La deuda pública no descenderá al 60% del PIB hasta 2030

El papel lo aguanta todo. La Ley de Estabilidad Presupuestaria establece que la deuda pública española debe bajar al 60% del PIB en 2020, un objetivo que los analistas consideran irrealizable. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ya emitió una opinión en este sentido el pasado julio. Más recientemente, un informe firmado por el director de análisis económico del organismo, José Marín Arcas –que no necesariamente refleja la posición de la AIReF– señala que un plazo razonable para rebajar la deuda pública por debajo del 60% sería en torno al año 2030.

Los últimos datos del Banco de España reflejan que el nivel de pasivo alcanza ya 1.007.319 millones, el 98,2% del PIB. El porcentaje se situaba en torno al 36% en 2007. Iniciar la crisis económica con un nivel tan bajo de deuda es uno de los motivos que explica que España no haya sufrido un rescate como el de Grecia o Portugal. En cualquier caso, hoy todo apunta que el pasivo seguirá su tendencia al alza. El trabajo de Marín indica cómo deberían evolucionar las variables de gastos e ingresos públicos para que, en un escenario de un crecimiento del PIBdel 2%, una inflación del 1,8% y una tasa de interés del 4%, la deuda pública pudiera bajar al 60% del PIB. Se da por descontado que resulta inviable que se produzca en el año 2020. ¿Y en 2025? Acatando la regla incluida en la Ley de Estabilidad Presupuestaria que impide que el gasto público aumente por encima del PIBnominal, España debería registrar un superávit fiscal primario superior al 7% y un superávit total del 5%. Solo con estas condiciones resultaría factible que el pasivo cayera por debajo del 60% del PIB en 2025. “Es muy dudoso que este escenario pueda realizarse”, señala el informe. Hay que tener en cuenta que el superávit máximo que ha logrado España es del 2% del PIBen 2008. Y, en la etapa democrática, el sector público solo ha logrado gastar menos que lo ingresado en tres ejercicios. Teniendo esto cuenta, se entiende el escepticismo del autor.

Tampoco parece factible lograr que la deuda pública se reduzca en 2028 por debajo del 60% del PIB. Manteniendo un nivel de ingresos públicos en el 39% del PIB fijado en el programa de Estabilidad, España lograría un superávit inferior al 1% si respeta la regla de gasto. Con ello se podría lograr rebajar la deuda al 60% del PIB; sin embargo, sería necesario una reducción de 12 puntos del gasto sobre el PIB que, según el informe, “parece bastante difícil de conseguir”.

Marín propone flexibilizar la restricción actual de la Ley de Estabilidad Presupuestaria que establece que el gasto no financiero, sin contar los intereses de la deuda, debe aumentar por debajo del crecimiento del PIB nominal. Y esa norma debe cumplirse hasta que la deuda se sitúe en el 60% del PIB. El autor sostiene que la regla de gasto “podría circunscribirse a periodos en los que no haya superávit”. Ello permitiría que el endeudamiento público siguiera reduciéndose y a un ritmo razonable. Bajo esta perspectiva, Marín considera posible que el volumen cayera en 2030 por debajo del 60% del PIB. Para ello, se requeriría unos ingresos públicos constantes del 39% del PIB y aplicar una reducción inicial del gasto público que, a partir de 2018, podría volver a crecer lentamente.

Si la tasa de crecimiento en lugar del 2% que figura en el escenario base fuera del 3%, el objetivo del 60% podría cumplirse ya en 2027. Y en 2034 si la actividad creciera solo un 1%. Marín defiende que fijar un objetivo ambicioso de consolidación fiscal es el “mejor seguro” para evitar una crisis de deuda. Sin embargo, el límite del 60% para 2020 está totalmente fuera de la realidad y el sentido común.