Los inspectores piden publicar los datos fiscales de políticos y empresarios

La Organización de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) ha reclamado hoy que se modifique la ley para publicar la declaración del IRPF de todos los contribuyentes, empezando por políticos y empresarios.

Durante su Congreso anual celebrado en Bilbao, el colectivo de inspectores ha hecho público un documento con un conjunto de medidas para luchar contra la corrupción. Una de las más llamativas es su propuesta de publicar las declaraciones del IRPF de políticos y empresarios y, en una segunda fase, de todos los ciudadanos. “Todos conoceríamos lo que declara cualquier contribuyente lo que evitaría tentaciones a defraudar o no declarar correctamente”, señala el informe. El presidente del IHE, Ransés Pérez-Boga, señaló que la vigilancia fomenta un mejor comportamiento.

Domingo Carbajo, inspector de Hacienda, reconoció que, sin embargo, “la sociedad española todavía no está preparada” para aceptar una medida como esa y, por eso, la propuesta inicial se limita a colectivos como los políticos y empresarios. Carbajo aseguró que es una práctica común en "muchos países" y citó el ejemplo de Suecia. Además, recordó que en España ya se hicieron públicas en 1980 el listado de las declaraciones de los contribuyentes correspondientes al ejercicio 1978.

En la misma línea, el informe de la organización apuesta por incluir en el Plan de Control Tributario de la Agencia Tributaria a las personas con responsabilidad pública. Recuerdan que la actual ley contra el blanqueo de capitales ya obliga a entidades financieras, notarios o asesores fiscales a reforzar los controles cuando uno de sus clientes es un político. Así, las personas con cargos públicos entrarían dentro de los colectivos de riesgo y, por lo tanto, tendrían más probabilidades de sufrir una inspección fiscal.

Un órgano único para luchar contra la corrupción

Para los inspectores de Hacienda, la pluralidad de órganos que luchan contra la corrupción resta efectividad. Así, proponen crear un nuevo órgano, la Oficina Nacional Antifraude (ONAF) que aglutinaría en un solo ente las competencias del Servicio Ejecutivo de la Comisión para la Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac), de la unidades especializadas de la Policía Nacional (UDEF) y de la Guardia Civil (UCO), de la Fiscalía Anticorrupción y de la Intervención General de la Administración del Estado.

La ONAF, según la propuesta ideada por los inspectores fiscales, tendría un presidente elegido por el Parlamento y los funcionarios del organismo, con independencia de que procedieran de la Policía Nacional o de la Fiscalía del Estado, responderían ante él. La organización de inspectores reconoció que, previsiblemente, su propuesta obtendrá en un primer momento el rechazo de los otros organismos afectados ya que implica restarles competencias. Sin embargo, señalan que pretenden abrir un debate y aportar soluciones.

Por otra parte, lamentan que cuando la Agencia Tributaria descubre por sus propios medios conductas delictivas en el ámbito penal deben trasladar el caso a los tribunales. Reclaman un cambio legislativo que permita a los inspectores de Hacienda perseguir los delitos contra la Hacienda pública y actuar como una policía judicial.

De hecho, una de las viejas reclamaciones de la organización es la creación de una policía fiscal, una posibilidad que estuvo a punto de hacerse realidad en 2004 cuando Josep Borrell ocupaba el cargo de secretario de Estado de Hacienda. Nuevamente, los inspectores tributarios reclamaron que, al menos, se les permite actuar de incógnito y emplear estrategias propias de la policía.