Rato y Blesa recurrirán sus fianzas

Los expresidentes de Caja Madrid Miguel Blesa y Rodrigo Rato recurrirán la decisión del juez de imponerles unas fianzas de 16 millones y 3 millones, respectivamente, por los gastos cargados a la entidad en tarjetas opacas, han informado a Efe fuentes jurídicas. No obstante, sus recursos, que se esperan previsiblemente la próxima semana, no paralizarán la orden de embargo que dictará el juez si no entregan esas cantidades antes del próximo miércoles, que pueden hacerlo tanto mediante transferencia o cheques o aportando cualquier tipo de bienes o avales bancarios.

Las fuentes consultadas aseguran que ambos exbanqueros están preparando tanto sus escritos con sus abogados, en los que alegarán que se tratan de cuantías “desproporcionadas” y “extemporáneas”, como la forma en que pueden hacer frente a sus fianzas. En el caso de que decidieran afrontar las cuantías aportando bienes, el Juzgado contrastará mediante un peritaje independiente si son bastantes para cubrir las cuantías.

Por el contrario, si no lograran reunir las sumas, se iniciará el proceso de embargo con una averiguación patrimonial de los imputados, en el que el juez pedirá a los registros de bienes inmuebles, mercantil y de la propiedad, así como a la Seguridad Social y a la Agencia Tributaria todos los bienes de los que disponen. Con el listado completo, librará un oficio de embargo y se comenzará por aquello que más facilidad de cobro presente, como una cuenta bancaria, acciones u otros títulos financieros, para dar paso después al patrimonio inmueble o sueldos, salarios y pensiones.

El juez Fernando Andreu decretó ayer las fianzas tras la declaración de Blesa, Rato y Barcoj. El magistrado cree que los expresidentes de Caja Madrid Miguel Blesa y Rodrigo Rato “consintieron” y “propiciaron” el uso indebido de fondos de la entidad mediante un sistema de tarjetas opacas cuyos gastos se contabilizaron de forma encubierta para “evitar” los controles.  Así lo expone en los autos, en los que aprecia indicios suficientes de que ambos cometieron un delito de administración desleal mientras estuvieron al frente de la caja madrileña.

Para Andreu, que tomó esta decisión anoche a petición de la Fiscalía Anticorrupción, a la que se adhirió el FROB, los dos “autorizaron” y “consintieron” la entrega y uso de los plásticos a consejeros y directivos de Caja Madrid, así como los gastos que generaron, que ascendieron a 15,25 millones. Unos gastos que, además, se contabilizaron “de forma encubierta para evitar el control de los auditores y de los órganos supervisores”.

De lo hasta ahora investigado, explica Andreu, se desprenden indicios “racionales y bastantes” de que los expresidentes de Caja Madrid habrían “consentido, aceptado y propiciado el uso indebido de los fondos de la entidad”, mediante la atribución y entrega de las tarjetas en “provecho propio” a miembros del Consejo, de la Comisión de control, consejeros ejecutivos y directivos.

Una práctica que conllevó a que 86 personas percibieran bajo sus respectivas presidencias cantidades “en concepto distinto del retributivo, no justificadas ni contractual ni funcionalmente, sin que existiera precepto estatutario o reglamentario, disposición contractual o acuerdo alguno formalizado” al respecto.

Tampoco existen órdenes o decisiones por parte de directivos ni documentación alguna que justifiquen “la existencia, la entrega y la operativa de dichas tarjetas”, ni elementos que demuestren que los dos máximos mandatarios de la caja realizaran algún control o supervisión de los gastos que generaron.

Con todo ello, el magistrado sostiene que incumplieron la Ley de Cajas de 2003, que establece que en el ejercicio de las funciones de los miembros de sus órganos de gobierno “no se podrán originar otras percepciones distintas de las asistencias e indemnizaciones”.

Entendiendo como indemnización “la compensación por los gastos originados como consecuencia de la participación efectiva en dichos órganos, previa la correspondiente justificación documental”. Dichas pautas, explica, se mantuvieron en la nueva redacción de la ley en enero de 2011, pero fueron “incumplidas mediante la emisión y uso de tan mencionadas tarjetas”.

Puesto que la apertura de juicio oral “no se encuentra en absoluto cercana”, y ante “el temor a la inoperancia final” de un procedimiento “de tal dimensión”, el juez aprecia una “necesidad real” de adoptar esta medida para asegurar las responsabilidades civiles “sobre las que recaen las sospechas que van aflorando” según avanza en su investigación.

El juez impuso estas cantidades de forma proporcional a lo gastado bajo el mandato de cada uno, que en el caso de Blesa fue de 12.664.600 euros, y en el de su sucesor de 2.585.700, a las que sumó el 25 % que fija la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Y lo hizo a pesar de que Blesa alegó que se trataba de un sistema retributivo que se implantó desde 1988, antes de su llegada a la entidad, y que Rato justificara que estaba sujeto a retención fiscal y formaba parte de su sueldo. Los exbanqueros, que pueden recurrir los autos, disponen hasta el próximo miércoles para hacer efectivas sus fianzas, o de lo contrario se les embargará sus bienes.

Sáenz de Santamaría, "indignada"

El Gobierno, mientras, se ha declarado "indignado" por el caso. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha asegurado hoy se trata de actuaciones “absolutamente reprochables” que se han producido en el pasado y que han demostrado que eran necesarios mecanismos de transparencia y control, ha expresado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Unos mecanismos que había que haberlos puesto antes, pero que lo ha hecho este Gobierno y han permitido conocer ahora la existencia de tarjetas para usos personales de la antigua cúpula de Caja Madrid y sobre la que los tribunales tendrán que pronunciarse. En cualquier caso, en su opinión, el escándalo ha demostrado la importancia de que haya transparencia, algo que debería extenderse a todos los aspectos de la vida pública y social.