Cuando la austeridad en las cuentas puede ser un castigo

El Ministerio de Hacienda exhibía con grandes alharacas la pasada semana el buen comportamiento de las cuentas públicas de los ayuntamientos para animar a las comunidades autónomas e incluso al propio Estado a seguir su ejemplo. La Administración local fue la única que cerró el pasado ejercicio con superávit público, lo que sin duda contribuyó a rozar el objetivo de déficit del 6,5% pactado con Bruselas. Además, la dieta de adelgazamiento de sus gastos y el incremento de sus ingresos, vía impuestos, les permitió cerrar el pasado ejercicio con unas cifras récord: apenas el 10,7% de los consistorios tuvo déficit y el importe del mismo fue de 179,9 millones, cuando tres años antes era de 3.161 millones.

Toda una hazaña que, sin embargo, se les puede volver en contra. En la última reunión de la Comisión Nacional de la Administración Local, el órgano de interlocución de los ayuntamientos con el Ministerio de Hacienda, Íñigo de la Serna, presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y alcalde de Santander, propuso a Hacienda la flexibilización de la regla que fija el techo de gasto (el límite máximo que les habilita Hacienda). “Reducir las rigideces que actualmente limitan el techo de gasto permitiría a los municipios disponer de mayores facilidades para impulsar la actividad económica y el empleo en sus territorios”, apuntó tras la reunión.

Tradicionalmente, el Ejecutivo aprueba los Presupuestos Generales del Estado y posteriormente negocia con los ayuntamientos y las comunidades el gasto máximo que se les permite a ambos, una vez analizadas sus cuentas. En el caso de los consistorios, la regla que se ha marcado hasta ahora era permitir un gasto similar al del presupuesto del año en vigor más un porcentaje que ronda el 1,5% más, según confirman fuentes municipales. El quid de la cuestión radica en que para el cálculo del techo de gasto se ha utilizado tradicionalmente el presupuesto ejecutado y no el inicial. La diferencia entre ambos, y más aún en un contexto de recesión económica, es que entre los cálculos que ponen los consistorios en sus estimaciones iniciales y lo que finalmente sale en las cuentas de Hacienda hay una merma muy importante provocada por la suspensión de muchas partidas de gasto, bien como consecuencia de la crisis, por la falta de recursos o por la necesidad de ahorrar.

Dicho de otra manera, que muchos de los municipios que han recortado con dureza su gasto para cuadrar sus cuentas pueden ver como la austeridad aplicada en los últimos ejercicios puede convertirse en un castigo, penalizando el ahorro logrado entre los presupuestos iniciales y los ejecutados.

La flexibilización del techo de gasto va a ser la gran pelea de cara a los Presupuestos, aunque fuentes municipales subrayan todas las medidas de ayuda que el Ejecutivo ha aprobado para dar oxígeno a los ayuntamientos. En primer lugar, Hacienda aprobó que aquellos con superávit y que no hayan sobrepasado los límites de deuda autorizados, podrán destinar sus excedentes presupuestarios a inversiones que tengan que ver con actuaciones sostenibles. En segundo lugar, amplió el plazo de amortización y el tipo de interés de los créditos suscritos por los municipios para acogerse al plan de pago a proveedores. Finalmente, el pasado sábado salió publicado en el BOE el decreto por el que otorgaba a los consistorios 120 meses adicionales para la devolución de las liquidaciones negativas de 2008 y 2009.