El Gobierno, abierto a pagar más a la banca por el rescate de autopistas

Hacienda, Fomento y la banca acercan posiciones en busca de una solución a la crisis de las autopistas. Fuentes cercanas a los contactos comentan que los acreedores están examinando la última mejora en el plan de nacionalización ofertado por el Gobierno, para volver a debatirlo mañana jueves en un nuevo encuentro. El ministerio de Cristóbal Montoro, comentan las mismas fuentes, está dispuesto a mejorar el bono con que se pagará la deuda que cuelga de las concesionarias: 2.250 millones, entre financiera (2.000 millones) y comercial (250 millones), tras una quita del 50%. Las empresas en riesgo de disolución son las operadoras de las radiales 3 y5 de Madrid, radial 2 y radial 4; la autopista M-12 o eje aeropuerto; la AP-41 entre Madrid y Toledo; la circunvalación de Alicante; la autopista Alicante-Cartagena (Ausur); la que une Cartagena con Vera (Aucosta), y la AP-36 que va de Ocaña a La Roda.

La oferta de partida contemplaba un rendimiento fijo anual del 1% para un bono a 30 años que se complementaría con un variable en función de la evolución del tráfico. Fomento apadrina el plan, pero ha sido en las cocinas de Hacienda donde se han puesto los ingredientes con el fin de evitar que esa cifra compute como deuda pública y que el propio rescate no sea entendido por la Comisión Europea como una ayuda de Estado. Tras las protestas de la banca por lo que entiende un bajo interés, el Gobierno ha reformulado su propuesta y ofrece ahora cerca del 2% fijo más el variable. Sus interlocutores han llegado a pedir un 4%.

La creación de la Empresa Nacional de Autopistas (ENA) quedaría, con toda probabilidad, para el próximo mes de septiembre. El complejo y largo proceso vuelve a tener marcado un hito ese mes, como es la junta de acreedores de la concesionaria Madrid-Levante (autopista AP-36). La reunión se celebrará el 19 de septiembre después de que la Abogacía del Estado consiguiera un aplazamiento la semana pasada en espera de que se firme el rescate.

En la junta de acreedores se iba a debatir un convenio por el que se pagan íntegros los 522 millones de deuda, pero en un plazo de 43 años. Ferrovial controla esa operadora, en la que la banca cobraría 487 millones del Estado –por la garantía que supone la Responsabilidad Patrimonial de la Administración en el contrato concesional– si no es aceptado el citado convenio y la concesionaria se ve abocada a la liquidación. De igual modo sucede en la práctica totalidad de las concesionarias: si no hay rescate muchas están amenazadas de muerte y la RPA suma 4.000 millones, de los que responde el Estado.

La fórmula de una Empresa Nacional de Autopistas 100% pública y dirigida por responsables de Fomento busca evitar esa circunstancia y dar salida a los accionistas de unas carreteras que han ido a la quiebra tanto por la caída del tráfico como por sobrecostes derivados de expropiaciones (con justiprecios en los tribunales) y obras inesperadas.

La banca nacional, con los seis grandes al frente, ha estado durante los últimos meses por la labor de facilitar el rescate aceptando la quita del 50% en la deuda financiera. La banca internacional, con un tercio de la deuda, ha visto con peores ojos ese descuento y el rendimiento ofertado por el Gobierno al citado bono.

De hecho, el Santander se erigió en líder de las más de 40 entidades afectadas y aceptó públicamente en marzo el salvavidas. Fue a través de unas declaraciones públicas del presidente, Emilio Botín. Por esas fechas también hubo una carta firmada por Matías Rodríguez Inciarte, vicepresidente del banco, remitida a Hacienda. El ejecutivo agradecía el esfuerzo al ministerio aunque la solución, según apuntaba, quedara lejos de las expectativas de los bancos. De forma paralela, otro de los responsables del Santander, Mariano Olmeda, experto en financiaciones estructuradas y créditos sindicados, se dirigía a sus colegas de Bankia, CaixaBank, Sabadell, Popular y BBVA, pidiendo el apoyo a la constitución de la Empresa Nacional de Autopistas. Desde el Santander se urgía entonces, y se sigue haciendo ahora, una rápida solución a la quiebra de autopistas para liberar de incertidumbre al sistema concesional y al marco de colaboración público-privada en el desarrollo de infraestructuras.

La ministra de Fomento, Ana Pastor, insistió ayer en que su departamento trabaja en un modelo para que el posible rescate de las concesionarias no cueste “ni un euro” a los ciudadanos. Realizó las declaraciones durante la puesta en servicio de los 13 kilómetros de la Ronda Exterior Este de Valladolid, lo que eludió la ministra es marcarse plazos.