Los funcionarios fijan su línea roja a los presupuestos: no a la congelación salarial

Después de la rebaja nominal de sueldo del 5% que decretó en 2010 el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero para todos los empleados del sector público y la congelación salarial establecida en el periodo 2011-2014, el sindicato mayoritario de la función pública, CSI-F, ha fijado la que será su línea roja en las negociaciones con el Gobierno de cara a los presupuestos para 2015. Sus reclamaciones tratarán de poner fin al deterioro en las condiciones laborales de los empleados públicos, cuyo poder adquisitivo se ha reducido de promedio un 30% desde 2010, y elevar la calidad de los servicios públicos, muy tocada desde que estalló la crisis.

"Nuestro objetivo es poner fin a la dinámica de la congelación salarial instalada en los últimos cuatro años. Es muy importante que el anteproyecto de ley no contemple congelación salarial, porque si el Gobierno vuelve a decretarla por quinto año consecutivo, ninguna administración ni organismo público podrá emprender una negociación de una posible subida retributiva a sus empleados, aunque sus cuentas públicas sí se lo permitan", ha explicado hoy el presidente de CSI-F, Miguel Borra.

Así,  el dirigente del sindicato ha admitido que estarían dispuestos a aceptar el establecimiento de horquillas de incrementos salariales que estuvieran vinculados a la situación financiera de cada administración pública, "pese al arduo trabajo que eso representa a estas alturas del año y cuando faltan muy pocos días para remitir las cuentas al Congreso", ha añadido Borra.

Respecto a la devolución de la paga extra, el dirigente de CSI-F ha explicado que espera que los 44 días devengados, reclamación que están ganando todos los trabajadores en los tribunales, se devuelvan ya durante el primer trimestre de 2015. Sobre cuándo se reintegraría el resto de la paga extra, el sindicato de funcionarios está dispuesto a fijar un calendario.

Otro de los asuntos que será capital en la negociación con el Ministerio de Hacienda es la oferta pública de empleo. Borra ha insistido acerca de la conveniencia de ampliar la tasa de reposición, actualmente fijada en "hasta" un 10% de las bajas que se producen. "En primer lugar, nosotros vamos a pedir que se destierre esa palabra de hasta y que se realice un plan de recursos humanos en condiciones porque hay muchos organismos y departamentos que se encuentran al lmímite". "Nuestra máxima es ni un solo funcionario de más, pero ni uno solo de menos", ha añadido.

Sobre este asunto, los cálculos de CSI-F estiman que a partir de 2020 puede producirse un serio problema, dada la edad media de buena parte de la plantilla de las Administraciones Públicas. Solo por jubilación y si no aumenta la tasa de reposición, el número de trabajadores podría disminuir en esa fecha más de un 30%. Asimismo, el sindicato tiene previsto solicitar una redefinición de qué se considera servicio público esencial.