La necesaria transparencia y claridad

La transparencia y la claridad deben constituir una práctica habitual en el comportamiento de los agentes económicos en general y de las Administraciones públicas en particular, en cuanto que contribuyen a mejorar la información de los ciudadanos, derecho que resulta fundamental en el marco de una sociedad desarrollada. Su ausencia crea un caldo de cultivo que propicia la aparición de casos de corrupción y de fraude, conductas que se erigen hoy en día como la segunda preocupación de la población, detrás del paro, según el último barómetro del CIS. Esta percepción se ve corroborada por los datos del último informe anticorrupción de la Unión Europea, según el cual el 95% de los españoles considera que la corrupción está generalizada –siendo este uno de los porcentajes más elevados dentro de los 28 países de la UE–, aunque, sin embargo, solo un 2% de españoles asegura haber recibido propuestas en este sentido, frente al 4% de media en la Unión Europea.

Pero independientemente de que estas sensaciones se correspondan o no de manera exacta con la realidad, está claro que es lo que el ciudadano percibe lo que pone de manifiesto que estas malas prácticas minan los principios de nuestro modelo de sociedad y evidencian que la transparencia y la claridad han de configurarse como unos elementos indispensables para que la ciudadanía pueda conocer cómo se toman las decisiones que la afectan y cómo se manejan los fondos públicos. Pero el conocimiento de las actuaciones en el caso de las Administraciones públicas, al igual que cuando se trata de entidades privadas, debe venir acompañado de las mayores garantías de que la información es lo más correcta y fiable posible, y responde a los principios de eficiencia y eficacia.

Esta necesidad fue captada por el actual Gobierno, que la materializó en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, en la que se establecen una serie de principios éticos generales y también obligaciones concretas para los miembros del Gobierno y los altos cargos de la Administración general del Estado y de las entidades del sector público estatal. Esta norma –que debe valorarse positivamente– obliga a los responsables públicos a informar al ciudadano sobre a qué se aplican los fondos públicos, así como a dar a conocer los informes de fiscalización.

Se pone, por tanto, de manifiesto la conveniencia de un proceso de mayor control del sector público, basado en la transparencia y la comprensibilidad, que contribuya a cumplir los objetivos que se marca la ley, en el que entendemos que la colaboración entre este sector y el privado se hace imprescindible por una doble razón. Por una parte, por la falta de medios de la Administración y la mayor flexibilidad del sector privado para ajustarse a las necesidades tanto temporales como espaciales de cada momento y, por otra, porque es necesario que exista la mayor independencia posible entre quienes ejecutan las políticas de gastos y quienes realizan la labor de control, a través de auditorías financieras y de cumplimiento de legalidad, y de auditorías operativas, necesarias para medir el grado de la eficacia en la aplicación de programas y para realizar controles en materia de contrataciones públicas y de concesiones administrativas, así como con respecto al otorgamiento y/o recepción de subvenciones, entre otros.

Por otra parte, el tamaño del sector público sigue siendo indefinido y difuso, a pesar de los innumerables esfuerzos de racionalización acometidos, por lo que sería deseable trabajar en la realización de un registro centralizado de los entes que lo componen. Y aunque su número se haya visto reducido en los últimos años como consecuencia de la situación económica, es indudable que el control de todos ellos requiere de unos importantes recursos que la Administración, hoy por hoy, debe racionar.

Es fácil constatar que en el ámbito estatal el grado de control es alto, algo menor en el autonómico y muy débil en el local, de manera que existe un número elevado de ellos que se escapan a los controles mínimos deseables. En este sentido, podemos hablar de que en el ámbito estatal se pueden quedar fuera de control determinados consorcios, fondos sin personalidad jurídica y organismos autónomos. En las comunidades autónomas, muchas unidades de gestión de algunas áreas, además de algunas sociedades mercantiles, dándose la mayor carencia en fundaciones. Pero es en el ámbito local donde esta debilidad es de una magnitud realmente grave, tanto en ayuntamientos como en entidades de ámbito territorial inferior al municipio, mancomunidades, consorcios, organismos autónomos, empresas municipales y fundaciones.

Para modificar esta situación, en los últimos años se viene produciendo una importante colaboración entre el sector público y el privado que consideramos que es necesario incrementar en estos momentos y mejorar los marcos de actuación, para lo que sería recomendable una regulación específica y más amplia, que no solo contemple esa cooperación, sino que establezca los criterios exigibles a los auditores privados, la normativa a aplicar y un régimen de responsabilidades independientemente de la contractual. La colaboración público-privada en el control debe potenciarse regulando el control de calidad de estos trabajos, potenciando el diálogo, compartiendo formación y experiencias, haciendo trabajos conjuntos y desarrollando la normativa reguladora de estas actuaciones.

Contribuir a mejorar esta situación debe ser también un objetivo de las instituciones que tenemos encomendada la ordenación de la actividad de los profesionales que más pueden hacer en beneficio de la misma, a través de los mecanismos a nuestro alcance; máxime si tenemos en cuenta la labor de profilaxis que desempeñan dichos profesionales, que se configura como un valor estratégico para el entramado económico. Conseguir avanzar en materia de transparencia y comprensibilidad de las cuentas públicas es una obligación demandada de manera evidente por la sociedad, con la cual estamos comprometidos y a la que servimos, al tiempo que es un requisito exigible para apelar a la complicidad de la sociedad en unos momentos en que los recursos son escasos, las necesidades crecientes y donde una gestión eficiente es imprescindible.

Valentín Pich y Carlos Puig de Travy son miembros de la Corporación de Auditores del Consejo General de Economistas.