La colaboración público-privada en I+D solo tiene sentido si acaba en el mercado
Catedráticos universitarios y responsables de investigación en empresas echan de menos mecanismos que faciliten la transferencia de tecnología de los campus a las fábricas y viceversa. Piden que las compañías participen en los órganos de dirección de los grupos de investigación y que CDTI tenga capacidad de planificar las políticas de innovación en lugar de limitarse a su ejecución.
La colaboración científica público-privada solo tiene sentido si la investigación se orienta a solucionar problemas reales de la sociedad, de manera que pueda dar como resultado productos que puedan ser comercializados en el mercado.
Es una de las conclusiones a las que llegaron representantes de universidades y empresas durante una jornada de conferencias organizada por la Fundación General CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Científicas) y la Fundación Pons.
Los expertos, reunidos en la sede del CSIC en Madrid, coincidieron también en que si bien en ambos lados hay disposición a cooperar, no existen los mecanismos adecuados que faciliten iniciativas de trabajo en conjunto que, además –precisaron–, deben darse en ambos sentidos.
“El concepto de transferencia tecnológica como un flujo lineal está obsoleto. Universidad y empresa tienen que interactuar"
“El concepto de transferencia tecnológica como un flujo lineal de la universidad a la empresa es obsoleto. Se impone una realidad multiforme en la que ambos mundos interactúan, pero para que esa interacción se produzca ambos mundos tienen que cambiar”, subrayó José Molero, director del grupo de investigación en economía y política de la innovación de la Universidad Complutense de Madrid.
El catedrático abogó por que en los órganos de dirección de los grupos de investigación universitarios y en las OTRI (Oficinas de Transferencia de Resultados de Investigación) participen profesionales con conocimientos empresariales y representantes de las mismas compañías.
Molero propuso también que el CDTI (Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial) tenga capacidad para planificar y establecer las políticas de innovación en lugar de ser “un mejor ejecutor”.
En lo que concierne al sector privado, Molero calificó de “discutible” la creencia de que el interés por invertir en I+D se ha generalizado entre las empresas españolas. “El 60% de las compañías en España son microempresas, es decir que tienen menos de 10 trabajadores. ¿Realmente alguien se cree que en el pensamiento de estas empresas está invertir en conocimiento?”, cuestionó.
Sostuvo que prueba de ello es que, según el último informe de la fundación Cotec sobre tecnología e innovación en España, sólo cuatro de cada diez pymes que hacen I+D cuentan con un departamento específico dedicado a esta actividad. El dato sugiere que la mayoría de firmas no basan su negocio en la tecnología y, en consecuencia, la I+D es una actividad coyuntural susceptible de ser descartada en caso de problemas económicos.
“No tenemos cultura innovadora”, coincidió Enrique Moreno, director de AR-Consulting de Abengoa. “Tenemos miedo a cambiar y proponer cosas nuevas. En las aulas las primeras filas siempre están vacías y agachamos la cabeza cada vez que el profesor se dispone a hacer una pregunta. Es el miedo a fracasar”, apuntó.
Sin embargo, recordó que el éxito solo viene después del fracaso, como lo demuestra el caso de Steve Jobs, que antes de triunfar con sus dispositivos móviles, sufrió varios tropiezos. La experiencia del creador del iPhone y el iPad –mantuvo– demuestra la importancia de ser persistente porque “con que una sola investigación llegue al mercado, ya habrás pagado años de estudios”, puntualizó.
Moreno, quien anteriormente fue director general de Abengoa Research, recomendó a las compañías interesadas en incorporar departamentos de innovación a su organización, elegir bien a las personas y ubicarlas en los puestos adecuados.
Manuel Desco, coordinador de la plataforma de innovación en tecnologías médicas y sanitarias (ITEMAS) del Instituto de Salud Carlos III, señaló que para solucionar un problema hay que empezar por aceptarlo y, en ese sentido, hay que reconocer que si bien en España la producción científica es buena, “somos incapaces de sacarle partido”, como lo demuestra el hecho de que el país esté a la altura de Eslovenia en la clasificación mundial de solicitud de patentes y por debajo de Kazajistán en el índice de competitividad.
En el caso concreto del sector sanitario, comentó que a pesar de que el nivel de investigación es aceptable (España aporta alrededor del 3% de las publicaciones científicas en el campo de la medicina), es muy escaso el número de estudios que acaban convertidos en tratamientos o tecnología médica, con lo cual la inversión en I+D es muy poco rentable.
