Ofensiva para privar a la CE de sus principales competencias

A veces, a la Comisión Europea también le enmiendan la plana. Y no siempre se lo toma del todo bien. Sobre todo, si la consecuencia es la pérdida de poder o competencias, una amenaza que Bruselas siente cada vez más cerca desde la anunciada “politización” del organismo europeo.

Esa politización, impulsada por su actual presidente, Jean-Claude Juncker, y por el Parlamento Europeo, puede costarle a Bruselas algunas de sus atribuciones más preciadas, como el control de las grandes fusiones empresariales, la autoridad sobre la calidad de las estadísticas económicas o la capacidad para llevar a cabo los estudios de impacto previos a la futura legislación europea.

A nivel nacional, ese tipo de potestades suele atribuirse a organismos independientes del ciclo político, sometidos a un control parlamentario, pero con la máxima independencia posible en cuanto a su gestión y actividad. En algunos casos, como en el sector de las telecomunicaciones, las propias directivas exigen esa separación funcional entre el regulador y el Gobierno de cada país.

Paradójicamente, la Comisión incumple esa neutralidad política que se exige a las autoridades nacionales, pues la formación y composición del organismo europeo se asemeja cada vez más a la de un verdadero Ejecutivo, fruto de acuerdos políticos que marcan su sesgo y orientación.

Ese chirrido del sistema europeo se percibe desde hace tiempo y algunas multinacionales, sobre todo extracomunitarias, ya han lamentado verse sometidas al control de un órgano político cuya imparcialidad no está garantizada.

El ejemplo más reciente es el de Google, en el que una investigación sobre presunto abuso de posición dominante ha derivado en una batalla campal entre los partidarios de aprovechar el caso para ajustarle las cuentas al buscador estadounidense (que solivianta a capitales como Berlín en materia de privacidad o París en materia de propiedad intelectual) y quienes desean tratar el expediente como un caso más de competencia.

El dilema puede repetirse con más frecuencia durante la nueva legislatura (2014-2019), por lo que es probable que se abra el camino para una mutilación de los poderes técnicos de una Comisión que aspira a ser un cuasi Gobierno de la UE. Pero la Comisión, como cualquier administración, se resiste a perder poder en esa mutación.

Este mismo mes, la CE ha expresado su resistencia a perder el control sobre el nombramiento y cese del cargo de director general de Eurostat, la oficina europea de estadísticas. Ese cargo se designa ahora con los mismos criterios de rotación y equilibrio geográfico que se utilizan para todas las direcciones generales de la Comisión. Un sistema que no garantiza que al frente de Eurostat se encuentren siempre las personas más adecuadas para dirigir una actividad tan delicada, según el informe publicado la semana pasada por el órgano de la UE que revisa la calidad de la gobernanza de los centros de estadística (Esgab, por sus siglas en inglés). El Esgab reclama que se establezca un sistema de nombramiento específico para Eurostat, al margen de lo previsto para otros departamentos. Un blindaje que la Comisión se niega a aceptar.

La misma batalla se repite o se repetirá en otras zonas sensibles del organigrama europeo. El ya expresidente de la Comisión, José Manuel Barroso, alertaba en el último mes de su mandato contra la ofensiva de quienes pretenden amputar a la Comisión de su competencia para llevar a cabo los estudios de impacto previos a la elaboración de un proyecto de directiva.

A menudo, esos estudios marcan de antemano el alcance de una iniciativa legislativa y en materias como política medioambiental, social o financiera pueden decidir la suerte de toda una industria o de un colectivo.

Entre los partidarios de crear un organismo de evaluación independiente figura nada menos que Edmun Stoiber, ex presidente de Baviera y presidente del grupo de expertos creado por la propia Comisión para reducir la carga administrativa en la UE. Si Berlín impulsa la propuesta, Bruselas podría tener que ceder el control de los influyentes estudios de impacto.

Pero la joya de la corona por la que peleará hasta el final la Comisión es la Dirección General de Competencia, que concede a Bruselas la máxima autoridad en las mayores fusiones empresariales del planeta. La decisión final en esos expedientes técnicos la adoptan los 28 comisarios europeos por votación. Un veredicto político que puede poner fin a proyectos empresariales de gran envergadura y ante el que las compañías solo pueden recurrir ante el Tribunal de Justicia de la UE. Pero incluso si ganan el caso, la sentencia suele tardar tanto en llegar que el efecto de la decisión política es irreversible.