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La idea es aprobar la ley en noviembre

Hacienda acelera la reforma fiscal para que se aplique en la nómina de enero

Las empresas necesitan tiempo para adaptar sus programas informáticos a las nueva tarifas La subida fiscal que entró en vigor en 2013 no se trasladó a las nóminas hasta febrero por falta de tiempo

El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro.
El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro.EFE

Las empresas son las encargadas de aplicar en las nóminas de sus empleados la rebaja fiscal del IRPF y los múltiples cambios incluidos en la reforma que actualmente se está tramitando en el Congreso. Las compañías ya han advertido que precisan de margen para adaptar sus sistemas informáticos a la nueva normativa y aplicar así ya desde enero las nuevas escalas de retenciones y las modificaciones introducidas en, por ejemplo, la reducción por rendimientos del trabajo.

La idea de Hacienda es ofrecer un plazo suficiente para que las compañías reflejen en la nómina de enero de sus trabajadores la rebaja fiscal que supondrá un incremento del sueldo neto mensual. Altos funcionarios del Ministerio de Hacienda ya han comunicado a organizaciones de asesores fiscales que la idea es aprobar en noviembre la reforma fiscal y con mínimos cambios. Es decir, las posibles modificaciones no afectarán a aspectos fundamentales como el número de tramos, los tipos impositivos, la reducción por rendimientos del trabajo o los mínimos personales. Estas son las principales variables que influyen a la hora de determinar el tipo de retención que sufren los asalariados en su nómina.

De hecho, cuando el actual Gobierno elevó en diciembre de 2012 el impuesto sobre la renta, no fue hasta febrero del año siguiente cuando la medida se reflejó en los salarios de los empleados. Entonces, el incremento fiscal que no se aplicó en enero por falta de tiempo se prorrateó durante los once meses siguientes. Hacienda no quiere que el trámite parlamentario se demore y se repita la misma situación, con el agravante de que, en este caso, el retraso perjudicaría al contribuyente.

Las retenciones que sufren los trabajadores representan un adelanto del pago del IRPF que se abona en junio y julio de cada año respecto a las ganancias del ejercicio anterior. Cuanto mayor es el porcentaje de retención, mayor es la probabilidad de que la declaración salga a devolver.

En cualquier caso, las empresas tienen la obligación de practicar adecuadamente la retención en la nómina de sus trabajadores. Si bien la Agencia Tributaria publica a principios de año una herramienta para calcular las nóminas, la mayoría de compañías utiliza programas informáticos para hallar el porcentaje de retención en función del sueldo y las características familiares del empleado.

A partir de 2015, el número de tramos del IRPF pasará de siete a cinco y el tipo mínimo se reducirá del 24,75% al 20%, mientras que el máximo, bajará del 52% al 47%. Un contribuyente que tiene un sueldo bruto de 25.000 euros paga hoy por IRPF 4.023 euros al año, una cifra que se reducirá hasta los 36.693,4 euros el próximo año. Ello implica un incremento del sueldo neto anual de 330 euros.

Si bien las comunidades tienen competencia para modificar los tipos, el cálculo de las retenciones se realiza sin tener en cuenta las legislaciones autonómicas. Ello facilita la gestión de las empresas, especialmente aquellas que tienen sedes en distintas comunidades.

La Ley General Tributaria, a fuego lento

La reforma fiscal que presentó el Gobierno en junio constaba de cuatro borradores de proyectos de ley que afectaban al IRPF, impuesto sobre sociedades, IVA y la Ley General Tributaria. Los tres primeros ya se encuentran en el Congreso y serán debatidos mañana en el Parlamento. En cambio, la reforma de la Ley General Tributaria sigue un proceso más lento y todavía no ha sido analizado por el Consejo de Ministros. Entre otras propuestas, el borrador contempla la publicación de una lista de morosos que mantienen una deuda con la Agencia Tributaria que supera el millón de euros. Se trata de una medida ejemplarizante que supondrá la publicación de los nombres y apellidos –o la denominación social en el caso de las empresas– de los grandes morosos con el fisco. De momento, Hacienda ya tiene detectados 2.000 contribuyentes que cumplen los requisitos para aparecer en esa lista.

Sin embargo, mientras el Ejecutivo tiene prisa por aprobar la reforma fiscal que afecta al IRPF, Sociedades e IVA, la reforma de la Ley General Tributaria no se aprobará previsiblemente hasta el próximo año. Hacienda, en este caso, se muestra más dispuesta a alcanzar grandes acuerdos con la oposición. De hecho, el ministro Cristóbal Montoro instó a los grupos parlamentarios a realizar propuestas para reforzar el control y la publicidad en casos de fraude y delito fiscal de personajes con responsabilidades públicas. El ministro de Hacienda realizó estas declaraciones durante su comparecencia en el Congreso a principios de mes, cuando cargó duramente contra el expresidente de la Generalitat de Cataluña, Jordi Pujol, por su reconocido fraude tributario.

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