La información privilegiada en la época del boom, a juicio

"Estoy deseando que comience ya el juicio y termine todo esto, me ha hecho mucho daño a nivel profesional”, comentó ayer en una conversación telefónica con este diario José Luis Zanetty, que dirigió la sucursal en España de Eurohypo en la época del boom inmobiliario y que en la actualidad es consejero de Alza Real Estate.

El viernes la Audiencia Nacional celebra juicio por querella presentada, en diciembre de 2009, por la Fiscalía Especial contra la Corrupción contra Zanetty y su “amigo” Francisco Garriga Miró, por presunto uso de información privilegiada en la opa de San José sobre Parquesol, en 2006. La fiscalía acusa a los querellados de enriquecerse con la compra y venta de acciones de Parquesol sabiendo que el grupo San José se disponía a comprar la inmobiliaria.

“Eurohypo era un banco hipotecario, hicimos muchas operaciones, pero no éramos Goldman Sachs o MorganStanley, es absurdo pensar que tuviera información privilegiada, no financiábamos opas”, señala Zanetty. “En esa época”, añade, “cualquiera que estuviera metido en este mundo sabía que iba a haber opas”.

Entre 2006 y 2007 se llevaron a cabo operaciones multimillonarias sobre inmobiliarias españolas financiadas por buena parte de la banca española y europea. Reyal compró Urbis (3.317 millones); Martinsa adquirió Fadesa (4.045 millones); Luis Portillo se hizo con Inmocaral, Colonial y Riofisa en operaciones valoradas en más de 7.000 millones;Habitat compró Ferrovial Inmobiliaria (2.200 millones); San José lanzó una opa sobre Parquesol (1.000 millones)...

Durante los años 2006 y 2007 las sospechas de uso de información privilegiada sobrevolaron sobre prácticamente todas las operaciones inmobiliarias de esos años. De tal forma que el entonces presidente de la CNMV, Manuel Conthe, puso en marcha la Iniciativa Contra el Abuso de Mercado (ICAM), en enero de 2007, para tratar de impedir cualquier práctica de este tipo.

En febrero de 2009 la Fiscalía Anticorrupción imputó al fundador de Astroc, Enrique Bañuelos, por presunto uso de información privilegiada en la opa de Martinsa sobre Fadesa. El Juzgado de Instrucción número 22 de Barcelona exculpó a Bañuelos.

En noviembre de 2010 Anticorrupción presentó querella contra Joaquín Rivero, expresidente de Metrovacesa, por supuesto uso de información privilegiada en otra operación sobre acciones de la que fuera primera inmobiliaria española. Este caso todavía no ha sido juzgado.

De acuerdo al contenido de la querella contra Zanetty y Garriga, de la que informaron Ep y Efe, el presidente de San José, Jacinto Rey, se reunió en 2006 con el director general de Eurohypo “para proponerle que esta entidad financiase toda o parte” de la opa que pensaba lanzar sobre Parquesol, y que finalmente no financió la entidad alemana.

Según el texto de la querella, José Luis Zanetty “comunicó de inmediato a su amigo y también querellado Garrriga Miró” los términos de la operación. Este último, “con la seguridad de que la oferta era inminente”, compró acciones de la inmobiliaria hasta hacerse con casi medio millón de títulos por 9,12 millones. “Tras la oportuna revalorización”, dice el escrito al que accedieron las agencias, el querellado vendió esas acciones por 10,71 millones logrando 1,6 millones.

Además la querella apunta que “según todos los indicios”, Garriga Miró vendió cerca de 200.000 acciones de Parquesol en Andorra ganando otros 645.682 euros.

“Yo no compré una sola acción de Parquesol”, sostiene Zanetty. “Tengo la certeza de que el viernes acabará todo esto, pero el tiempo transcurrido hasta ahora ha sido excesivo”.

Pena de prisión de uno a cuatro años

El artículo 285 del Código Penal establece penas de prisión de uno a cuatro años y multas económicas para acusados por casos de uso de información privilegiada en los que se ganaran más de 600.000 euros.

El artículo dice que quien “de forma directa o por persona interpuesta usare de alguna información relevante para la cotización de cualquier clase de valores o instrumentos negociados en algún mercado organizado, oficial o reconocido, a la que haya tenido acceso reservado con ocasión del ejercicio de su actividad profesional o empresarial, o la suministrare obteniendo para sí o para un tercero un beneficio económico superior a 600.000 euros o causando un perjuicio de idéntica cantidad, será castigado con la pena de prisión de uno a cuatro años, multa del tanto al triplo del beneficio obtenido o favorecido e inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión o actividad de dos a cinco años”.

El punto dos del mismo artículo añade que se aplicará la pena de prisión de cuatro a seis años cuando en las conductas descritas en el punto anterior concurra además que los sujetos se dedicaran de forma habitual a tales prácticas, que el beneficio obtenido fuera de “notoria importancia” y que se causara “grave daño a los intereses generales”.

En el caso de la opa de San José sobre Parquesol, la actuación de la fiscalía se inició tras una investigación abierta por la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

El organismo tiene previsto poner en marcha un buzón de denuncias en el que cualquier persona pueda proporcionar detalles que ayuden a detectar uso de información privilegiada, una de las medidas que Manuel Conthe, en 2007, trató de implantar. El supervisor que preside Elvira Rodríguez podrá dar incentivos económicos a los confidentes.

Durante este año la CNMV ha detectado posible uso de información privilegiada en Gowex, durante los días previos a la caída de la compañía de wifi. El pasado año envió un informe sobre Pescanova a la Fiscalía también por presunto empleo de información privilegiada.