más la participación de la compañía presidida por José María Serra.
Cuando se firme el convenio gestor entre Cesce y el Estado español, será la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) quien se encargue de la venta del paquete accionarial. De acuerdo con fuentes del mercado, la secretaría de Estado de Comercio, de la que depende SEPI, habría contratado los servicios de la consultora y auditora PwC y del despacho de abogados Pérez Llorca, para asesorarle en el diseño de la operación.