Un debate que Europa debe afrontar

Las principales operadoras de telecomunicaciones siguen adelante con su ritmo inversor en nuestro país en infraestructuras y redes de última generación. Telefónica, Vodafone y Jazztel –en proceso de adquisición por Orange– siguen apostando por aumentar su despliegue e invertir recursos en España, pese a que la guerra de precios continúa condicionando a la baja los ingresos. Los desembolsos de las compañías reflejan el buen ritmo de crecimiento de las conexiones de fibra óptica y de 4G durante el tercer trimestre del año en España. En el caso de Telefónica, por ejemplo, han sido 1,4 millones de hogares los que se han conectado a las redes de nueva generación en los meses de julio a septiembre. La intención de la compañía es superar los 10 millones a finales de este año y los 20 millones en 2017. Una estrategia de fuerte competencia en el que todas las operadoras luchan por posicionarse y que exige mantener una tensión inversora constante en las redes de telecomunicaciones.

Las compañías de telecos son un elemento fundamental dentro de un proceso necesario e imparable –la digitalización integral de la economía– que exige llevar al conjunto de los hogares las nuevas redes de fibra y las tecnologías de transmisión de datos de última generación. Se trata de un segmento en desarrollo, lo que explica el potente esfuerzo inversor de las operadoras y su afán por desplegar la tecnología necesaria para hacer realidad ese objetivo.

Más allá de los intereses de las operadoras, el proceso de digitalización integral de los hogares constituye un pilar fundamental para el desarrollo de la economía española y europea en un contexto global. Precisamente por ello, las compañías de telecos han denunciado reiteradamente ante Bruselas la denominada neutralidad de las redes y el hecho de que la legislación europea esté concentrada en regular las operadoras, que invierten en infraestructuras, y no en los proveedores de contenidos, que se aprovechan de ese esfuerzo inversor. Ello favorece a los grandes gigantes estadounidenses de internet –es el caso de Google, Apple o Facebook–, los cuales utilizan las redes europeas para ofrecer sus servicios y no invierten en empleo ni aportan fuertes ingresos tributarios para la economía de la zona euro. El presidente de Telefónica, César Alierta, insistía la semana pasada en la necesidad de cambiar la regulación para facilitar a las telecos del Viejo Continente las fuertes inversiones previstas en nuevas redes –que suman 250.000 millones de euros–, una postura que comparten el resto de las operadoras y que constituye un debate que Bruselas no puede ignorar. Las razones para hacerlo tienen que ver con la equidad y la competencia, pero también con los intereses económicos de una Unión Europea que tiene ante sí el reto de recuperar el crecimiento y liderar la era digital.