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Propone la limitación de los privilegios que Correos tiene por ley

La CNMC pide al Estado no favorecer a Correos

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) pide introducir cambios en la contratación centralizada del servicio postal por parte de la Administración General del Estado, con el objetivo de evitar favorecer al operador dominante, Correos.

En una línea similar a la recomendación lanzada esta semana con respecto a las telecos, la CNMC indica en un informe sobre los pliegos y prescripciones técnicas del contrato de servicios postales que la situación actual se caracteriza porque Correos es la adjudicataria de la totalidad de contratos de los diferentes departamentos del Estado. Las únicas dos excepciones corresponden a la Agencia Tributaria (AEAT) y al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

Competencia propone, entre otras medidas, la limitación de los privilegios que Correos tiene por ley, dada su condición de operador responsable del servicio postal universal. Esto implica presunción de veracidad en la notificación de órganos administrativos, al considerar que esto le sitúa en “una posición de partida francamente ventajosa frente a sus competidores”, asegura la CNMC.

Con respecto a las condiciones de solvencia exigidas, el organismo que vela por la competencia recomienda que la red de oficinas de Correos sea accesible para el resto de operadores interesados en participar en el concurso o trocear los lotes en un ámbito inferior al estatal.

Según explica la CNMC, los pliegos incluyen dentro de los criterios de solvencia que el adjudicatario tenga oficinas en todas las capitales de provincia de España, algo transcendente para una concurrencia efectiva a la licitación.

Por otra parte, este organismo recomienda medidas para separar “claramente” las exigencias de solvencia económica y financiera con respecto a la técnica.

Asimismo, considera “excesiva por injustificada” la exigencia de tener experiencia en el ámbito territorial estatal, por lo que solicita eliminar este requisito, “pues constituye una restricción geográfica claramente anticompetitiva”, afirma la CNMC.

Además, el organismo asegura que se cuestiona la necesidad de un umbral mínimo en relación a criterios no evaluables.

El organismo valora la búsqueda de ahorros y eficiencia, pero advierte de que la contratación centralizada debe realizarse “sin menoscabar los principios garantes de una competencia efectiva”.

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