Una tasa contra la elusión fiscal
Es justo que muchas de las mayores empresas multinacionales prácticamente no paguen impuestos sobre los beneficios que generan? Si comparamos lo que algunas multinacionales declaran en España con su actividad económica real generada en nuestro país, sus minúsculas liquidaciones solo pueden explicarse por la utilización de sofisticados mecanismos de elusión fiscal. En el sector de la tecnología y comercio electrónico estas prácticas son la norma.
La elusión fiscal no solo perjudica a todos los ciudadanos por los efectos que genera sobre la recaudación fiscal, sino que impide a las empresas que cumplen la ley y pagan ordenadamente sus impuestos competir en igualdad de condiciones con las que los eluden. La consecuencia de ello es menos empleo, menos crecimiento y menos prosperidad para todos.
Desde una perspectiva social, el Estado del bienestar debe ser financiado mediante un sistema fiscal que asegura su suficiencia, su solvencia en cualquier escenario económico. Un sistema fiscal que tenga en cuenta la globalización y que sortee la elusión fiscal que la internacionalización, la movilidad de capitales, las nuevas tecnologías y la debilidad de los Estados nación, sobre todo en la Unión Europea y en la zona euro, generan. La erradicación de los paraísos fiscales y del fraude debe acometerse a escala global o supranacional. Los instrumentos de recaudación fiscal deben evolucionar y adaptarse a la actualidad. Por ello se debe combatir la planificación fiscal agresiva de las multinacionales a través de medidas armonizadas que deben ser adoptadas en el seno de las organizaciones internacionales como la OCDE y la UE. Por ejemplo, como las medidas contra el fraude fiscal aprobadas en la iniciativa BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) de la OCDE o el proceso de armonización fiscal del impuesto sobre sociedades en la UE.
Las transformaciones sociales, las consecuencias de la apertura comercial y de la libre movilidad de capitales –ambas ya en la práctica globales–, la desregulación financiera que en el escenario más optimista costará reconducir, las inimaginables posibilidades que las nuevas tecnologías han aportado a las comunicaciones y a la producción de bienes y servicios, la posibilidad de trabajar físicamente en cualquier punto del planeta, el teletrabajo, exigen medios acordes con las nuevas realidad capaces de lograr sus objetivos. Medios que compensen las limitaciones que impone la dimensión todavía nacional de la fiscalidad. Nuevas herramientas compatibles con el endurecimiento máximo y coordinación a escala global de la lucha contra los paraísos fiscales, el fraude y la elusión fiscal y con la armonización de la fiscalidad en la Unión Europea.
Los socialistas llevamos mucho tiempo demandando que la unión fiscal sea también una unión por el lado de los ingresos, armonizando figuras impositivas, por supuesto, bases imponibles, y actuando de manera conjunta. Conjuntamente fuera de la UE, persiguiendo a los evasores que se refugian en paraísos fiscales y también, por supuesto, dentro, erradicando las bochornosas realidades que han amparado la elusión fiscal, como los acuerdos fiscales secretos que ha desvelado el escándalo LuxLeaks.
Sin embargo, si la UE no lo hace o si desde otras plataformas, como la OCDE, no se consigue avanzar lo suficiente, entonces nuestra obligación es impulsar esa labor desde los Estados miembros con propuestas como la creación de un impuesto contra la elusión fiscal de los grandes grupos empresariales.
El Gobierno español no puede desaprovechar esta oportunidad en un momento tan crítico para nuestra economía y para todos los ciudadanos españoles. España puede y debe adoptar medidas de forma unilateral, como acaba de anunciar, por ejemplo, Reino Unido con el Diverted Profit Tax (impuesto sobre los beneficios desviados).
Por esta razón los socialistas proponemos el establecimiento de una tasa sobre los beneficios desviados a través de ingeniería fiscal por las grandes multinacionales. Para ello es necesario modificar el artículo 15 de la Ley General Tributaria, que regula el conflicto en la aplicación de la norma y que tiene como fin evitar abusos en su aplicación. Nuestra propuesta es establecer un tributo diferente al impuesto sobre sociedades o al IRPF, de carácter específico, con un tipo de gravamen del 35%, que grave todos aquellos beneficios no gravados por otros impuestos y, por tanto, objeto de elusión y de operaciones de ingeniería fiscal transfronteriza realizadas en abuso de derecho para no pagar impuestos.
Hoy son necesarias medidas como esta para garantizar nuestros ingresos públicos, la competitividad de nuestras empresas y, sobre todo, la confianza de los ciudadanos que comprueban que no todos somos tratados de igual manera porque el contribuyente medio, el trabajador, el pequeño empresario, incluso el grande, pagan más impuestos que grandes grupos multinacionales que operan en todo tipo de sectores.
Juan Moscoso del Prado es portavoz de Economía en el Congreso de los Diputados del Grupo Parlamentario Socialista.