La delgada línea entre la creatividad y la irregularidad

El principio de imagen fiel, que rige la elaboración de los estados contables de todas las empresas obligadas a elaborarlos y registrarlos, es la garantía de que todo lo anotado en ellos se ajusta a la realidad con la máxima transparencia y exactitud. O, al menos, eso dice la teoría. En la práctica el propio plan general de contabilidad (PGC), la ley que regula los procesos contables en las empresas, permite la utilización de herramientas y criterios que permiten, en mayor o menor medida, la interpretación de los números según la situación de la compañía. Esa gestión, y su grado de aplicación, abren un debate ético...y legal.

El PGC parte del hecho de que las cuentas anuales presentadas, que comprenden el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, los cambios en el patrimonio neto, el estado de flujso de efectivo y la memoria demuestran con claridad la imagen fiel de la compañía en cuestión. “La imagen fiel refleja cuál es la realidad económica y financiera de la empresa”, señala Manuel Rejón, profesor del máster de auditoría de la Universidad de Granada y miembro de la Asociación española de contabilidad y administración de empresas (AECA). A partir de ahí, entra en juego la llamada contabilidad creativa: “son prácticas dudosamente éticas. El propio PGC permite adoptar criterios de estimación en algunos apartados, y también escoger entre diferentes alternativas a la hora de tratar un mismo concepto según el criterio de la empresa en ese momento”, señala Rejón. Esta libertad de criterio permite adaptar aspectos como valoraciones de activos o amortizaciones a las necesidades de la compañía a la hora de cerrar el ejercicio: “lo recomendable es adoptar un principio de uniformidad, mantener un mismo criterio contable para lo bueno y lo malo. No puedes fiar el futuro de una empresa a un criterio variable”. Eso sí, estos cambios deben ser explicados, así como sus efectos.

Y es que para el profesor de la Universidad de Granada, la transparencia en las cuentas es la fotografía con la que la empresa se presenta ante terceros, en concreto actores clave como bancos, clientes o proveedores. “Si una empresa pide un crédito con números falsos, tarde o temprano acaba cayendo”.

Auditoría

El auditor pasa por ser el supervisor último de las cuentas, “no somos el abogado defensor de la empresa”, apunta Rejón. Sin embargo, la ley exime de auditar cuentas a negocios que cumplan al menos dos de los siguientes requisitos: que el activo total no supere los 2,8 millones de euros, que la cifra de negocio no pase de 5,7 millones, y que el número medio de trabajadores no supere los 50. “Una cierta creatividad forma parte de la contabilidad”, opina Valentín Pich, presidente del Consejo General de Economistas, quien es partidario de pedir “un plus de claridad y transparencia” a las empresas “por su dimensión, su organización, por las subvenciones que reciben o por ser fundaciones”. Pich cree fundamental hacer una cultura de transparencia, y considera un gran avance que las pequeñas empresas tengan que depositar sus balances en el Registro Mercantil. Sin embargo, Manuel Rejón cree que “hay un vacío de control en pequeñas y medianas empresas. No están sujetas a uno, sino solo a depositar las cuentas en el Registro Mercantil, y en muchos casos los estados financieros dejan que desear”. Algo de especial relevancia dado que la gran mayoría de negocios que componen el tejido empresarial español son pymes sin obligatoriedad de auditar sus cuentas. “Pueden caer en defectos de información que son irregularidades, como no reflejar situaciones de incertidumbre, algo que exige la ley”.

Las variaciones de existencias, la no contabilización de provisiones o una información insuficiente en la memoria de las cuentas son otras irregularidades comunes, expone Rejón, que acarrean consecuencias legales: “por ejemplo, pueden hacer declarar culpable un concurso de acreedores, y afectar al administrador de la empresa, al igual que en casos de compañías que se demuestran descapitalizadas o en inspecciones de Hacienda”. Las estimaciones de amortizaciones, del valor de las provisiones, correcciones por deterioro, o amortizaciones del pasivo son aspectos que, por su propia naturaleza, son más manipulables, aunque dentro de la legalidad. “Mientras la legislación lo permita, muchas empresas seguirán recurriendo a ello. Eso sí, las grandes empresas siempre estarán más vigiladas por terceros: inversores, reguladores...” Para Valentín Pich, “hay que pulir lo que tenemos, no enredar con la norma, y pedir un plus de exigencia. España no es un cachondeo”.