La demolición de la ingeniería

Desde hace 10 años, la ingeniería española viene sufriendo un acoso por parte del ámbito de Economía, a consecuencia de una teórica sobrerregulación. Se nos tachaba de falta de competencia, obligándonos, por ejemplo, a suprimir las tarifas mínimas e incluso las de referencia por exigencia de Bruselas, aunque estas siguen operativas en Alemania y las suben para asegurar la calidad.

En los países centroeuropeos tienen un mecanismo de reconocimiento de firma y acreditación de gran prestigio, donde es necesario documentar una amplia experiencia tutelada por ingenieros con firma para poder presentar proyectos.

En España, para firmar basta con el título universitario, cosa que es muy difícil de explicar cuando se opera fuera de nuestras fronteras.

Pero a los ojos de nuestros gobernantes, los profesionales de la ingeniería estamos muy regulados y nos falta competencia, mientras que en Alemania es todo lo contrario. Este extremo de la deformación llegó a nuestra inclusión en la lista de profesiones sobrerreguladas, junto con los registradores y notarios.

Toda esta presión culminó en el año 2010 con un real decreto donde desaparecía el mecanismo de control del visado de proyectos en casi toda la ingeniería. La única sugerencia que nos admitieron fue la inclusión del seguro, que previamente estaba incluida en el visado.

La arquitectura, en cambio, sí mantuvo el visado. Desconocemos cuál puede ser la razón de que un edificio necesite visado y un puente no lo necesite, pero pudo ser que en una gran mayoría de las construcciones es el arquitecto y su seguro el que responde de los defectos de la obra, ante el cierre de muchas constructoras creadas para levantar un solo edificio.

En el caso de la ingeniería, se nos decía que las empresas son las garantes del producto y nosotros, unos empleados más, cosa que dista mucho de la realidad dentro y fuera de nuestras fronteras.

Por ejemplo, cuando se produce un accidente se llama a declarar a los ingenieros y el seguro de responsabilidad civil deja de protegerlos al dejar de pagar la póliza y tampoco los protege cuando se cambia de empresa. En el futuro, el juez se encontrará con que a lo mejor ni siquiera son ingenieros, dada la falta de mecanismos de control.

La filosofía reinante es que los colegios profesionales tienen todas las obligaciones, pero ningún derecho. Tenemos que mantener el visado y su seguro, por si alguien quiere visar. Lógicamente, cuando las compañías de seguros asignen una póliza muy cara a un recién acabado, para eso está el colegio. Cuando el profesional consiga una póliza más barata por su dilatada experiencia, lo hará por su cuenta.

Se trata por tanto de un modelo no sostenible que a la larga reducirá enormemente la competencia, impidiendo el ejercicio de la profesión a los jóvenes.

La Ley de Colegios y Servicios Profesionales en estudio debería resolver los problemas de la falta de seguridad debido a la supresión de un sistema sin dejar una alternativa válida. Pero esto no ha ocurrido y los mecanismos de control en un mundo global son mucho más necesarios que en un sistema autárquico.

Pero ahora nos encontramos con otro problema adicional.

La situación creada a los ingenieros españoles y a las empresas de ingeniería, por acción u omisión, como consecuencia del establecimiento en España del Espacio Europeo de Educación Superior (Plan Bolonia), es realmente incompresible y dolorosa.

El Gobierno anterior implantó en el año 2008 el Plan Bolonia y dejó en el aire a miles de ingenieros, arquitectos y licenciados que perdieron su reconocimiento internacional, y especialmente el europeo, por falta de una normativa oportuna, quedando desprovistas sus titulaciones de las equivalencias correspondientes para poder ejercer profesionalmente, bien individualmente o bien integrados en los equipos de las empresas españolas.

Resulta incomprensible una imprevisión de tal envergadura, sea por desconocimiento, por desidia o por falta de voluntad de resolver esta situación, como hizo Francia por decreto en 1999 en el caso de los ingenieros superiores.

Y resulta doloroso comprobar cómo la ingeniería española se ve marginada y expulsada de licitaciones internacionales por una cuestión burocrática, cuando sus ingenieros son valorados y reclamados en los países más avanzados del mundo y cuando ha sido un sector económico que no solo ha resistido la crisis, sino que ha conseguido una expansión internacional y una exportación de servicios desconocida hasta la fecha, en proyectos emblemáticos y punteros tecnológicamente.

Pero no es el único peligro que está sufriendo este sector. En ciertos ámbitos administrativos se ha implantado la idea de que todo el mundo vale para todo y que el mercado se ocupa de distinguir las capacidades de los profesionales para proporcionar los servicios que demandan los consumidores y usuarios, en la línea de devaluar el papel de los organismos de control, en el caso de la ingeniería, los colegios profesionales, a los que se acusa de restar competitividad a la actividad económica.

La suma de ambos efectos está teniendo un efecto demoledor sobre el crecimiento ordenado y sostenible de la ingeniería española, amenazada de descontrol, desregulación y competencia desleal; amenaza que se traslada a la seguridad y salud de los usuarios, consumidores, al medio ambiente y, en definitiva, a la sociedad, que ha sufrido como nunca una ausencia de control en el sector financiero, donde sí que se han reforzado, tras la crisis, las garantías que ahora se pretenden eliminar en el campo de las profesiones reguladas, como la ingeniería.

El Gobierno actual ha heredado esta situación, pero ya ha pasado tiempo más que suficiente para resolver la dañina e injusta situación que están sufriendo los titulados pre-Bolonia españoles. Por favor, imiten cuanto antes a los franceses.

Carlos del Alamo es presidente de la Unión Profesional de Colegios de la Ingeniería.

Manuel Moreu es presidente del Instituto de la Ingeniería de España