Podemos propone quitas en la deuda familiar y topes salariales
Defiende la eliminación de la actual deducción por tributación conjunta en el IRPF Apuestan por gravar la riqueza a través de un tributo estatal
Podemos ha colgado hoy el "documento de trabajo" realizado por los profesores Vicenç Navarro y Juan Torres que servirá como punto de partida para elaborar el programa económico con el que la nueva formación política concurrirá a las elecciones generales previstas para 2015. El informe, de 68 páginas, define la situación económica como de "emergencia" y alerta de que España está "ante el riesgo de sufrir 15 o 20 años de desempleo". Ambos economistas señalan que el objetivo es recuperar las rentas salariales para elevar a su vez la demanda.
Bajo el título Un proyecto económico para la gente, Navarro y Torres se alejan de las propuestas más polémicas de Podemos como no pagar la deuda pública, nacionalizar sectores estratégicos o fijar una renta básica universal. Ambos expertos indican que sus recomendaciones son “realistas”. De hecho, alertan de que una hipotética victoria de Podemos provocaría “una reacción de los mercados que muy posiblemente encarecería la financiación”. Por ello, recomiendan que la formación liderada por Pablo Iglesias genere la “máxima certidumbre y confianza en la gestión que llevaría a cabo”. Estas son las principales propuestas:
Mercado laboral
¿Quiénes son Vicenç Navarro y Juan Torres?
El programa económico de Podemos lleva la firma de los profesores Vicenç Navarro (Gironella, 1937) y Juan Torres (Granada, 1954). El primero, catalán de nacimiento, ha pasado buena parte de su vida en el extranjero, lo que le ha dejado un marcado acento al hablar difícil de ubicar. Si bien se licenció en Medicina en 1962, viró su carrera hacia las políticas sociales y se convirtió en un estudioso del Estado de bienestar. Hoy, es catedrático de Ciencias Políticas y Sociales en la Universidad Pompeu Fabra y profesor en la Johns Hopkins University.
Formado en Suecia –de donde proviene su interés por las políticas sociales– y en la London School of Economics, Navarro es un firme defensor de reforzar el Estado de bienestar español, que considera que tiene un amplio margen de desarrollo. En 2002, recibió el premio de ensayo de Anagrama por su libro Bienestar Insuficiente, democracia incompleta. En esa obra, Navarro defiende que la tardía llegada de la democracia en España explica el bajo nivel de gasto social respecto a otras grandes economías europeas.
Entre otros, Navarro asesoró al Gobierno de Salvador Allende en Chile y también formó parte del grupo de trabajo sobre la reforma sanitaria en Estados Unidos que dirigió Hillary Clinton. En España, ha colaborado con el PSOE o Izquierda Unida. El profesor catalán no rehuye las polémicas y ha mantenido sonados y continuos enfrentamientos con el también catalán y economista Xavier Sala-i-Martín.
Por otra parte, Juan Torres es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales en la Universidad de Málaga, y desde octubre de 2008 es catedrático en la Universidad de Sevilla en el Departamento de Teoría Económica.
Sin dar una cuantía, defienden subir el salario mínimo y, ademas, fijar límites para acortar la distancia entre los sueldos más bajos y los más elevados dentro de las empresas. Navarro y Torres señalan que resulta importante elevar las rentas más bajas porque destinan un mayor porcentaje a consumo. En cambio, las rentas altas optan en mayor medida por el ahorro, lo que en su opinión no beneficia tanto a la economía.
Derogación de la reforma laboral. Aseguran que que la mayor flexibilización no ha servido para crear empleo. Mientras el Gobierno de Mariano Rajoy o el Banco de España defienden que la moderación salarial es beneficiosa para ganar competitividad, Navarro y Torres apuestan por elevar los sueldos para incentivar el consumo. Sostienen que el incremento de los costes salariales es asumible para las empresas si también aumenta el gasto familiar.
Apuestan por fijar una jornada laboral de 35 horas frente a las 40 horas vigentes y eliminar los incentivos a la contratación a tiempo parcial.
Sistema de pensiones
Para Navarro, es falso que la "evolución demográfica" y el envejecimiento de la población ponga en riesgo el sistema de pensiones. Proponen un "incremento extraordinario de las cotizaciones sociales empresariales o financiación por medio de impuestos mientras dure la crisis". También abogan por revisar las bases máximas y mínimas para ganar en progresividad.
Respecto a los autónomos, el informe defiende que coticen por ingresos reales. Reclaman revisar "la naturaleza de los ERE" para evitar que sigan siendo una "sobrecarga espuria del sistema de Seguridad Social".
