El Gobierno abre más parte del pastel de la formación a los centros privados

El Ministerio de Empleo lleva meses negociando con patronal y sindicatos un nuevo modelo de formación de los trabajadores, que tenga una financiación más transparente, que zanje los problemas de fraude que tiene el sistema actual.

Los negociadores ya llegaron a un acuerdo el 29 de julio y el nuevo modelo entrará en vigor en enero de 2015. Pero antes, el Gobierno aprobó ayer la última convocatoria de subvenciones públicas para dar cursos a los trabajadores, según el modelo aún vigente, que publicó el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Se trata por tanto de una convocatoria “de transición”, en la que el Ejecutivo amplía del actual 30% al 50% la parte de las ayudas a la que podrán acceder, además de las organizaciones patronales y sindicales, los centros privados de formación debidamente acreditados.

De esta forma, de los 138,9 millones de euros aprobados ayer para formar a trabajadores en 2014 a través de programas estatales, la mitad seguirán destinándose en exclusiva a organizaciones patronales y sindicales.La otra mitad se abrirá a la libre concurrencia (una especie de sistema de concursos públicos) y podrán optar a esta parte de la financiación tanto los agentes sociales como los centros del sector privado.

A partir del próximo año, cuando entrará en vigor el nuevo modelo, el 100% de esta partida presupuestaria estará abierto a la competencia. Aunque, dicho esto, se mantendrá una pequeña parte sin concretar para “acciones formativas dirigidas a cualificar a los representantes de patronal y sindicatos para la negociación colectiva.

Además, la patronal y los sindicatos no formarán parte del órgano colegiado que evaluará las solicitudes de estas ayudas. La instancia encargada de hacer esta evaluación estará formada por cinco funcionarios del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y presidido por el subdirector general de Políticas Activas que tendrá voto de calidad.

A la vista del informe de este órgano colegiado, la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo –en la que están el Gobierno, la patronal y los sindicatos– sí podrá hacer una propuesta de resolución provisional “debidamente motivada”. Acto seguido se abrirá un plazo para alegaciones y la Fundación emitirá su resolución definitiva a la dirección general del SEPE, que será quien adjudique definitivamente la subvención. Cuando la propuesta de financiación con estas ayudas públicas supere los 12 millones de euros deberá aprobarla el Consejo de Ministros.

Otra novedad de la convocatoria para 2014 será la limitación al 50% el pago anticipado de la financiación;e igualmente se topa al 50% la subcontratación. Los cursos de esta convocatoria podrán impartirse hasta el 31 de octubre de 2015. Y no podrán tener una duración inferior a 6 horas ni superior a 210 horas.

A los 138,9 millones de euros aprobados en la convocatoria publicada hoy en el BOE, el Gobierno sumará otros 41,3 millones de euros para formar a menores de 30 años. Esta parte adicional de la financiación estará también abierta en un 50% a la libre concurrencia. De esta forma, el monto total de las subenciones a las que optarán los centros privados, junto a patronal y sindicatos, en igualdad de condiciones ascenderá a 90,1 millones.

Más control de la Inspección

El Ministerio de Empleo anunció ayer su intención de crear una unidad especializada en el seguimiento y control de todas las actividades de formación. Esta unidad, que se enmarcará dentro de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, tendrá “capacidad efectiva de sanción”.

Por ello, los responsables de Empleo desarrollarán un régimen sancionador para las personas y entidades que incumplan la ley en materia de formación con dinero público. En concreto, entre las sanciones que barajan están la de prohibir volver a trabajar con la Administración Pública en el ámbito de la formación durante cinco años como mínimo.

Asimismo, prevén la creación de un buzón específico de denuncias de malas prácticas o irregularidades en materia de cursos formativos a trabajadores. Dicho buzón será similar al que ya existe en la web de Empleo para las supuestas ilegalidades que cometen las empresas en materia de contratación y cotización a la Seguridad Social.