La hora de la austeridad y el estímulo
A pocos días de que el Consejo de Ministros apruebe las líneas generales de los presupuestos de 2015, el Gobierno da los últimos toques a un texto cuyo principio vertebrador seguirá siendo, un año más, la contención del gasto. Entre las previsiones del Ejecutivo, figura volver a congelar el salario de los 2,5 millones de empleados públicos que existen en España, una decisión que se apoya en una previsión del IPC para el próximo año que el Gobierno sitúa en el entorno del 0%. A esa decisión, se sumará previsiblemente la subida del 0,25% –el mínimo que exige la ley– a ocho millones de pensionistas y un ahorro de alrededor de 5.000 millones de euros en el gasto en prestaciones y subsidios de desempleo, que ha comenzado a decrecer por la evolución positiva del mercado trabajo y por el propio agotamiento del ciclo de prestaciones.
De mantenerse estas previsiones, estaríamos ante unas cuentas públicas de perfil continuista en su contención y austeridad, lo cual no puede resultar una sorpresa dado que España sigue inmersa en el proceso de ajuste fiscal impuesto por el Pacto de Estabilidad de la zona euro. Es evidente que la decisión de volver a congelar los sueldos de los empleados públicos no resultará fácil de explicar en términos de lógica política o electoral, al afectar a un colectivo numeroso que en los últimos años se ha visto castigado por la necesidad de reducir el gasto público. Pero sí puede y debe explicarse con claridad en términos de lógica económica, dadas las previsiones de inflación a la baja tanto en España como en el resto de la zona euro y el efecto que la reforma fiscal que está tramitando actualmente el Congreso tendrá en el bolsillo de buena parte de los contribuyentes.
Pese a ello, el Gobierno negocia con los sindicatos una fórmula para devolver a partir del próximo año a los empleados públicos la paga extra de Navidad, retirada en 2012, al tiempo que busca fórmulas para ampliar la tasa de reposición del empleo en las administraciones. Ambas decisiones harán crecer el capítulo de gasto dedicado a este colectivo, pese a la línea de contención en materia salarial.
La austeridad que exigirán las cuentas públicas en 2015 es, pese a todo, muy diferente a la que España ha tenido que adoptar en los últimos ejercicios, porque el escenario económico ha cambiado también sustancialmente. Al ahorro en salarios públicos y pensiones, hay que sumar el progresivo descenso del gasto en prestaciones por desempleo y el redimensionamiento de unos costes financieros que llegaron a ser un lastre casi insoportable para nuestra economía. Todo ello aporta un margen de maniobra presupuestaria que España debe comenzar a dedicar a la inversión pública en sectores productivos y a las políticas que estimulen el crecimiento. Una receta que era impensable hace dos años, pero que hoy es factible y necesaria.