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El Ejecutivo quiere evitar una multa de 2.000 millones

El Gobierno niega que Valencia manipulase las cifras de déficit

El recurso se aferra a un defecto de forma La investigación abierta en Bruselas no tiene precedentes

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, a su salida del pleno del Congreso, en una imagen reciente. EFE/Javier Lizón
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, a su salida del pleno del Congreso, en una imagen reciente. EFE/Javier LizónEFE

El recurso presentado por Madrid pretende frenar una investigación sin precedentes sobre la supuesta manipulación de las estadísticas en España. El Gobierno ni siquiera ha esperado a que la Comisión adopte su veredicto y en un ataque preventivo ya ha impugando la apertura del expediente puesto en marcha en julio de este año.

El recurso se aferra en primer lugar a un supuesto defecto de forma, pues asegura que Bruselas no debería investigar las irregularidades previas al 13 de diciembre de 2011, fecha en que entró en vigor el Reglamento que concede nuevos poderes a la Comisón para verificar la calidad de las estadísticas e imponer sanciones (de hasta el 0,2% del PIB) si detecta irregularidades.

La Comisión Europea estrenó esos poderes con España tras comprobar que la revisión al alza de cuatro décimas del déficit español en 2011, notificada por el ministerio de Hacienda un año después, fue consecuencia en gran parte de la revisión de los datos de Valencia.

Tras efectuar varias inspecciones, Bruselas concluyó que la Intervención General de la Comunidad Valenciana “había enviado sistemáticamene información incorrecta a las autoridades estadísticas nacionales a lo lorgo de muchos años”.

Madrid sostiene que “el período de investigación debería limitars a los datos comprendidos en las noficaciones a partir de 2012”. según un recurso presentado el 22 de septiembre y revelado hoy por el diario Expansión. Este argumento técnico podría salvar a España de una multa de hasta 2.000 millones de euros si los jueces deniegan a la Comisión la potestad para sancionar la manipulación de datos previos a diciembre de 2011.

Pero España también intenta salvar la calidad de sus estadísticas y, en un segundo motivo del recurso, alega que “no existen indicios serios de la existencia de hechos que sean constitutivos de tergiversación de los datos relativos al déficit y a la deuda”.

La alegación contrasta con el hecho de que fue la propia administración española la que admitió en mayo de 2012 que sus datos de déficit de 2011 no eran correctos y los revisó al alza cuatro décimas. La corrección disparó las alarmas en Eurostat, la oficina de estadísticas de la Comisión, que inmediatamente envió a sus funcionarios a España. Esa misión detectó que el problema se concentraba en Valencia, donde las autoridades “no notificaban considerables partidas de gasto sanitario” y no respetan los principios de devengo previstos en las normas nacionales y europeas.

Más sorprendente si cabe es el tercer motivo del recurso, pues Madrid acusa a la Comisión de haber llevado a cabo una “investigación encubierta, al margen del procedimiento establecido, con menoscabo de de los derechos de defensa de España”. La alegación parece obviar la visita de los funcionarios de Eurostat, que se reunieron con las autoridades nacionales y regionales en mayo y junio de 2012. Y que incluso publicaron un informe sobre esas visitas detallando sus conclusiones y sus recomendaciones para garantizar que no se repetiría una revisión al alza del déficit.

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