Una de las medidas que previsiblemente generará polémica es su propuesta de equiparar las pensiones no contributivas con el mínimo de las pensiones contributivas de jubilación. Abogan por derogar la reforma del sistema de pensiones y el sistema de cálculo. Defienden fijar la edad de jubilación en los 65 años frente a los 60 años que había reclamado inicialmente Podemos.
Impuestos
Navarro y Torres alertan de que España es uno de los países que menos recauda en la UE en porcentaje de su PIB. Alegan que hay margen para incrementar los recursos con la intensificación de la lucha contra el fraude fiscal.
En el IRPF, defienden incrementar el número de tramos del impuesto. Actualmente tiene siete y la reforma fiscal aprobada por el Gobierno los reducirá a cinco a partir de 2015. Reclaman acabar con la dualidad del tributo, es decir, que las rentas del trabajo y del ahorro tributen en una única tarifa. Hoy, los salarios sufren tipos superiores que las plusvalías. Reclaman acabar con la deducción por tributación conjunta en el IRPF. Entienden que este beneficio fiscal desincentiva la entrada al mercado laboral de uno de los miembros de la pareja.
Sobre el impuesto de patrimonio, piden que el Estado recupere la competencia sobre el tributo para evitar, como sucede hoy en Madrid, que las comunidades opten por no aplicarlo. Las autonomías mantendrían, en cualquier caso, cierto margen para modular los tipos.
No abogan por un impago directo de la deuda pública, aunque los autores ven como inevitable la reestructuración
En el impuesto sobre sociedades, el programa apuesta por acercar los tipos efectivos y nominales. El objetivo pasa por evitar que las empresas rebajen a través de deducciones e incentivos fiscales su tributación real.
Navarro y Torres entienden que debería penalizarse las plusvalías generadas a corto plazo. De hecho, la legislación actual ya es más gravosa para los beneficios logrados en menos de un año. Sin embargo, la reforma fiscal elimina esta diferencia de trato. Los expertos también defienden una tasa a las transacciones financieras.
Deuda pública y privada
Con el objetivo de aliviar la "deuda familiar, en particular la hipotecaria", el documento de Podemos recomienda establecer una institución que reúna a acreedores, deudores y Administración pública para renegociar tipos de interés, períodos de carencia, vencimientos, amortizaciones y "quitas parciales".
Sobre la deuda pública, Navarro y Torres se alejan de los inicios de Podemos, cuando la formación política clamaba por dejar de pagarla. Los economistas entienden que el objetivo es hacer sostenible el nivel de deuda pública. En cualquier caso, apuntan que el elevado endeudamiento hace inevitable una reestructuración. "La cuestión, por tanto, no es si se desea o no llevarla a cabo [la reestructuración] sino en qué condiciones se va a dar porque es materialmente inevitable que antes o después se lleve a cabo, salvo que se quiera provocar una convulsión de consecuencias inimaginables en todo el continente". En este sentido, animan a negociar con los otros actores europeos una vía de salida.
Financiación y banca pública
El programa económica consagra el crédito como un nuevo derecho. En su opinión, debe reconocerse en la Constitución "un principio que consagre el crédito y la financiación a la economía como un servicio público". Así, apuestan por la creación de bancos públicos y "ciudadanos" que nutran de financiación a las familias. También defiendan que el ICO reciba préstamos directamente del Banco Central Europeo (BCE) para que el crédito llegue a la economía real.
Gasto social y eliminación del artículo 135 de la Constitución Española
El Estado de bienestar no debe entenderse como un gasto sino como una inversión. Bajo esta idea, Navarro defiende elevar el empleo público ligado a sanidad, edudación y servicios sociales. Entienden que ello generaría más renta y elevaría la demanda agregada.
El programa no hace referencia a una renta básica universal y, en su lugar, aparece el término renta garantizada. "Debería articularse un gran Pacto estatal contra la pobreza y la exclusión social orientado a garantizar el ejercicio de los derechos humanos de contenidos económicos básicos y los que recoge la constitución, a establecer un sistema de renta mínima garantizada como derecho subjetivo de todas las personas, a erradicar la pobreza infantil, la excusión residencial y la vulnerabilidad extrema provocada por razones administrativas", defienden el documento.
Para Navarro y Torres, España debe aumentar el gasto público hasta acercarse a los niveles de la Unión Europea. Los últimos datos muestran que la Adminsitración gasta el equivalente al 43,8% del PIB frente al 48,5% de la medida europea.
Los economistas rechazan el cambio constitucional que aprobó el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en agosto de 2011 con el apoyo del Partido Popular para incluir en la Carta Magna el principio de estabilidad presupuestaria en el artículo 135. El documento aboga por suprimir directamente este artículo que, el líder del PSOE, Pedro Sánchez, reclamó modificar para "blindar" el Estado del bienestar.