Para enfrentar esta situación, propuso el impulso de iniciativas como ITEMAS, una plataforma creada en 2009 por el Instituto de Salud Carlos III, que ayuda a los grupos y centros de investigación de los hospitales a llegar al mercado por medio de asesoría, gestión de patentes, búsqueda de socios, financiación y empresas licenciatarias, desarrollo de pruebas de concepto y prototipos, entre otros servicios.
“Somos la OTRI 2.0”, bromeó.
Actualmente, ITEMAS colabora con unidades de innovación de 29 grandes hospitales del Sistema Nacional de Salud, el Ministerio de Sanidad y el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC).
La I+D en la agenda política
Las conferencias de los tres expertos en I+D pusieron paños fríos al discurso inaugural de la secretaria general de Ciencia, Tecnología e Innovación, María Luisa Poncela, quien en su intervención destacó que España ha mejorado dos posiciones en el ranking de Competitividad Europa 2020, “entre otras cosas, por la contribución de sectores de bienes y servicios de alta y media tecnología”.
“La innovación ya forma parte del corazón de la agenda política”, afirmó Poncela, quien reconoció que no basta con que España sea el décimo país en publicaciones científicas del mundo y el quinto de Europa, sino que además “tenemos que hacer que el conocimiento acabe en el mercado”, de modo que contribuya a la creación de productos y empleo.
Con ese fin, indicó que el Gobierno ha lanzado dos convocatorias de ayudas a la investigación orientada a la solución de retos sociales. Resaltó también que la partida destinada a I+D se ha incrementado un 4,8% en los presupuestos del Estado para 2015, acercándose al objetivo de un crecimiento anual del 5,5% fijado en la estrategia nacional de investigación científica e innovación.
A nivel europeo, indicó que la UE ha incrementado el presupuesto del programa Horizonte 2020 de ayudas a la investigación científica, de 55.000 a 80.000 millones de euros para el período comprendido entre 2014 y 2020. España aporta el 9,1% de estos fondos y espera conseguir un retorno equivalente, del 9,5%, lo que supondría 5.000 millones de euros en ayudas a proyectos de pequeñas empresas españolas.
La jornada titulada Empresas que diseñan el futuro concluyó con la intervención de los representantes de cuatro multinacionales (IBM, Airbus, Alstom Wind y Life Length), quienes expusieron los proyectos en los que están trabajando en el campo de la innovación tecnológica.
Debate sobre patentes
La discusión sobre la importancia de patentar el resultado de las investigaciones estuvo presente en la jornada.
Nuria Marcos, directora general de Pons, defendió que proteger con el derecho de propiedad industrial las patentes y marcas es necesario para asegurar el retorno de la inversión en el desarrollo de nuevos productos y servicios. “Gran parte del valor de mercado de las empresas viene dado de activos intangibles protegidos”, argumentó.
Sin embargo, Stephen Martin, director ejecutivo de Life Length, empresa española que ha desarrollado una tecnología de análisis de telómeros, opinó que “patentar no es siempre la mejor política para las pymes”.
Martin informó que su compañía tiene una patente en Estados Unidos para la medición telomérica de tejidos, pero no ha intentado extender esa protección a más países porque hacerlo es “extremadamente caro” para una empresa pequeña como Life Length, que a pesar de comercializar sus pruebas en todo el mundo, tiene solo 25 empleados.
“Si al final de varios años obtienes una patente, tienes que justificar todo lo que has invertido en tiempo y recursos. Por eso, nosotros hemos optado por mantener nuestro conocimiento como secreto industrial”, explicó. “El reto de copiar nuestra tecnología es tan complejo que para una multinacional farmacéutica sería más fácil adquirir nuestra empresa que intentar replicarla”, ahondó.
Airbus mantuvo una posición similar. A pesar de que el año pasado fue la segunda empresa con más patentes en España, Silvia Lazcano, directora de investigación y tecnología del consorcio europeo, afirmó que el fabricante aeronáutico “no tiene una estrategia de patentes porque son muy costosas para una empresa que tiene una cartera de productos tan grande como la nuestra”.
“Además, muchas veces se patenta no para usar una tecnología, sino para que otros no la usen”, argumentó.
