Luz, taquígrafos y credibilidad del lobby
Diferentes artículos han aparecido en los últimos días en prensa sobre la apuesta y la necesidad de regular los lobbies reactivando un debate casi tan antiguo como el del modelo de Estado. Una discusión que comenzó desde el instante en el que la democracia comenzó a dar sus primeros pasos, generando cuestiones en torno a la búsqueda de puntos de encuentro entre las Administraciones e instituciones y el sector privado.
Estos debates, generados desde todos los ángulos del hemiciclo, buscaban dar solución a la forma en la que los sectores privados se relacionaban con las Administraciones. Sin embargo, los esfuerzos nunca han conseguido llegar a un acuerdo que permita poner luz y taquígrafos sobre una actividad que genera en España miles de millones de euros.
Agencias profesionales de defensa de intereses, bufetes de abogados y agencias de comunicación y relaciones públicas trabajan elaborando argumentarios, documentos de posición, creando estrategias y construyendo alianzas para la defensa de los intereses de sus clientes con el fin de ver reflejadas sus aspiraciones dentro de los procedimientos normativos.
El entorno global en el que nos movemos hace necesarios mecanismos de transparencia que fiscalicen las actividades de los asuntos públicos. Una afirmación que no debiera ser baladí en un país que se ha visto salpicado por grandes casos de corrupción por todos conocidos. Debemos elevar la mirada a las organizaciones internacionales y a otros países con el fin de conocer qué sucede en el mundo del lobby.
Si hacemos una consulta en el registro voluntario de transparencia de la Unión Europea, en el apartado de bufetes de abogados registrados con sede en España nos encontramos con que tan solo hay seis despachos. Ninguno de ellos forma parte de la clasificación de grandes despachos de España. Con este detalle podríamos afirmar que los bufetes de abogados no tienen ninguna intención de regular las actividades de public affairs. Trasladándonos a España, esta afirmación podría verse justificada por el hecho de que la actividad principal de los bufetes es la defensa jurídica, donde se encuentran los grandes ingresos, mientras que el lobby está considerado como actividad menor y casi como favor entre abogado y cliente.
Pero no solamente los bufetes se mueven por las instituciones de Bruselas lejos de la transparencia. Más llamativo es que las empresas de consultoría de comunicación y relaciones públicas, que tanto reclamamos la regulación en España, no formen parte voluntariamente de las herramientas que brindan las instituciones europeas. Frente a esas prácticas poco éticas y menos transparentes, algunos profesionales dedicamos nuestra labor profesional a explicar con transparencia qué es lo que hacemos, a quién representamos y qué intereses estamos defendiendo mediante un acto sencillo: inscribirnos en el registro de transparencia, informar de los clientes que representamos y la facturación que nos aportan.
Los profesionales de asuntos públicos realizamos actividades privadas impactando sobre la agenda política y el proceso de toma de decisión y mantenemos contactos con reguladores, legisladores, técnicos y políticos para cumplir con el encargo legítimo de nuestros clientes. Por eso no solo es necesario contar con un registro de transparencia, sino también con un sistema que permita la trazabilidad de una ley y los actores que participan en ella.
Debemos conocer quiénes participan en estos procesos, qué organizaciones representan y los porqués de su participación. De todo lo manifestado debe quedar constancia en los archivos de las instituciones y la Administración del Estado.
La transparencia comienza por nosotros mismos. Tenemos que convencernos de que todas nuestras comunicaciones, tanto con los políticos como con las Administraciones, siempre deben ser por escrito. Por encima de las relaciones personales –que todos podemos tener– debe primar la estrategia y la honradez. No debemos mentir con los intereses que representamos ni comercializar con la información que poseemos. Debemos dejar huella de toda nuestra actividad.
No podemos olvidarnos de que nuestra actividad contribuye a generar reputación al sistema político. Poniendo en valor y trasladando las necesidades de nuestros clientes estamos acercando la iniciativa privada al sector público, formando parte de la solución. La actividad de representación de intereses está por encima de las personas y sus relaciones para acceder a núcleos de decisión. Es un proceso multidisciplinar donde juristas, politólogos y profesionales de la comunicación contribuyen a fortalecer y mejorar, en el ámbito de sus competencias, la democracia.
Los lobistas, como profesionales, debemos alejarnos de prácticas más cercanas al cohecho, la prevaricación y el tráfico de influencias –prácticas todas ellas penadas por la ley– y debemos centrar nuestra acción en construir vínculos de confianza duraderos entre el sector privado y el público.
Resumiendo, somos los profesionales de public affairs los debemos hacer del lobby una actividad digna de ser transparente.
Alberto Lahoz es director de asuntos públicos de Evercom.